Salvatore Mancuso quiere hablar. Ha mandado toda clase de mensajes. El último se lo dio a la senadora Piedad Córdoba y a Iván Cepeda, con quienes se entrevistó en una cárcel privada en Washington.

Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.

Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.

Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.

Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.

Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.

Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.

El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.

Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.

Watergate fue un chiste frente a lo que esta ocurriendo con el escándalo de las chuzadas del DAS. Colombia no deja de sorprenderse con cada revelación que se conoce de esta conspiración para perseguir a la Corte Suprema de Justicia, intimidar a la oposición, escuchar ilegalmente a los periodistas y tejer una patraña digna de una autocracia.

El DAS dejó de ser un instrumento de seguridad interna para convertirse en una amenaza a la democracia. En una vergüenza. Hoy no debe existir. Los paramilitares infiltraron esa institución y luego se la tomaron, con Jorge Noguera a la cabeza, denunciado por varios testigos como miembro activo de las AUC, quien le reportaba directamente a Jorge 40 y a otros jefes de esa organización terrorista.

También se sabe que allí se recolectaba información de inteligencia contra líderes sindicales, estudiantiles, políticos, que luego se le entregaban a los paramilitares para que los asesinaran. Como sucedió con el profesor Andreís, en Barranquilla.

Una aberración de tal naturaleza no se ha visto en ningún otro Estado. Algo peor que los falsos positivos, que mantienen alertado al mundo entero, en especial a la Corte Penal Internacional. Hace rato dije que lo que había pasado con la captura paramilitar del DAS es como si Al Qaeda se hubiera tomado la CIA. Solo que en Colombia no pasa nada porque el buen muchacho que era Noguera está bien apadrinado y hay quienes se atreven a defenderlo, sin pudor alguno, desde las páginas editoriales de El Tiempo.

La Fiscalía lo ha acusado de haber ordenado la muerte de cuatro personas, pero nadie tiene muchas esperanzas de que la ley lo castigue.

Pero la salida de Noguera del DAS no significó la depuración de esa entidad. Las mafias del paramilitarismo siguieron entronizadas allí como si nada. Comprando información, chuzando, intimidando. Ahora se sabe que las escuchas ilegales nunca han cesado y que posiblemente las órdenes de seguir a la Corte Suprema, surgieron en las oficinas de algunos asesores de la Casa de Nariño. Según se supo públicamente el Capitán Lagos, otrora Jefe de Contrainteligencia, así lo ha planteado ante la Fiscalía, que se apresta a incluirlo en el programa de protección de testigos.

En Perú las cosas terminaron mal para Fujimori cuando se supo que quien mandaba era Montesinos. En Colombia muchos queremos saber quién es el Montesinos criollo que esta detrás de esta estrategia macabra de terror desde una dependencia oficial.

Como si fuéramos enemigos, nuestras voces y nuestros pasos están siendo monitoreados clandestinamente. Me enteré por El Espectador que en el 2006 el DAS infiltró mi campaña presidencial. Nada raro que lo estén haciendo ahora que soy gobernador. Es claro que nadie estará seguro mientras el DAS exista.

Esa institución es un cadáver viviente. Un fantasma tenebroso. Sus recientes ex directivos deben ser juzgados, sancionados. Unos por incapaces, otros por traición a la patria. Por cómplices del paramilitarismo, por enemigos de la democracia. El DAS asusta. Hiede. Que lo sepulten.

Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.

Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.

En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.

El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.

Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.

Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.

En importantes declaraciones para El Nuevo Siglo, el exMinistro del Interior Humberto de La Calle Lombana dijo que “una nueva reelección genera unos desequilibrios importantes en el esquema constitucional del control de poderes”. Y agregó: “creo que lo que hay es que regresar a la no reelección o, incluso, al sistema de 1886 de la reelección alterna por una sola vez”.

El doctor De la Calle sabe muy bien lo que dice, como que fue pieza fundamental en la construcción de la Constitución Nacional en 1991. No lo manifiesta para hacer oposición al gobierno del Presidente Uribe, del que fue Ministro y Embajador, sino porque advierte que el llamado esquema de “pesos y contrapesos”, fundamental para que rija el sistema democrático, se concibió para períodos presidenciales de 4 años. Y cuando se hizo la reforma que permitió la reelección, no se modificaron los otros aspectos constitucionales que tienen que ver con el equilibrio de poderes.

Por eso piensa que debemos regresar a la no reelección, tema que se ha venido tratando más en los círculos académicos que en los espacios de la política.

Vale la pena reflexionar a fondo sobre el tema, e incluso llevarlo al Congreso de la República en un proyecto de Acto Legislativo que enriquecería el debate que se pretende dar a propósito del referendo reeleccionista. Sería provechoso para la democracia colombiana un análisis objetivo, desapasionado, tranquilo, que mas allá de la coyuntura electoral vislumbrara lo que la Nación requiere en esta materia.

Cualquier congresista puede presentar la propuesta, con infinidad de argumentos. Un liberal, respaldando la posición del Partido en la Constituyente, respetada por el Presidente de la época, doctor Cesar Gaviria Trujillo. O un Congresista del Polo Democrático. Incluso alguno de los importantes miembros de la coalición de gobierno que se están manifestando contra el referendo, pues de lo que se trata es de buscarle al país caminos apropiados de convivencia y democracia.

La propuesta podría incluir un aumento del período presidencial, por ejemplo a cinco años, sin reelección, claro, como algunos lo propusimos en la Constituyente. Sería para que la reforma operara hacia el futuro, a partir del nuevo Presidente electo en 2010, con lo que se daría respuesta a los que alegan que cuatro años son insuficientes para una gestión gubernamental seria y eficaz.

Los mismos cinco años se pueden aplicar a Gobernadores y Alcaldes, sin reelección, con los elegidos para comenzar a gobernar en 2012.

Con una reforma de esta naturaleza resultaría dable parafrasear la respuesta de don Miguel Antonio Caro, cuando le preguntaron por qué insistía en volver a los períodos presidenciales de cuatro años, después de que en la Constitución de 1886 los pusieron de seis años: Menos de cinco años es poco para cumplir una labor acertada; mas de cinco años, o el gobernante se cansa del pueblo, o el pueblo se cansa del gobernante.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

He dicho muchas veces que la política es impredecible. Estando ocupado en las tareas propias de la Gobernación de Santander, ni se me había ocurrido la posibilidad de aspirar nuevamente a la Presidencia de la República.

Pero sí lo han comenzado a pensar otras personas, con generosidad y confianza que abruman. En las últimas semanas he recibido visitas, llamadas telefónicas y mensajes electrónicos de amigos que me invitan a examinar esa posibilidad. Argumentos no han faltado para tratar de convencerme. Y me los han presentado con insistencia y convencimiento, hasta el punto de hacerme sonrojar por la exagerada amabilidad con la que se refieren a condiciones, calidades y ventajas de las que no soy consciente.

He entendido estas gratas expresiones como muestras de amistad, que agradezco. No puedo ser tan mentiroso como para decir que me han disgustado. A cualquiera le halaga que otras personas lo elogien y le pidan que asuma una actitud de representación política y ciudadana, sobre todo si es alguien dedicado de cuerpo y alma al servicio público. Soy un político y lo digo con alma y cerebro perfectamente sincronizados. No un político profesional, sino un profesional de la política, como en su momento lo dijera Jorge Eliecer Gaitán.

En su mayoría mis interlocutores al respecto son dirigentes o militantes de mi Partido, que he conocido a lo largo de una lucha de cuarenta años, durante los cuales he tenido victorias y derrotas, satisfacciones y amarguras, absolutamente siempre en las filas del Liberalismo. Gente buena, querida, combatiente, veteranos muchos, pero también jóvenes que me conocieron en la contienda electoral, en la academia, o en el ejercicio gubernamental.

Lo curioso del caso es que no han sido solo liberales. También conservadores, gente de la izquierda democrática, maestros, empresarios, luchadores sociales, sindicalistas, estudiantes. No han sido miles, pero da gusto saber que después de tantos desgastes, de tantas veces perseguir infructuosamente lo que en mi caso ha sido una quimera, haya tantos que aún me tienen cariño, confianza, solidaridad. ¡Qué emoción!

En circunstancias diferentes a las que tengo, seguramente lo hubiera pensado. Humanos somos, diría alguien, sujetos a tentaciones y ambiciones, tan explicables en el campo de la política. Pero en esta oportunidad no es posible, porque debo cumplir con responsabilidad el encargo que me confiaron mis paisanos.

Adquirí con Santander y los santandereanos un compromiso inclaudicable. Debo gobernar hasta el final del período y ejecutar plenamente el programa que ofrecí durante la campaña electoral, plasmado en un Plan de Desarrollo que fue escogido como el mejor de Colombia. Voy bien, pero tendré que ser cada día mejor, más eficaz, eficiente, útil, realizador. Y demostrar que los políticos somos serios, responsables, ejecutivos, honrados.

Mil gracias. La política es dura, difícil, a veces ingrata. Pero tiene satisfacciones. Seguiré en la política, claro, pero ahora tengo definida una responsabilidad en Santander. Y debo cumplirla. Además, sé que hay quienes pueden representar mis ideas, y triunfar, creyendo en la paz y ampliando la democracia.

Empezó en serio la campaña política. El año entrante tendremos elección de Congresistas y Presidente de la República. O Presidenta, pues varias mujeres han manifestado su intención de postularse, lo cual es una edificante manifestación de pluralismo. Con esta notable noticia, la consulta liberal, los planteamientos del Polo, la discusión interna en el Partido Conservador sobre si van o no con candidato propio, la incertidumbre sobre lo que hará Cambio Radical, la reciente postulación del Partido de la U y el referendo reeleccionista, comenzó el proceso electoral, que promete ser interesante.

Lo será en la medida en que se aprovechen las elecciones para debatir amplia y públicamente los temas que inciden en la vida de los colombianos: el acuerdo humanitario y la paz, la democracia, la crisis económica mundial, la economía, la recesión, el desempleo, la desigualdad y la pobreza, las relaciones internacionales, la justicia, la parapolítica, el TLC, la educación, en fin, los aspectos prioritarios de la múltiple agenda nacional.

Un proceso eleccionario es la gran oportunidad que tiene toda sociedad democrática para examinar de fondo en qué está, para donde va, cuáles son sus problemas agobiantes, cuales las soluciones, que perspectivas tiene en el futuro, cuales son los mejores caminos para crecer, progresar y lograr bienestar. Y quien o quienes, en la Presidencia y en el Congreso, representan posibilidades válidas de mejoramiento. Es la ocasión más apropiada para que los Partidos se consoliden y logren credibilidad, y sus líderes impacten a la comunidad con análisis y propuestas.

Un tema infaltable en la discusión debe ser el de la descentralización. En la Constituyente se debatió ampliamente al respecto. Conclusión general fue la de fortalecer lo local, dar solidez institucional a los departamentos, crear la posibilidad de tener regiones y provincias y brindarle al país un nuevo ordenamiento territorial. Se aprobó la elección de Gobernadores, se entregaron competencias y, entre varias importantes decisiones, se dispuso que las Entidades Territoriales tuvieran participación en los ingresos corrientes de la nación. Había buen ánimo y compromiso. Y Colombia alcanzó a ser señalado como un Estado descentralizado, ejemplo en América Latina.

Pero se perdieron el entusiasmo y el compromiso. Vivimos un proceso de recentralización, nada conveniente. Se recortaron las llamadas transferencias y cada día que pasa son menores las atribuciones de los gobiernos locales y seccionales, mayores los trámites ante el poder central, y el ámbito de las definiciones sobre aspectos muchos que debían asumirse en los territorios han vuelto a corresponder a la órbita de lo nacional.

Es hora de un debate a fondo sobre la descentralización. Ningún momento más apropiado que el de la política y las elecciones. Muchos creemos que es necesario corregir el rumbo en esta materia, partiendo de un examen sobre la forma como se han aplicado los mandatos constitucionales y estableciendo las conveniencias del momento. El mundo avanza hacía las autonomías y el federalismo. No vaya a ser que en este aspecto también nademos contra la corriente.

La elección de Alberto Fujimori como Presidente del Perú fue un verdadero palo. Ni siquiera su contrincante y virtual ganador, el famoso Vargas Llosa, había considerado esa posibilidad. Cuando días antes de la fecha electoral Fujimori comenzó a figurar en las encuestas con una importante intención de voto, el escritor ni se había percatado de su existencia.

De ahí en adelante todo fue color de rosas para el nuevo Mandatario. El pueblo lo rodeó con alegría y su lucha contra la guerrilla y el terrorismo fue acogida fervorosamente. Sendero Luminoso empezó a apagarse y sus máximos cabecillas fueron abatidos o encarcelados, entre ellos el denominado “Presidente Gonzalo”. Para lograr la pacificación apoyó sin vacilaciones las llamadas “rondas campesinas”, una especie de paramilitares que hacían “limpieza social” y apoyaban al gobierno con alborozo.

Fujimori rompió con el tradicionalismo político y abrió posibilidades a nuevas expresiones partidistas. Eliminó al Congreso de la República para instalar en las curules legislativas a sus seguidores y se enfrentó resueltamente a la Corte Suprema de Justicia, hasta que logró sustituirla. Con avasalladores procedimientos pudo ubicar en las responsabilidades más importantes del sector público a sus incondicionales. Su poder se hizo inmenso y nadie le ganaba en las encuestas de opinión.

Como su popularidad crecía cada día, hizo lo necesario para que se reformara la Constitución Nacional y poder aspirar a la reelección presidencial. Lo logró y el pueblo lo apoyó resueltamente, hasta el punto de ganar en primera vuelta. Reelegido, encontró la manera de interpretar a su favor una norma constitucional, para buscar por tercera vez la Presidencia. A pesar de que se dio en el país una gran discusión sobre la legalidad y la conveniencia de esta nueva aspiración, el pueblo lo eligió nuevamente. Todo indicaba que se perpetuaría en el poder.

Pero vino la destorcida. Se conocieron muchas equivocaciones en el mando, los errores gubernamentales fueron creciendo, se supo de arbitrariedades y de abusos, se descararon muchos de sus funcionarios corruptos, las quejas sobre violaciones a los derechos humanos trascendieron las fronteras peruanas, los opositores fueron perseguidos y gravadas sus conversaciones telefónicas y se descubrieron las perversidades de Montesinos, su fiel servidor en el servicio secreto, una especie de DAS de los peruanos.

Como el que la hace, la paga, Fujimori terminó escapándose de su País y renunciando a la Presidencia.

Hoy, el héroe de ayer está preso y acaba de ser condenado a 25 años de cárcel, convicto de abusos y de atropellos, de complicidades en asesinatos, de indeseables comportamientos. De santo en el cielo, pasó a ser villano en el infierno.

El poder público exige ponderación y respeto al ordenamiento jurídico. En una democracia “el fin no justifica los medios”. La denominada “razón de Estado” no tiene cabida en un Estado de Derecho. Y es cierto que “el poder absoluto, corrompe absolutamente”. Fujimori en la cárcel, reo de violaciones y de abusos, es motivo de tranquilidad para las democracias latinoamericanas.

El Presidente Uribe le propuso a las Farc iniciar en Semana Santa una tregua por cuatro meses, que permita el inicio de un nuevo proceso de paz. La noticia ha generado toda clase de reacciones, dado que el Gobierno ha preferido en los últimos seis años la mano dura de la seguridad democrática y no el corazón grande de la negociación. Lo dos mandatos del Presidente Uribe han sido una larga apuesta por la derrota militar y política de las Farc. La verdad es que se han logrado buenos resultados.

Nada se ha dejado al azar. El Gobierno ha sido reiterativo en su estrategia de guerra total contra las Farc. No en vano fue el principal aliado de George W. Bush en la cruzada mundial contra el terrorismo y su postura es vista por algunos estrategas militares como el paradigma de lo que se debe hacer con un país en épocas de guerra. Colombia y no Irak es el modelo a seguir que recomiendan los expertos en Afganistán.

La reciente propuesta del Presidente Uribe tiene que entenderse en el contexto de un nuevo escenario internacional marcado por el fin del discurso de lucha contra el terrorismo en los Estados Unidos, y una estrategia interna de acercamiento a las nuevas realidades políticas y paradigmas sociales. Si desde la Casa de Nariño se habla de paz es quizá porque se ha entendido que llegó el momento de cambiar de carril y hacer un giro hacia el centro.

Dados los antecedentes es bueno contextualizar el momento que vive Colombia, marcada por la crisis económica, la incertidumbre política, la zozobra ante el crecimiento de la inseguridad y el auge del narcotráfico. La paz siempre surge como una esperanza, un anhelo colectivo. Para el Ejecutivo hoy es más rentable, políticamente, hablar de tregua y diálogo que de guerra total, enemigos internos y terroristas. A muchos colombianos nos parece correcto el objetivo de la paz. La Iglesia Católica marcha en ese sentido.

Las Farc han sido refractarias a los llamados del Presidente Uribe. Los golpes militares del gobierno, sin embargo, duelen en la moral de las tropas revolucionarias, que soportan el embate oficial. Los jefes insurgentes no están dispuestos a negociar con Uribe sin haber alcanzado primero el Acuerdo Humanitario, que es un tema de honor del Secretariado General, mucho más después de la Operación Jaque.

Las Farc han optado por el diálogo epistolar con Colombianos por la Paz. Para ellas el modelo del Alto Comisionado para la Paz está agotado. Por eso han recrudecido sus operativos militares. No es derrotados como esperan llegar a una mesa de negociaciones.

Dada la magnitud del conflicto y sus altos costos para el país, bien harían las Farc en cogerle la caña al Presidente Uribe. Decretar una tregua unilateral, que debería dar paso a una agenda de cambios profundos en la manera como se entiende el conflicto armado. Necesitamos una tregua santa para salir de este víacrucis.

Oficialmente la guerra contra el terrorismo se volvió un término obsoleto en el lenguaje de Washington. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, acaba de hacer el anuncio oficial a diez mil pies de altura, mientras se desplazaba a La Haya.

Semejante noticia tiene enormes repercusiones internacionales y su coletazo se sentirá en Colombia, en donde la guerra contra el terrorismo ha marcado la agenda interna y externa durante los últimos años. No en vano, la seguridad democrática ha esculpido la política electoral y validado el cambio de uno que otro articulito de la Constitución.

Era hora de que el Presidente Obama diera ese enorme paso, previsible desde su triunfo en las urnas. Con la excusa de la guerra contra el terrorismo y de la mano de Bush, el mundo entró en la peor etapa de retroceso de las libertades democráticas. Los derechos individuales fueron reprimidos y un Estado, paranoico y retardatario se apoderó del destino de los ciudadanos.

Los atentados del 11 de septiembre sirvieron para derrumbar las Torres Gemelas en Nueva York, ante los ojos de los televidentes, pero también, para derribar cualquier dique que impedía que se entronizara una sociedad policiva que convertiría a todo ser humano en sospechoso.

El lenguaje de la guerra contra el terrorismo anuló las posibilidades del disenso. Y de la oposición. O se estaba con el Presidente y el Estado o se era amigo de los terroristas. No había espacio para controvertir, ni para pensar. Solo para obedecer. Cualquier persona que se atreviera a dudar de la validez de la guerra contra el terrorismo era un terrorista. Intelectuales, periodistas, sindicalistas, líderes de las minorías, políticos de izquierda, todos quedaron reducidos. Cada palabra podría ser empleada como cabeza de proceso criminal o de traición a la patria.

Gracias a Obama el mundo ha dado un radical giro. Pero las huellas de esa guerra contra el terrorismo, que llevaron a Bush a invadir con mentiras a Irak y a entronizar el poder de las grandes corporaciones, sigue produciendo asco. Y vergüenza a quienes sostuvieron ese régimen de mentiras y traición a la democracia, a la Constitución y al pueblo.

En Colombia se sentirá ese drástico y esperado cambio en la agenda mundial. Sus efectos hacen predecir menos dinero para el Plan Colombia. Y más recursos para luchar contra el hambre y el atraso. No hablar más de la guerra contra el terrorismo dará paso a una agenda más abierta a la integración, los consensos, el diálogo y la cooperación, con un sistema de Naciones Unidas revalidado y respetado.

Obama está pintando un nuevo mundo. Sus socios en nuestro continente son otros. La Casa Blanca es visitada hoy por quienes antes los halcones de Washington consideraban perfectos idiotas latinoamericanos. Y los aliados de antes esperan una tarjeta de invitación para recibir el nuevo manual del pacifismo y la solidaridad. Así es la real polítik.

Hay un ardid para descalificar a mucha gente por supuestos vínculos con DMG, la comercializadora que hizo de David Murcia un rey Midas que todo cuanto tocaba lo convertía en oro. Pero que luego de su frenética caída libre, tras su enfrentamiento con el Presidente Uribe, se convirtió en el anti Midas, que todo lo que toca lo desprestigia y enloda.

DMG fue la pirámide mágica que hizo millonarios a unos pocos y a 400 mil colombianos los convirtió en seres vergonzantes, que esconden sus relaciones con esa empresa y agachan la cabeza cuando se les pregunta si metieron sus ahorros, vendieron sus casas e hipotecaron su dignidad por ganarse unos intereses que nadie decente ha pagado. Ni siquiera en Macondo a Arquímedes se le hubiera ocurrido encontrar una mina de oro de esas proporciones.

DMG involucró a todos los sectores económicos, políticos y sociales del país. Gente de todos los estratos, ignorantes y doctos, pobres y ricos, honestos y narcos, cayeron en esa red de ambiciones desbordadas. Ellos creyeron hacer el negocio de su vida. Gente que ahora no sabe cómo levantarse de ese tremendo golpe que significó perderlo todo en un instante.

El país está viviendo hace tres meses una guerra de filtración de grabaciones, que muestran el alcance de DMG en su estrategia de corrupción y lavado de activos. Los tentáculos alcanzaron a un consejero presidencial, a prestigiosos periodistas, a alcaldes y gobernadores, a destacados funcionarios públicos.

Esas grabaciones indican que hace año y medio el Gobierno sabía que DMG era mucho más que una captadora de dinero. Pero no se hizo nada para detenerlos, ni se impidió que muchas personas vinculadas con ellos siguieran actuando y otras evitaran esas malas compañías. En las grabaciones se revelan cercanías hasta con los hombres del Presidente.

Fui de los primeros en denunciar, a través de esta columna, la presencia de DMG en un encuentro de alcaldes y gobernadores, convocada por la Esap y la Federación Colombiana de Municipios. Murcia colaboró en la financiación del evento y se reunió con muchos mandatarios. ¿Por qué los organismos de seguridad del Estado, que ya conocían el perfil de Murcia y sus negocios non santos, permitieron que este llegara tan lejos en su estrategia de comprometer la clase política? ¿Por qué ahora se ataca con tanta fiereza a los funcionarios que se involucraron con Murcia en ese evento? ¡Yo no, aclaro!

En los últimos días los Representantes de DMG han comenzado a distorsionar la verdad y a manchar la honra de bastante gente. Un tal Fidencio, no sé con qué oscuros intereses, ha tratado de enredarme, diciendo que DMG envió dineros a mi campaña a la gobernación. Agrega que nunca recibí esa plata, pero queda flotando la perversidad.

Por mi parte es una mentira. Un gran montaje. Una bellaquería. Con énfasis le digo a la gente de DMG: no tienen por qué meterse conmigo. Soy un hombre decente. ¡Respeten, carajo!

Esta semana se cumple un año mas de la Revolución de los Comuneros. Hace 228 años se desarrollaron los acontecimientos que ejecutaron Manuela Beltrán, Berbeo, Molina, Alcantuz y Galán, quien pasó a la historia como el máximo protagonista de esa epopeya de rebeldía y dignidad.

Aún se rememora con emoción ese acontecimiento que no ha tenido igual. En Santander lo sentimos en el alma y vivimos orgullosos de que en nuestra tierra se hubieran desarrollado tan épicas jornadas, que por mala fortuna no terminaron en la independencia que merecían los pueblos americanos. Pasarían casi tres décadas para que volvieran los amotinamientos y por fin llegara la libertad con Simón Bolívar.

La mala fe de los farsantes que representaban la corona y la felonía de los que se asustaron con la fuerza que tomó el reclamo de los indios y los mestizos que ellos mismos soliviantaron, produjeron las capitulaciones y la traición. La víctima propiciatoria fue el capitán José Antonio Galán.

Para horror de las actuales generaciones, recordemos los términos de la sentencia a muerte del Charaleño:

“Siendo, pues forzoso dar satisfacción al público, y usar de severidad, lavando con la sangre de los culpados los negros borrones de infidelidad con que han manchado el amor y ternura con que los fieles habitantes de este Reino gloriosamente se lisonjean de obedecer a su Soberano, condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel arrastrado, y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horcas, hasta que naturalmente muera, que ahorcado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas, (para lo cual se encenderá un hoguera delante del patíbulo),; su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la Plaza del Socorro; la izquierda en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por infame su descendencia; ocupados todos sus bienes y aplicados al Real fisco asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre y acabe con tal vil persona, tan detestable memoria sin que quede otra que del odio y espanto que inspira la fealdad del delito”.

Después de leer tamaña afrenta a la dignidad humana, ¿alguien se extraña de los horrores que hemos sufrido? Es de esa clase de antecedentes que provienen los asesinatos a mansalva, las masacres, las fosas comunes, los descuartizamientos con moto sierra, y todas las barbaridades que a diario lamentamos.

Que pocos avances se han alcanzado. Hemos fracasado defendiendo la libertad, asentando la democracia y protegiendo los derechos humanos. Hemos sido pequeños ante el reto de Galán: “En nombre de Dios, en nombre de mis mayores y de la libertad, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuera menester, sea”.

En el continente se está poniendo de moda la reelección indefinida. En eso anda el Presidente Chávez y lo mismo balbucean en Quito, La Paz y Managua. La moda la quieren imponer en Colombia quienes alegan que lo bueno debe perpetuarse. Y han comenzado por proponer la reelección indefinida del mandato de los alcaldes y gobernadores. Se especula sobre a donde se dirige esa iniciativa.

Como ex constituyente y Gobernador no estoy de acuerdo con ese proyecto, que ahora promueve el Gobierno Nacional y está en el paquete de sus iniciativas prioritarias en el Congreso. Seguramente algunos de mis colegas gobernadores o de mis amigos alcaldes estén emocionados con esa quimera. Me parece un tema inoportuno y un globo de ensayo.

Con el mayor respeto por el ministro Valencia Cossio, considero que ese tipo de iniciativas se convierten en un distractor y en un estímulo para generar avaricias electorales regionales, poner en riesgo el manejo de los dineros públicos y cerrarle el camino a los nuevos liderazgos.

Gobernar es un arte difícil en un país cruzado por tantos conflictos como la miseria, el hambre, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, el desempleo, el atraso en infraestructura, el sectarismo y la polarización política.

Pero sobre todo un agua de rosas para los grupos armados ilegales. Es una verdad de a puño que en múltiples lugares el dominio del paramilitarismo se sigue dando a plena luz del día, y que muchos dirigentes no parecen haber aprendido la lección de la parapolítica y siguen desde las cárceles y los cambuches buscando cómo mantener sus feudos electorales y el control del erario a punta de fusil, terror y chantajes.

Establecer la reelección indefinida en las regiones sería premiar a quienes hacen política con las armas en la mano y el dinero sucio en las tulas, y castigar a quienes creen en los relevos generacionales, en la democracia participativa y en la oposición democrática. Porque hay que decirlo con franqueza: un demócrata no se perpetúa en el poder, ni le cierra el camino a los que vienen detrás. Tampoco usa el Estado para convertirse en inmortal, ni cambia las leyes para posar de inamovible. Un verdadero demócrata no se las tira de Superman. Los demócratas apenas somos simples mortales, con una agenda y un tiempo fijo.

En plata blanca, la reelección indefinida propuesta por el ministro técnico sería un incentivo para perpetuar a quienes mantienen secuestrada la democracia en muchas zonas del país, porque el conflicto armado no ha terminado, ni los grupos armados de extrema izquierda o extrema derecha se han desmovilizado totalmente, por el contrario, como denunció desde su cárcel en Washington Jorge 40, se siguen reagrupando y continúan haciendo daño.

En estos tiempos de crisis económica y reavivamiento de los grupos paramilitares y estartazos de los guerrilleros, los problemas de los entes regiones se han multiplicado. Agregar el tema en cuestión es a todas luces inapropiado. Cualquier parecido con una republiqueta bananera sería pura coincidencia.

Colombia y Venezuela están de amores. Los presidentes de ambos países, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, se reunieron el sábado pasado en Cartagena, para sanar viejas heridas, darse un abrazo, echarse unos cuantos chistes y contarle al mundo que, como buenos hermanos, están de reconciliación. Atrás han quedado los portazos y las descalificaciones.

Es una buena noticia para ambas naciones, necesitadas hoy más que nunca de amistad y demostraciones prácticas de entendimiento. En momentos en que el mundo vive una de las épocas más turbulentas en el campo económico y los estragos están dejando sin puesto a millones de ciudadanos a lo largo del planeta, mal harían las dos naciones hermanas, hijas del genio de Bolívar, con una frontera común de más de dos mil kilómetros, con problemas comunes y muchas amenazas latentes, seguir enfrascados en una disputa que a todos afecta.

El nombramiento y próxima posesión de los embajadores en Caracas y Bogotá, es una muestra de que va en serio la reanudación, en los mejores términos, de esa maltrecha relación. Ambos diplomáticos tienen una excelente hoja de vida académica y profesional, son conocedores de las dinámicas comerciales y políticas bilaterales y tienen toda la confianza de sus presidentes. Su reto es hacer olvidar las épocas de enfrentamiento.

El presidente Chávez ratificó ante las cámaras que nunca ha apoyado, ni apoyará, a ningún movimiento subversivo en Colombia, así como su voluntad de contribuir a la paz en nuestro país. Es claro que así respondió a quienes malinterpretaron su colaboración con la liberación de los secuestrados por las FARC, con una alianza incondicional con esa guerrilla. Cosas de la coyuntura política y la polarización internacional que regía en los tiempos de Bush y crearon una imagen que Chávez está dispuesto a rectificar. Máxime cuando el presidente Obama se ha referido a él para rechazar esa supuesta cercanía con las Farc. Acercarse a Colombia y rechazar las Farc es la estrategia correcta.

El encuentro dejó claro que lo importante es blindarse mutuamente contra la turbulencia económica mundial. La apertura del mercado a los automóviles colombianos, los avances en el estudio de un acuerdo de complementación económica, son buenas noticias. Pero sobre todo, el distensionamiento político, que demuestra que la diplomacia siempre será mejor que las agresiones verbales.

Por supuesto, no deja de preocupar, que al contrario de Chávez, el Presidente Correa de Ecuador, insista en mantener cerrada la frontera. Su animadversión personal al Presidente Uribe, sumado a los errores de nuestra Cancillería y de uno que otro funcionario oficial, tienen trancado con doble cerrojo el camino de la integración.

Los afectados son los pueblos de los dos países, pero el fantasma de la muerte en territorio fronterizo de Raúl Reyes tiene más poder del que muchos creyeron. Se necesita más imaginación y muchos más esfuerzos. Unas son de sal y otras son de azúcar en las relaciones internacionales. Ecuador debería imitar a Chávez y comenzar a arreglar las cargas.