La historia de Colombia se partió en dos cuando el M-19 decidió tomarse el Palacio de Justicia con la intención de juzgar al Presidente Belisario Betancur y lo que recibió fue una respuesta descomunal de la Fuerza Pública. Lo que estaba planeado como un hecho mediático pleno de espectacularidad, terminó como la mayor derrota militar y política de esa guerrilla, pero también en un estigma para el gobierno y los militares, hoy encarcelados y juzgados por la Justicia.

El Holocausto del Palacio de Justicia es el acontecimiento más doloroso de nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX. Las imágenes de la sede de la justicia en llamas aún hacen estremecer al más fuerte y enlutan el alma de nuestra democracia. Sobre todo porque 25 años después nadie conoce la verdad de lo ocurrido. Solo se sabe que murieron fusiladas y calcinadas más de cien personas, fueron desaparecidos los once empleados de la cafetería y la Corte Suprema de Justicia fue arrasada por la intolerancia.

El Presidente Betancur ha guardado desde entonces un prudente y respetable silencio, que ha significado su retiro voluntario de la política partidista. En estos días nuevamente se han hecho toda clase de declaraciones con ocasión del 25 aniversario de esa tragedia. Se han pronunciado con especial acento altas dignidades de la justicia, para aclarar que el indulto otorgado al M-19 quedó sin validez jurídica, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual dictaminó que esa guerrilla cometió delitos de lesa humanidad.

Ante dicha situación hay que preguntarse si el país va a enterrar el proceso de paz con el M-19, que permitió la desmovilización de ese grupo y su reincorporación a la vida civil. Una iniciativa que jalonó procesos de paz con otras guerrillas y permitió la desmovilización de cerca de seis mil compatriotas, así como la convocatoria de la Constituyente de 1991, a la que con acierto se le denominó “el camino de la paz”.

Un proceso de reconciliación que permitió un nuevo pacto social y político, y la creación de una estructura constitucional para la participación, la inclusión social, la democracia, la solidaridad, la integración y el entendimiento.

El M-19 ha cumplido su palabra empeñada. Nunca ha renunciado a los acuerdos, por más alta que se haya puesto la marea política en su contra. Ni los asesinatos, desapariciones, atentados y amenazas a sus dirigentes, ni la persecución de sus liderazgos por parte de los intolerantes, los han hecho devolverse al monte. Siguen siendo ciudadanos que actúan en todos los escenarios políticos como gobernantes, directores de partidos, congresistas, defensores de derechos humanos. Personas que renunciaron para siempre a las armas para defender libremente sus ideas.

Juzgarlos como criminales de guerra por los dolorosos hechos de hace 25 años, en los que murieron todos los asaltantes, sería un error imperdonable contra quienes han honrado su palabra y compromiso con la paz. Hacerlo sería enterrar para siempre la posibilidad de la convivencia.

La decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de destituir e inhabilitar por 18 años al ex secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a tres ex subdirectores del DAS, es una demostración más del viejo adagio: la justicia cojea, pero llega. Y llegó disciplinariamente para demostrar que desde las altas esferas gubernamentales se expió y persiguió a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición, periodistas, congresistas y a muchos más.

El caso de las chuzadas del DAS es mil veces más grave que el escándalo del Watergate, que le costó el mandato al republicano Richard Nixón, solo que en Colombia hay sectores que le han querido bajar el perfil, hasta hacerlo aparecer como la conspiración de una escolta y una señora de los tintos de la Corte Suprema. ¡Qué ridículos!

Nada más alejado de la verdad que eso. Ya todo el país sabe que el DAS se convirtió en una policía política, corroída moralmente, que se dedicó no a perseguir delincuentes, sino a aliarse con ellos, como el caso de la infiltración del paramilitarismo en esa institución, dirigida, precisamente, por un amigo de las AUC: Jorge Noguera. Es como si a Bin Laden lo hubieran puesto a dirigir la CIA, ante los ojos y la complacencia de la Casa Blanca. Ese buen muchacho, que se defendió a capa y espada desde las instancias oficiales, resultó implicado en graves persecuciones, como lo han denunciado ampliamente los ex paramilitares en los procesos de justicia y paz, y su ex subalterno Rafael García.

El DAS hace rato ha debido acabarse. No solo porque sus últimos directores han apostado al juego sucio contra la democracia, acatando órdenes gubernamentales impropias, sino porque no tiene credibilidad alguna, se ha corrompido y no tiene razón de ser. Varios de esos directivos del DAS, y sus subalternos los jefes de inteligencia y contrainteligencia, son un peligro para la sociedad.

Son una amenaza para la democracia. Al igual quienes les dieron las órdenes de atacar a los que consideraban enemigos del régimen, entre los cuales se cuentan el Presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Gobierno, Germán Vargas Lleras; los gobernadores de Nariño y Santander; los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris, entre muchos. Por no hablar de los ex candidatos presidenciales Gustavo Petro y Lucho Garzón, además de las más importantes ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales. Piedad Córdoba también fue perseguida.

Lo que ha pasado en Colombia con el DAS en los últimos años es un hecho histórico grave, un atentado a nuestra dignidad como nación, a la institucionalidad y la democracia. ¿Los destituidos y sancionados funcionarios obedecían a mandos superiores? Tendrá la justicia que establecer a quiénes le reportaban sus torticeras actuaciones, y qué beneficios obtuvieron quienes ordenaron estos crímenes.

Las chuzadas nos duelen a los colombianos. Seguiremos atentos a que los ideólogos también paguen por sus pecados. ¡Justicia severa para los chuzadores!

Cuando el país no cesa de recibir noticias de los despachos judiciales y de los organismos de control por los desafueros cometidos en el fallido proceso de aprobación de la segunda reelección del ex Presidente Uribe, se ha vuelto a poner en la agenda pública el tema de la reelección de Alcaldes y Gobernadores. Un viejo anhelo que ha sido derrotado muchas veces en el Congreso de la República.

La reelección de las autoridades locales y regionales y del Primer Mandatario, fue uno de los temas tratados por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que la prohibió por el desbarajuste institucional que significaría, pero sobre todo porque rompería el sistema de pesos y contrapesos, pondría todo el poder estatal al servicio de una causa individual, significaría una enorme desigualdad para los partidos de oposición, y convertiría a Colombia en una republiqueta bananera.

Todo ello sucedió cuando la Corte Constitucional decidió darle vía libre, en 2006, a la primera reelección presidencial, sin conocer, por supuesto, todo el escándalo de la yidispolítica, que tiene en la cárcel a varios ex congresistas y significó la destitución del ex ministro Sabas Pretelt. Por ello, ya con razón se habla de la muerte de la reelección presidencial.

De haberse aprobado la segunda reelección, estaríamos transitando el camino incierto de la perpetuidad y la desinstitucionalización total, el enfrentamiento de las Cortes con el Ejecutivo, la interinidad en la Fiscalía, el agotamiento de la democracia, el fin de los pesos y contrapesos. La elección del presidente Santos ha demostrado que no era cierto que en Colombia no había quien reemplazara al Presidente Uribe, ni que sin él la nación se hundiría en el caos. Ha ocurrido exactamente todo lo contrario.

Santos ha logrado en tan solo una semana recomponer las relaciones con las Cortes, restablecer la diplomacia y espantar el fantasma de la guerra con Venezuela, nombrar un gabinete de unidad nacional y demostrar que aquí hay muchos liderazgos a la espera de una oportunidad para asumir el poder.

Ese es, precisamente, mi mayor argumento para estar en contra de la reelección. Hay que permitir que surjan nuevos gobernantes, que la política se renueve y que la democracia se oxigene. E impedir que el dinero del Estado y el poder político que este genera no se conviertan en motor de aspiraciones personalistas, que en muchos casos desprecian el espíritu de la Constitución.

Por lo que a mí respecta no voy a reelegirme como Gobernador de Santander. Le deseo suerte a quienes lo desean, pero no estoy seguro de que el Congreso apruebe el nuevo intento por pasar ese proyecto de ley, hundido antes, aún en circunstancia de enorme fervor reeleccionista. Hoy no veo razones de peso para creer que la reelección contribuya en la lucha contra la corrupción y la politiquería.

Hay que ampliar la democracia y fortalecer la participación ciudadana. Perpetuar en el poder a unos pocos es, además, un portazo a la paz.

EL presidente Barack Obama cumplió su promesa de campaña: retiró de Irak las tropas de ataque, luego de más de siete años de invasión para derrocar a Sadam Hussein, bajo la mentira de que tenía armas de destrucción masiva. El presidente Bush inspiró esa guerra en el marco de su política de lucha contra el terrorismo.

Obama fue elegido gracias a su promesa de acabar ese desastre. Dio marcha atrás a semejante error político y militar, y por supuesto económico, que aumentó el déficit de Estados Unidos, en plena crisis mundial. Esa aventura militar costó a los contribuyentes más de un billón de dólares. Y desmoronó la imagen interna y externa de Estados Unidos, esencialmente como una nación defensora de la libertad y los derechos humanos. Las imágenes de Abu Grahib aún son frescas en la memoria colectiva.

La invasión significó, además, la muerte de más de cuatro mil soldados norteamericanos, heridas a un número muchísimo mayor, la destrucción del aparato productivo iraquí, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, y la muerte de decenas de miles de ciudadanos de ese país, víctimas de bombardeos indiscriminados y actos demenciales de soldados que veían terroristas en todas partes.

Semejante caos sólo tiene dos calificativos: derrota y vergüenza. Derrota porque la superpotencia fue incapaz de doblegar a los guerrilleros de Al Qaeda, que son hoy más fuertes, y no pudo restablecer la calma y la seguridad en la zona, que es hoy más insegura.

Y vergüenza porque esa invasión fue un acto criminal contra un Estado soberano. Irak no es hoy una democracia, ni sus ciudadanos consideran a Estados Unidos sus liberadores.
Son muchas las lecciones que ha dejado Irak. La principal, que es imposible establecer la democracia apelando a la guerra y la destrucción de un pueblo. La segunda, que la paz no se gana a bala, por más poderoso que sea el agente externo.

Obama bautizó la operación de retiro de Irak con el sugestivo nombre de “Nuevo Amanecer”. Suena paradójico que así, precisamente, haya cerrado su discurso de posesión el presidente Santos. “En este nuevo amanecer tenemos la oportunidad histórica para transformar a Colombia”, dijo. El principal hecho para lograr ese objetivo, es la paz. Aprendiendo de las guerras fallidas, de los procesos esquivos, de los pueblos que conviven en armonía. Ahora que corren nuevos vientos democráticos en Colombia es mucho lo que tenemos que aprender de la confrontación iraquí.

Porque aquí también necesitamos un nuevo amanecer de la reconciliación, para que las guerrillas dejen de atravesarse al futuro de prosperidad y democracia que todos esperamos.

Las Farc y el Eln deberían escuchar al presidente Chávez, que les viene diciendo, de tiempo atrás, que la lucha armada no tiene posibilidades en Colombia. Pero sobre todo, deberían escuchar a los colombianos que no las queremos más en nuestro horizonte como actores de destrucción, sino como hombres y mujeres capaces de luchar por sus ideas sin la ayuda de un fusil. El nuevo amanecer los está esperando.

Colombia respira esperanza. La democracia esta robustecida y corren nuevos vientos de reconciliación interna e integración regional. El discurso de posesión del presidente Santos y los acontecimientos que se han desencadenado en sus primeros días de mandato, lo muestran como un líder capaz de cumplir sus propósitos de prosperidad democrática, fin de la polarización, consolidación de los partidos, solución del conflicto armado, seguridad urbana, desarrollo con equidad y respeto a las Cortes.

De nuevo Colombia y Venezuela han encendido las alarmas continentales ante la posibilidad de que se pase del conflicto diplomático al militar. Las amenazas de confrontación armada resuenan desde Caracas, mientras se activan todos los dispositivos regionales y multilaterales para impedir que en medio del fragor de las acusaciones mutuas a algún energúmeno se le ocurra encender la llama de la guerra.

En los últimos años los dos países no han podido hallar el camino del entendimiento. Como en los malos matrimonios, en esta relación no ha habido espacio para la luna de miel, sino para los malos entendidos y las recriminaciones permanentes. Una situación agravada por la enemistad personal de quienes han gobernado las dos naciones hermanas, dueños de ideologías y personalidades opuestas. Mientras Chávez se considera la reencarnación de Bolívar y el sucesor natural de Fidel Castro, el Presidente Uribe ha levantado la bandera de la seguridad democrática y la lucha antiterrorista y se ha aliado incondicionalmente con Estados Unidos.

Poco han podido hacer los demás gobernantes de la región para calmar esa relación fallida. Ni la OEA, ni Unasur y menos Naciones Unidas han sido capaces de recomponer una relación afectada por la desconfianza y la enemistad personal de los mandatarios. Son múltiples los epítetos y descalificaciones personales de lado y lado. La relación de Chávez y Uribe nunca fue buena. Y ya terminó así. La historia recordará esta época como un agujero negro en el que dos naciones hermanas decidieron darse la espalda y golpearse sin compasión afectando las economías, intereses y, en esencia, a sus pueblos.

La relación bilateral necesita volver al campo de la diplomacia. No es tiempo de guerras, sino de paz; no es época de cerrar fronteras, sino de abrirlas a los nuevos mercados; no estamos en la era del aislacionismo, sino de la integración vital. Nuestros países no pueden caer en la carrera armamentista cuando los índices de pobreza, desempleo y atraso son tan vergonzosos. Si compramos tanques de guerra y no tractores, tendremos un mañana de desesperanza y más miseria. Y si caemos en la provocación de la guerra, no habrá futuro.

Colombia y Venezuela se necesitan mutuamente y debemos trazar una política que permita restablecer la confianza, el diálogo y una agenda común. Sin ceder a ningún tipo de chantajes, ayudados por la comunidad internacional, asistidos por la buena fe y el espíritu bolivariano, los dos países podemos volver a los caminos del entendimiento.

Es mayúsculo el reto que tienen en sus manos el Presidente Santos y su equipo de gobierno: exaltar la diplomacia, abrir nuestra agenda internacional y mirar más allá de Estados Unidos; integrarnos a América Latina, Europa, África y Asia; atraer la inversión extranjera y conquistar nuevos mercados; diversificar nuestros aliados y aplicar la política del buen vecino, para que nadie sienta que somos una amenaza a su soberanía. Colombia nunca debe olvidar que somos hermanos siameses con Venezuela y estamos condenados a convivir en paz.

Habló el ex presidente Samper, fuerte y claro. “A mi me gusta hacer la política con nombres y apellidos”, dijo. Lo hizo el domingo en El Tiempo, con Yamid Amad.

Al presidente Uribe le reconoció éxitos en seguridad, reservándole a la historia el deber de juzgarlo por los costos pagados “en materia de derechos humanos, desinstitucionalización de la justicia o aislamiento regional”. Le cobró su cercanía con los Republicanos: ”¡Que tal el apoyo solitario que dio Colombia a la invasión a Iraq!” Y le achacó el fortalecimiento de una línea política derechista con “empresarios, obispos retardatarios, terratenientes y hasta parapolíticos”.

Del ex presidente Gaviria dijo que debe cerrarse “el capítulo del gavirismo” para “mirar hacia el futuro”.

De Mokus manifestó que “su elección como Presidente hubiera sido como dar un salto mortal de triple vuelta, sin red, al vacio”.

Peor le fue al Vicepresidente Santos: “Antes era un loquito divertido, pero ahora, anda de loco furioso, con una actitud paranoica, que no le conocíamos”.

A propósito de la agenda internacional recordó que andamos mal con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, Bolivia, Argentina y Brazil, porque “esta ha sido una de las épocas más siniestras de las relaciones exteriores”. Agregando que le parece “irresponsable la actitud del gobierno de mantener hasta el 7 de Agosto un enfrentamiento con Venezuela que nos está costando sudor, sangre y lágrimas”.

Sobre Monseñor Rubiano no pudo ser más cáustico: “Le confieso que en estos años de reinado de Monseñor Rubiano, siempre pensé como católico que si ese era el pastor del rebaño, mejor me quedaba con el lobo”.

No se escapó Ingrid: “Su actitud fue una bofetada al pueblo colombiano, que le expresó durante 8 años su solidaridad y que se la renovó cuando salió y se fue a declarar en Francia que esa era su patria. Fue mezquina”.

El doctor Samper está en el centro del ring, dispuesto a fajarse con todos los pesos pesados. Extrañamente faltó una de sus acostumbradas “caricias” al ex presidente Pastrana. Toca estar pendientes de las respuestas, sin duda fuertes, picantes, de interés. Intenso será el debate, que ojalá se vuelva una contradicción política positiva para el País, ahora que estrenaremos Congreso y Gobierno.

A propósito del doctor Santos, conociéndose que han tenido agudas discrepancias, el ex presidente fue cauto y atento: “Comenzó con pié derecho: cada ministro le dice algo a su sector y algo al país. Uribe lo debería dejar comenzar tranquilamente su gobierno sin ponerle más palos en la rueda”.

Vendrán diversas opiniones sobre las polémicas declaraciones. Unos las aplaudirán elogiando al ex mandatario; saldrán de nuevo a la palestra los antisamperistas rabiosos que conocemos. Pero digan lo que digan, lo cierto es que Samper sigue siendo un político activo, inteligente como pocos, beligerante e ingenioso, y uno de los pocos que mencionan las cosas por su nombre y con apellidos. Lo que es un gran mérito en este país de hipocresías y eufemismos.

El actual Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Rubén Salazar, acaba de ser designado por el Papa Benedicto XVI nuevo Arzobispo de Bogotá. Pronto será Cardenal.

Tendrá que lidiar el problema mayúsculo que afronta la Iglesia Católica sobre las acusaciones de pederastia que se vienen haciendo contra sacerdotes en diferentes países. Comenzaron en Colombia, situación difícil agravada por el caso del cura asesino. La grandeza de la Iglesia y la importancia de sus prelados prevalecerán sobre estos lamentables episodios.

Monseñor Salazar es persona prudente, sabia y diligente, a más de moderno y progresista. En la entrevista que concedió el pasado domingo a El Tiempo reconoce que la Iglesia es una Institución “pesada para moverse” y señala que “tiene que cambiar en metodología, en acción pastoral para responder a los desafíos de una realidad cambiante”.

Monseñor Salazar habló claro y bueno. Sin eufemismos. Con precisión, para que se le escuche, entienda y atienda. Sabiendo que su labor pastoral no puede radicarse exclusivamente en lo espiritual, reclama por el bienestar de sus ovejas en la tierra y sin artificios se refiere a principales asuntos temporales, a los de la política, a los del diario vivir, a los que tiene que afrontar el ciudadano de a pié, que conoce como nadie.

Por eso dice que tanto Chávez como Correa deben venir a la posesión del Presidente Santos, pues las relaciones con esos países “son absolutamente indispensables” y reclama “una verdadera cercanía y diálogo con el resto de América Latina”. Y explica: “Creo que llegó la hora de incorporar al país de nuevo al continente”.

También expresó: “En Colombia hay mucho que cambiar en este campo del respeto a los derechos humanos, al sindicalismo, a la clase obrera. Se han hecho esfuerzos grandes, pero no bastan. Es que el respeto a los derechos humanos no es solo respetarle la vida a una persona. Es también el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a tantas cosas que hacen digna la vida”.

Monseñor reconoce éxitos al Presidente Uribe en el crecimiento macroeconómico del país. “Pero cuando uno baja hacia la gente común y silvestre, se encuentra con que el país no solamente no ha avanzado sino que retrocedió. Uno ve que hay hambre, que hay más pobres, mas desplazados, que la pobreza ha adquirido nuevas y grandes dimensiones, que hay una indigencia muy grande en el país, que hay una marginación muy fuerte”.

Sobre el enfrentamiento del Presidente Uribe y las Cortes, manifestó: “Esas son situaciones totalmente anormales y absurdas”. Y agregó: “son situaciones extremas que no debieron presentarse”.

“Al que le caiga el guante, que se lo plante”, parece decir Monseñor Salazar, confiando en el Presidente Santos que “tiene un sentido de mayor crecimiento económico pero con desarrollo social”.

Tendrá la Iglesia Católica buenos años de vida, superadas las dificultades, para bien de los colombianos, de la paz, de la equidad. Llegarán bajo el liderazgo de Monseñor Salazar. Así sea.

Colombia vive uno de los procesos electorales más emocionantes de los últimos años. La decisión de la Corte Constitucional de impedir la segunda reelección presidencial abrió las compuertas a una campaña marcada por la masiva participación de los jóvenes y la clase media, quienes anhelan un nuevo rumbo para la nación.

Son muchos los retos que deberá enfrentar el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Uno es la necesidad de recomponer las relaciones internacionales con la región, hacer cierta la multilateralidad, la integración latinoamericana y la profesionalización de la Cancillería.

Luego de la muerte a Raúl Reyes, alrededor de Colombia se ha construido la percepción de que somos un problema regional. El principal reto es volver a generar confianza en el vecindario, y reactivar nuestros mercados y las agendas comunes. Se hace prioritario establecer una nueva agenda con Europa y Asia. Pero sobre todo con Estados Unidos.

El mandatario elegido tendrá que sintonizarse con Obama, sin renunciar a la integridad, la soberanía y nuestra libre autodeterminación. Atrás tiene que quedar el concepto de alineamiento carnal con la Casa Blanca. La era Bush es el pasado. Hay que entrar por la puerta grande a la era Obama.

Para ello es necesario superar otro de los grandes retos: la crisis humanitaria. Colombia no puede seguir siendo el campeón mundial en violación de derechos humanos. Sindicalistas, periodistas, líderes de oposición y dirigentes políticos asesinados; multiplicación de masacres, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes; casi cuatro millones de desplazados, miles de amenazados y exiliados. Las ONG estigmatizadas y perseguidas dan cuenta de un país cruzado por la guerra interna.

Negar el conflicto armado interno y seguir llamándolo de otra manera continuaría siendo inconveniente, al igual que llamar a los desplazados migrantes internos. Si Colombia no es capaz de llamar las cosas por su nombre y reconocerse como un país que necesita ayuda para ganar la paz, nunca saldremos del atolladero.

El otro reto es aceptar que existe un conflicto armado interno, que se debe superar logrando el imperio de la ley y el respeto a las instituciones, explorando al mismo tiempo el camino de la política, con ayuda internacional. Hay que acabar con el paramilitarismo y obligar a la guerrilla a negociar. Así como ampliar y hacer eficaz el proceso de Justicia y Paz y crear una Comisión de la Verdad.

Otros retos son la superación de la pobreza, garantizar el derecho a la salud, generar empleo, internacionalizar la economía, la reforma política, la reforma agraria, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, incluir la Policía en el ministerio del Interior y la creación de una nueva agencia de inteligencia.

Lo anterior no es desconocer méritos al Presidente Uribe. Los tiene, sin duda, y con justicia se le han venido reconociendo. Los errores y vacios son frecuentes en la difícil tarea de gobernar. Lo se en carne propia. Pero viene una nueva etapa y sería inapropiado no aprovecharla para corregir el rumbo.

No pasa un día sin que el país conozca nuevas revelaciones sobre la alianza siniestra que hicieron sectores corrompidos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares para asesinar a jóvenes de los sectores más empobrecidos de Colombia y presentarlos como guerrilleros o paramilitares caídos en combate.

Esos asesinatos extrajudiciales, que todos conocemos como falsos positivos, son una vergüenza nacional y un motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional, especialmente para las naciones en donde el respeto a los derechos humanos es el eje central de su sistema político y sus relaciones internacionales. Por ello, todo cuanto sucede con esa tragedia humanitaria es seguido por la Corte Penal Internacional, que está haciendo expedientes con los nombres de los oficiales, políticos y civiles que se vincularon a los carteles de asesinos conformados para depredar la vida de nuestros jóvenes. Para matar la democracia.

Más de dos mil de ellos fueron eliminados a sangre fría por quienes deberían protegerlos y garantizarles la vida. La mayoría hijos de familias sumidas en la pobreza, a quienes con falsas promesas se llevaron, a cambio de unas cuantas monedas, para ser ejecutados y cobrar recompensas, lograr ascensos y obtener permisos.

Los jefes paramilitares que están respondiendo por sus crímenes en tribunales de justicia y paz siguen revelando sus verdades. Y están confesando macabras alianzas con individuos de la Fuerza Pública para cometer crímenes de lesa humanidad. Tan solo esta semana, esos jefes aceptaron que en el Llano ejecutaron a más de 150 jóvenes que luego fueron presentados como triunfos de la lucha contra la delincuencia.

La Corte Penal está atenta para que la impunidad no gane esta batalla por la verdad. Tienen razón en su preocupación, dada la complejidad de este país, cruzado por un conflicto armado que parece interminable, en donde los jueces son asesinados por los sicarios. Y las bandas armadas no cesan en su empeño de apoderarse de la institucionalidad y arroparse con la impunidad.

Un país en donde el poder judicial ha sido amenazado por el DAS, es decir por el propio Estado, que ha seguido a los jueces, ha montado campañas de desprestigio en su contra y ha permitido que narcotraficantes se asocien con agentes oficiales para montar procesos contra las altas cortes. ¡Una afrenta a la democracia y a la ley!

La opinión pública reconoce el inmenso valor de los jueces. Y los apoya. Los rodea. Por eso, no se dejarán amedrentar por quienes los atacan, deslegitiman, desprestigian y amenazan para impedir que brille la justicia y paguen los actores e inspiradores de los falsos positivos.

Si en Colombia se castiga a los responsables de estos crímenes, no solo a los peones sino a los alfiles, y se llega hasta los niveles más altos de esas cadenas de mando que permitieron tales bochornosos hechos, podremos estar seguros de que la Corte Penal y la comunidad internacional estarán tranquilas. Y los familiares de las víctimas también.

La naturaleza se ha ensañado con el país más pobre de América. Haití fue sacudida por un terremoto que dejo más de cien mil muertos, tres millones de damnificados, el país destruido y más empobrecido. Arruinado. Sin futuro. El país quedó en manos de la solidaridad internacional y de su propia capacidad de convocar ayuda y reinventarse en medio del desastre.

Haití es sinónimo de miseria. Es un pueblo afrocaribeño, francoparlante, históricamente ligado a las dictaduras, la expoliación de su riqueza, la pobreza, el vudú. La inviabilidad como Estado. Y sin embargo, es un país que convoca las miradas del mundo por su atrayente cultura y su historia de héroes en la época de la independencia: el segundo país en alcanzar la independencia, el primero en ser gobernado por ex esclavos.

Ese pequeño país es hoy el infierno. Las imágenes de su destrucción sacuden hasta al más indolente. Miles de cadáveres apilados unos sobre otros, tirados en la calle en descomposición, fosas comunes en donde han enterrado a miles de personas. Hordas de hombres armados que luchan por un pedazo de pan, un poco de agua, pero también por saquear lo poco de valor que haya quedado entre las ruinas, incluso una bolsa de patatas, café, azúcar. Algo que llevar a la boca.

El terremoto de Haití ha convocado la solidaridad internacional, pero el mundo sabe que esa nación necesita mucho más que ayuda de emergencia y socorristas. Haití necesita ser refundada. Aprovechar el desastre de la naturaleza como una oportunidad divina para reinventarse. Para comenzar de nuevo y emerger de entre las ruinas como una nación viable, democrática, soberana, que atraiga el turismo, la inversión extranjera, las agencias de cooperación.

El Presidente Obama, el primer mandatario afroamericano en la historia de Estados Unidos, ha expresado su compromiso con la reconstrucción de Haití. Ha enviado soldados, portaviones, para garantizar el restablecimiento del orden. Pero se necesita mucho más. Se requiere el liderazgo de Naciones Unidas, un Fondo para la reconstrucción, fortalecer la débil democracia, y miles de millones de dólares para sembrar futuro.

El dolor de los haitianos es la vergüenza de América. Del mundo. Pero ese dolor hay que convertirlo en voluntad política para transformar lo que la naturaleza ha enterrado. Un fondo mundial para la reconstrucción no se puede quedar en simples promesas. Hay que dejar el armamentismo y la carrera veloz por la conquista militar del planeta, para conquistar la solidaridad, la justicia social, la equidad, la democracia en Haití.

Haití merece otra oportunidad. Obama puede pasar a la historia como el líder al que le importó más la seguridad humana en su patio trasero, que ganar las guerras pérdidas de Irak y Afganistán, en donde Estados Unidos ha invertido tanto presupuesto que podría haber construido una nación de rascacielos y no un infierno en el desierto. Ahora pude inventarse una nación afroantillana, de esclavos de la pobreza que se redime después de la catástrofe.

Mañana será Navidad. Y el mundo entrará por unos días en una de las épocas más hermosas del año. En medio de tantas tormentas, de tanta injusticia social y tantos retos para la humanidad, como la guerra y el cambio climático, estar en familia, con los seres que amamos y nos aman, nos permite recargar las baterías y tener confianza en el futuro.

Navidad para mí es una de las fechas más hermosas, porque siempre he estado en familia, con mi madre y mis hermanos, con Rosita, nuestros hijos y nietos. Y disfruto mucho las tradiciones colombianas, en medio de mis recuerdos de infancia con mi padre, cantando y riéndonos en casa.

Sé que no todos los colombianos tendrán las mismas oportunidades de estar en casa con los suyos. Ni de compartir el calor de un abrazo o recibir un regalo. Pienso en el dolor de los soldados y policías secuestrados por las Farc, algunos desde hace 12 años, quienes han permanecido atados a los árboles, víctimas de toda clase de vejámenes contra su dignidad, impotentes ante la adversidad, sin que nadie pueda encontrar la llave que les devuelva la vida.

Me duele el sufrimiento de sus familiares y me atormenta que sigan siendo el símbolo de la tragedia colombiana. Cómo no indignarse por cada día que ellos continúan pudriéndose en vida. Navidad para ellos, y para sus esposas, hijos, padres y hermanos, seguirá siendo una tristeza infinita y una soledad sin nombre.

El mejor regalo que podríamos tener en este fin de año sería alcanzar su liberación inmediata. Pero ese milagro no ha sucedido porque ni los tres Reyes Magos han podido conmover el corazón de quienes tienen las llaves de las cadenas que los atan a esa ignominia. De los plagiarios, que los convirtieron en un botín de guerra y luego en su peor derrota política; pero también de quienes han impedido que el profesor Moncayo se abrace con su hijo, secuestrado hace 12 años.

La Navidad tampoco será alegre para la familia del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, plagiado por las Farc en su propia casa.

Cada año, los colombianos pedimos que suceda la liberación de todos los secuestrados. Este año se logró el regreso de algunos, gracias a la gestión de Piedad Córdoba y a la acción de las Fuerzas Militares. Pero no es suficiente. No habrá Navidad feliz hasta que en Colombia desaparezca el secuestro, ningún niño se muera de hambre, regresen a sus casas los cuatro millones de desplazados víctimas de la guerra, estemos reconciliados con los países vecinos, tengamos un horizonte de convivencia y nos reconozcamos como una nación tolerante y democrática.

A mis amigos en toda Colombia les deseo una feliz Navidad. Los invito a luchar con fe y esperanza por un nuevo país. Con Rosita, nuestros hijos y nietos encenderemos mañana una vela y rezaremos una oración para que pronto hallemos la paz que nos merecemos.

Al finalizar las guerras es un imperativo histórico y moral conocer la verdad de lo que aconteció. Saber quiénes propiciaron el horror de las masacres, los crímenes de lesa humanidad, el destierro, el desplazamiento forzado, los fusilamientos y las desapariciones. Saber quiénes dieron las órdenes a los sicarios y dictaron las sentencias de muerte contra personas y comunidades enteras.

En Colombia no ha terminado el conflicto armado interno, pero la verdad da destellos de luz en medio del horror que producen las declaraciones de quienes perpetraron crímenes atroces ordenados por personas cuyos nombres aún desconocemos.

Paramilitares confesos que declaran en los procesos de Justicia y Paz, han relatado a cuentagotas o en chorros de verdades, la capacidad de daño que exhibieron en Urabá, Córdoba, Sucre, Norte de Santander o los Montes de María, por citar algunos lugares en donde las motosierras destrozaron el sueño de la democracia e impusieron la tiranía del narcotráfico y la barbarie, a plena luz del día y ante los ojos de todos.

Verdad, justicia y reparación son los ejes de cualquier proceso de reconciliación. Alcanzar esos objetivos es un largo y difícil camino mientras no se silencien los fusiles y se llegue a un nuevo pacto social. Colombia está intentando alcanzar justicia y reparación, tras el proceso con las AUC.
Pero no llega la verdad. No solo porque muchos de los comandantes paramilitares fueron extraditados y cuando hablan desde las prisiones de Estados Unidos no les creen, sino también porque quienes hablan son amenazados y sentenciados a muerte por sus enemigos incrustados en los poderes mafiosos, para silenciarlos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los paramilitares han reconocido ser los autores de más de 25 mil muertes.

Por todo eso, tiene razón la Corte Suprema de Justicia cuando señala la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, que nos revele todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que no se quiere dejar salir a flote luego del proceso con los paras. Las víctimas tienen derecho a la verdad, por la que ruegan todos los días. Pero también los demócratas, que pedimos castigo ejemplar para quienes propiciaron la debacle.

Sobre todo después de escuchar a personajes como alias Caracortada, a quien le ordenaron arrasar poblaciones enteras y le pusieron una cuota diaria de 20 asesinatos en los Montes de María. Tarea que cumplió sagradamente durante casi cuatro años. Cuando fue capturado ya ese grupo había matado a cerca de ocho mil personas en la zona. ¡Qué horror! Con la ayuda de agentes del Estado, de autoridades locales, policiales y militares, políticos y gamonales.La iniciativa de la Corte Suprema ha recibido el apoyo de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es hora de que el Estado, la Iglesia, el conjunto de la sociedad civil y los medios, iniciemos el debate. Todos tenemos una cita con la verdad.

El paramilitarismo es la peor amenaza a nuestra democracia. A pesar del proceso de paz que adelantó el Gobierno Nacional con esas fuerzas vinculadas al narcotráfico, que permitió la desmovilización de más de 35 mil hombres y el reconocimiento de más de 25 mil crímenes, sus tentáculos siguen extendiéndose por todo el territorio, generando masacres, desplazamiento, incertidumbre.

No hay un solo día en que los medios, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las ONG de derechos humanos, los dirigentes de oposición, no denuncien un acto de barbarie cometido por los nuevos grupos paramilitares, integrados por hombres y mujeres que responden a la lógica del terror de la población, el dominio territorial, la apropiación de los recursos del Estado, la toma del poder político.

Para desgracia de Colombia, la larga noche del paramilitarismo no terminó con la paz que firmaron Jorge 40, Mancuso, don Berna y otros criminales. Ellos dejaron intactas sus estructuras y pareciera como si solo hubieran entregado los uniformes, las armas inservibles y a 35 mil hombres y mujeres reclutados a última hora para la foto. Pero la verdad de sus delitos de lesa humanidad ha sido soltada a cuentagotas. Y aún así causa horror y avergüenza a la nación y al mundo. Con el agravante de que no dicen toda la verdad, por una parte, y por otra practican el procedimiento de “meter a todo el mundo” para agravar la situación y de esa manera alcanzar una impunidad general.

Falta mucho por decir, falta mucho por aclarar. No estando todos los que son, ni siendo todos los que están, falta conocer los nombres de quienes los financiaron, apoyaron y fueron determinadores de miles de delitos atroces. Se conoce apenas la punta del iceberg de que lo que ha significado el poder devastador del paramilitarismo en Colombia, que ha permeado a toda la sociedad y no ha dejado ninguna capa social sin corromper. La impunidad amenaza con envolver esos delitos. La Corte Penal Internacional tiene una enorme tarea por realizar.

El paramilitarismo sigue vivo. Ese monstruo de cien cabezas no ha muerto. Pareciera como si no existiera chalán capaz de dominar tal potro salvaje. Los nuevos líderes de esas agrupaciones ilegales han continuado su guerra contra la democracia amparados en el terror, aferrados al narcotráfico. Están fuertes como hace siete años, ejecutando los mismos actos criminales. Expandiendo sus negocios, cuidando sus plantaciones, dominando la política. Robándonos el futuro.

En el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Guaviare, Meta, Bolívar, Nariño, el Magdalena Medio, el occidente de Caldas y el oriente de Risaralda, la OEA denuncia el rebrote paramilitar. En el Chocó y Norte de Santander se denuncian reclutamientos masivos.

La seguridad democrática sigue en deuda en este campo. Colombia es un enorme laboratorio de guerra en donde la paz no se asoma. El futuro es incierto y no se ve la luz al otro lado del túnel. Y el país sigue diciendo en las encuestas que somos felices.

Los mercaderes de armas están de fiesta. El mundo se ha convertido en un inmenso supermercado de compra y venta de todo tipo de instrumentos de muerte. América Latina no es la excepción. Lo paradójico es que son los países pobres los que están sacando de la crisis económica a las potencias, al destinar sus menguados presupuestos a la compra de aparatos de destrucción que tal vez nunca se usen, pero que en los juegos de la piromanía regional constituyen enorme peligro.

Llegó la hora de la diplomacia. De congelar las chequeras, conectar el cerebro y escuchar las voces de quienes desde todos los lugares del continente clamamos por una América en paz.
Los medios de comunicación publican todos los días las nuevas compras del vecindario. Una larga lista de artefactos que van desde submarinos nucleares, misiles tierra aire y corbetas, hasta fusiles, radares y bases militares. Una oleada de compras y situaciones que generan cambios dramáticos en la geopolítica regional y encienden las alarmas.

Rusia, Francia, Israel, Estados Unidos, China. Todos en jolgorio con los ímpetus militaristas que se pasean por el continente. En aras de la disuasión, se está creando enorme confusión. El nuevo orden internacional que se está generando, tras el fin de la era neoconservadora de Bush, es cada día más caótico. Hemos pasado de la guerra contra el terrorismo, al terrorismo mediático de la guerra, que ya no es fría, sino que se vuelve caliente en las naciones con narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, pobres, lunáticos y sátrapas.

Un terrorismo que acaba con la confianza entre los pueblos, cierra los espacios a la diplomacia, legitima el uso de la fuerza e hipoteca el futuro de los pueblos. Los condena al miedo y la pobreza.
Lo que sucede en América Latina debe preocuparnos. Se acabó la tranquilidad. Los pueblos obligados por la historia a la unidad parecen condenados a la disolución. A la alineación con fuerzas que pregonan la ley del más fuerte. No hay razón para quedarnos quietos. Para no actuar. Lo que sucede más allá de nuestros límites debe ser tema central de la agenda pública.
Hay que detener el armamentismo en la región y levantar de una vez por todas las banderas de la reconciliación. Hay que superar el estado de desconfianza que siembran en el corazón de las naciones quienes necesitan países divididos, envilecidos por el odio y la desconfianza.

Expreso mi llamado a la diplomacia. Al diálogo. A que Colombia se siente en una mesa con Venezuela y Ecuador para superar los impases que han permitido que los mercaderes de la muerte se deshagan de sus saldos. Necesitamos desterrar del continente la palabra guerra. Los demócratas exigimos que se respete el mandato natural de la integración.

Es insólito que cuando todos creíamos que con Obama había llegado el tiempo de la paz, solo se hable de rearme y guerras inminentes. Absurdo. Parafraseando la conocida sentencia, toca decirles a los líderes del continente: es la paz, estúpidos.