Al finalizar las guerras es un imperativo histórico y moral conocer la verdad de lo que aconteció. Saber quiénes propiciaron el horror de las masacres, los crímenes de lesa humanidad, el destierro, el desplazamiento forzado, los fusilamientos y las desapariciones. Saber quiénes dieron las órdenes a los sicarios y dictaron las sentencias de muerte contra personas y comunidades enteras.
En Colombia no ha terminado el conflicto armado interno, pero la verdad da destellos de luz en medio del horror que producen las declaraciones de quienes perpetraron crímenes atroces ordenados por personas cuyos nombres aún desconocemos.
Paramilitares confesos que declaran en los procesos de Justicia y Paz, han relatado a cuentagotas o en chorros de verdades, la capacidad de daño que exhibieron en Urabá, Córdoba, Sucre, Norte de Santander o los Montes de María, por citar algunos lugares en donde las motosierras destrozaron el sueño de la democracia e impusieron la tiranía del narcotráfico y la barbarie, a plena luz del día y ante los ojos de todos.
Verdad, justicia y reparación son los ejes de cualquier proceso de reconciliación. Alcanzar esos objetivos es un largo y difícil camino mientras no se silencien los fusiles y se llegue a un nuevo pacto social. Colombia está intentando alcanzar justicia y reparación, tras el proceso con las AUC.
Pero no llega la verdad. No solo porque muchos de los comandantes paramilitares fueron extraditados y cuando hablan desde las prisiones de Estados Unidos no les creen, sino también porque quienes hablan son amenazados y sentenciados a muerte por sus enemigos incrustados en los poderes mafiosos, para silenciarlos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los paramilitares han reconocido ser los autores de más de 25 mil muertes.
Por todo eso, tiene razón la Corte Suprema de Justicia cuando señala la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, que nos revele todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que no se quiere dejar salir a flote luego del proceso con los paras. Las víctimas tienen derecho a la verdad, por la que ruegan todos los días. Pero también los demócratas, que pedimos castigo ejemplar para quienes propiciaron la debacle.
Sobre todo después de escuchar a personajes como alias Caracortada, a quien le ordenaron arrasar poblaciones enteras y le pusieron una cuota diaria de 20 asesinatos en los Montes de María. Tarea que cumplió sagradamente durante casi cuatro años. Cuando fue capturado ya ese grupo había matado a cerca de ocho mil personas en la zona. ¡Qué horror! Con la ayuda de agentes del Estado, de autoridades locales, policiales y militares, políticos y gamonales.La iniciativa de la Corte Suprema ha recibido el apoyo de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es hora de que el Estado, la Iglesia, el conjunto de la sociedad civil y los medios, iniciemos el debate. Todos tenemos una cita con la verdad.
El paramilitarismo es la peor amenaza a nuestra democracia. A pesar del proceso de paz que adelantó el Gobierno Nacional con esas fuerzas vinculadas al narcotráfico, que permitió la desmovilización de más de 35 mil hombres y el reconocimiento de más de 25 mil crímenes, sus tentáculos siguen extendiéndose por todo el territorio, generando masacres, desplazamiento, incertidumbre.
No hay un solo día en que los medios, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las ONG de derechos humanos, los dirigentes de oposición, no denuncien un acto de barbarie cometido por los nuevos grupos paramilitares, integrados por hombres y mujeres que responden a la lógica del terror de la población, el dominio territorial, la apropiación de los recursos del Estado, la toma del poder político.
Para desgracia de Colombia, la larga noche del paramilitarismo no terminó con la paz que firmaron Jorge 40, Mancuso, don Berna y otros criminales. Ellos dejaron intactas sus estructuras y pareciera como si solo hubieran entregado los uniformes, las armas inservibles y a 35 mil hombres y mujeres reclutados a última hora para la foto. Pero la verdad de sus delitos de lesa humanidad ha sido soltada a cuentagotas. Y aún así causa horror y avergüenza a la nación y al mundo. Con el agravante de que no dicen toda la verdad, por una parte, y por otra practican el procedimiento de “meter a todo el mundo” para agravar la situación y de esa manera alcanzar una impunidad general.
Falta mucho por decir, falta mucho por aclarar. No estando todos los que son, ni siendo todos los que están, falta conocer los nombres de quienes los financiaron, apoyaron y fueron determinadores de miles de delitos atroces. Se conoce apenas la punta del iceberg de que lo que ha significado el poder devastador del paramilitarismo en Colombia, que ha permeado a toda la sociedad y no ha dejado ninguna capa social sin corromper. La impunidad amenaza con envolver esos delitos. La Corte Penal Internacional tiene una enorme tarea por realizar.
El paramilitarismo sigue vivo. Ese monstruo de cien cabezas no ha muerto. Pareciera como si no existiera chalán capaz de dominar tal potro salvaje. Los nuevos líderes de esas agrupaciones ilegales han continuado su guerra contra la democracia amparados en el terror, aferrados al narcotráfico. Están fuertes como hace siete años, ejecutando los mismos actos criminales. Expandiendo sus negocios, cuidando sus plantaciones, dominando la política. Robándonos el futuro.
En el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Guaviare, Meta, Bolívar, Nariño, el Magdalena Medio, el occidente de Caldas y el oriente de Risaralda, la OEA denuncia el rebrote paramilitar. En el Chocó y Norte de Santander se denuncian reclutamientos masivos.
La seguridad democrática sigue en deuda en este campo. Colombia es un enorme laboratorio de guerra en donde la paz no se asoma. El futuro es incierto y no se ve la luz al otro lado del túnel. Y el país sigue diciendo en las encuestas que somos felices.
Los mercaderes de armas están de fiesta. El mundo se ha convertido en un inmenso supermercado de compra y venta de todo tipo de instrumentos de muerte. América Latina no es la excepción. Lo paradójico es que son los países pobres los que están sacando de la crisis económica a las potencias, al destinar sus menguados presupuestos a la compra de aparatos de destrucción que tal vez nunca se usen, pero que en los juegos de la piromanía regional constituyen enorme peligro.
Llegó la hora de la diplomacia. De congelar las chequeras, conectar el cerebro y escuchar las voces de quienes desde todos los lugares del continente clamamos por una América en paz.
Los medios de comunicación publican todos los días las nuevas compras del vecindario. Una larga lista de artefactos que van desde submarinos nucleares, misiles tierra aire y corbetas, hasta fusiles, radares y bases militares. Una oleada de compras y situaciones que generan cambios dramáticos en la geopolítica regional y encienden las alarmas.
Rusia, Francia, Israel, Estados Unidos, China. Todos en jolgorio con los ímpetus militaristas que se pasean por el continente. En aras de la disuasión, se está creando enorme confusión. El nuevo orden internacional que se está generando, tras el fin de la era neoconservadora de Bush, es cada día más caótico. Hemos pasado de la guerra contra el terrorismo, al terrorismo mediático de la guerra, que ya no es fría, sino que se vuelve caliente en las naciones con narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, pobres, lunáticos y sátrapas.
Un terrorismo que acaba con la confianza entre los pueblos, cierra los espacios a la diplomacia, legitima el uso de la fuerza e hipoteca el futuro de los pueblos. Los condena al miedo y la pobreza.
Lo que sucede en América Latina debe preocuparnos. Se acabó la tranquilidad. Los pueblos obligados por la historia a la unidad parecen condenados a la disolución. A la alineación con fuerzas que pregonan la ley del más fuerte. No hay razón para quedarnos quietos. Para no actuar. Lo que sucede más allá de nuestros límites debe ser tema central de la agenda pública.
Hay que detener el armamentismo en la región y levantar de una vez por todas las banderas de la reconciliación. Hay que superar el estado de desconfianza que siembran en el corazón de las naciones quienes necesitan países divididos, envilecidos por el odio y la desconfianza.
Expreso mi llamado a la diplomacia. Al diálogo. A que Colombia se siente en una mesa con Venezuela y Ecuador para superar los impases que han permitido que los mercaderes de la muerte se deshagan de sus saldos. Necesitamos desterrar del continente la palabra guerra. Los demócratas exigimos que se respete el mandato natural de la integración.
Es insólito que cuando todos creíamos que con Obama había llegado el tiempo de la paz, solo se hable de rearme y guerras inminentes. Absurdo. Parafraseando la conocida sentencia, toca decirles a los líderes del continente: es la paz, estúpidos.
Demacrados, acabados, tristes. Desconsolados. Desesperanzados. Con el corazón en jaque y sin un espacio para soñar. Así se vieron las nuevas imágenes de los miembros de la Fuerza Pública en poder de las FARC, algunos desde hace 12 años. ¡Vergüenza para un Estado que se precia de seguro y democrático!
Colombia no puede seguir mirando hacia otro lado, como si el drama de los miembros del Ejército y la Policía en manos de la guerrilla no fuera un tema trascendental, que debería mover la solidaridad nacional e internacional y la decisión política del Gobierno para permitir su regreso.
Las declaraciones del General Luis Mendieta, lo dicen todo: “sigo sobreviviendo”. Un acto de heroísmo en medio de tanto desprecio por la vida y la dignidad. Pero también un mensaje a una nación engolosinada con los resultados de la Operación Jaque, que permitió el rescate de Ingrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y un grupo de uniformados.
Pero quienes siguen en la selva, pudriéndose en vida, con el alma rota y la dignidad pisoteada, cayeron en el olvido. A casi nadie le importa su suerte. Mientras tanto los secuestrados se hacen más viejos, más vulnerables, más perdidos en sus frustraciones. Y no somos capaces de romper las cadenas y devolverlos a la vida.
Hace bien Piedad Córdoba en mantener en alto, con tesón, la bandera de la liberación de esos compatriotas. A pesar de los desplantes, las malintencionadas críticas, las maniqueas caricaturas de su lucha por la paz, las acusaciones de guerrillera, es de las pocas personas que con valentía mantiene viva la consigna de la libertad de los plagiados.
Las nueve pruebas de supervivencia que ha logrado tienen que conmover al país y al mundo. Pero sobre todo a quienes tienen las llaves para su liberación. Ni la Iglesia, ni los países amigos, ni el Sagrado Corazón de Jesús, parecen poder revocar la orden de dejarlos podrir en la selva hasta que las FARC los liberen sin ninguna contraprestación, los rescaten a sangre y fuego o se mueran en el camino.
Lo que ha sucedido con esos compatriotas debe dolernos. Hemos sido incapaces de defender la honra, la vida y la libertad de quienes se jugaron todo por la democracia. Y con razón hoy se sienten abandonados a su suerte y traicionados por el Estado. Tiene razón el sargento Arbey Delgado en su reclamo al Gobierno Nacional. “¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos seres humanos? ¿Acaso somos animales?”.
Por desgracia, no hallará pronta respuesta. Porque mientras se crea en el rescate militar, será casi imposible el intercambio humanitario. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Porque este país esta embobados con la agenda del referendo, de espaldas a los grandes problemas con el vecindario y mirándose el ombligo como si este fuera el paraíso. Mientras en la selva los plagiados padecen el infierno. Regresarlos, liberarlos, devolverlos a sus familias, es una cuestión de solidaridad y dignidad nacional. ¿Es muy difícil entenderlo?
Colombia no puede seguir mirando hacia otro lado, como si el drama de los miembros del Ejército y la Policía en manos de la guerrilla no fuera un tema trascendental, que debería mover la solidaridad nacional e internacional y la decisión política del Gobierno para permitir su regreso.
Las declaraciones del General Luis Mendieta, lo dicen todo: “sigo sobreviviendo”. Un acto de heroísmo en medio de tanto desprecio por la vida y la dignidad. Pero también un mensaje a una nación engolosinada con los resultados de la Operación Jaque, que permitió el rescate de Ingrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y un grupo de uniformados.
Pero quienes siguen en la selva, pudriéndose en vida, con el alma rota y la dignidad pisoteada, cayeron en el olvido. A casi nadie le importa su suerte. Mientras tanto los secuestrados se hacen más viejos, más vulnerables, más perdidos en sus frustraciones. Y no somos capaces de romper las cadenas y devolverlos a la vida.
Hace bien Piedad Córdoba en mantener en alto, con tesón, la bandera de la liberación de esos compatriotas. A pesar de los desplantes, las malintencionadas críticas, las maniqueas caricaturas de su lucha por la paz, las acusaciones de guerrillera, es de las pocas personas que con valentía mantiene viva la consigna de la libertad de los plagiados.
Las nueve pruebas de supervivencia que ha logrado tienen que conmover al país y al mundo. Pero sobre todo a quienes tienen las llaves para su liberación. Ni la Iglesia, ni los países amigos, ni el Sagrado Corazón de Jesús, parecen poder revocar la orden de dejarlos podrir en la selva hasta que las FARC los liberen sin ninguna contraprestación, los rescaten a sangre y fuego o se mueran en el camino.
Lo que ha sucedido con esos compatriotas debe dolernos. Hemos sido incapaces de defender la honra, la vida y la libertad de quienes se jugaron todo por la democracia. Y con razón hoy se sienten abandonados a su suerte y traicionados por el Estado. Tiene razón el sargento Arbey Delgado en su reclamo al Gobierno Nacional. “¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos seres humanos? ¿Acaso somos animales?”.
Por desgracia, no hallará pronta respuesta. Porque mientras se crea en el rescate militar, será casi imposible el intercambio humanitario. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Porque este país esta embobados con la agenda del referendo, de espaldas a los grandes problemas con el vecindario y mirándose el ombligo como si este fuera el paraíso. Mientras en la selva los plagiados padecen el infierno. Regresarlos, liberarlos, devolverlos a sus familias, es una cuestión de solidaridad y dignidad nacional. ¿Es muy difícil entenderlo?
El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que permitirá el uso de siete bases militares al ejército más poderoso del mundo en la nación más estratégica del Continente, tiene con los pelos de punta a los líderes regionales y han convertido la próxima cumbre de Unasur en centro de la atención continental.
El acuerdo militar ha sido tema de debate global, no solo por tratarse de un instrumento en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino por sus implicaciones geoestratégicas y políticas, en un continente en donde Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sienten amenazada su seguridad.
La voz de los líderes regionales se ha hecho sentir para exigir claridad y transparencia sobre el tema, pero sobre todo garantías de que se respetarán sus fronteras y el acuerdo nunca se convertirá en un instrumento de expansión imperialista, ni en punta de lanza de futuros ataques contra las revoluciones socialistas y los movimientos políticos de izquierda de la región.
El acuerdo, según se ha conocido, se negoció en secreto por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Así que no se trata de un asunto de última hora, sino de algo que se encontró en el camino el Presidente Obama y ahora defiende con ahínco la secretaria Clinton. Pero que preocupa al presidente Lula, el líder pausado y sereno de Brasil y timonel de Unasur.
Brasil ha dicho que el acuerdo amenaza su seguridad nacional. Igual creen Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y son muchas las reservas de Argentina, Chile y México. Estamos asistiendo a un nuevo nivel de la cooperación colombo-americana y a una escalada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en tiempos en los que Obama ha dicho que habrá un nuevo concepto sobre el tema.
La cumbre de Unasur es el escenario ideal para esclarecer todas las dudas. Lula ha invitado a Obama a darle la cara a los latinoamericanos y ofrecer las explicaciones que hasta ahora se han negado, con el argumento de que es un asunto bilateral entre Bogotá y Washington. Unasur, con tan solo un año de creada, afronta su verdadera prueba de fuego. El presidente Uribe, poco dado a sentarse con sus similares a rendir cuentas, seguramente tendrá que poner el pecho.
En los actuales momentos la diplomacia colombiana necesita reestructurarse y mostrarse como una política autónoma y real. Porque hasta ahora parece un apéndice de los intereses del Departamento de Estado. No podemos dejar que prospere el criterio de que Colombia vive de espaldas a América Latina y de rodillas a los Estados Unidos.
Ir a Unasur a dar explicaciones y dar la cara será la mejor forma de demostrar que el acuerdo no es la apuesta máxima por la solución militar del conflicto armado interno, y un nó rotundo a la paz, la integración y la cooperación regional. Unasur es una oportunidad para retomar el camino de la diplomacia.
Estoy incondicionalmente con Colombia. Soy solidario con el Presidente Uribe en su defensa de los intereses nacionales y respeto su fuero en el manejo de la política internacional. Pero me resulta obligante hacer las siguientes reflexiones.
Nunca se había notado tanto la falta de una política exterior colombiana como ahora, cuando nuestros vecinos nos tiran la puerta en la cara y de poco sirven las giras del Presidente Uribe para explicar las razones que lo llevaron a permitir el uso de siete bases militares por parte de Estados Unidos.
Hoy parece realidad lo que de tiempo atrás se presagiaba: Colombia se convirtió en un vecino problemático, que amenaza la integración latinoamericana y la paz regional; un país que exporta sus problemas domésticos y convierte a sus principales aliados en enconados enemigos.
Durante años se promovió la integración latinoamericana, la apertura a nuevas naciones e incluso presidimos la organización de Países No Alienados. Pero en los últimos años, la única política exterior es la alianza total con Estados Unidos. Primero con Bush, en su cruzada antiterrorista, que convirtió a nuestro país en su socio predilecto, para el que siempre estaban las puertas abiertas y listo el tapete rojo. Y ahora con Obama, un Presidente que genera confianza e inquietudes.
Las cosas han cambiado. Si antes solo se trataba de unos contratistas que actuaban en algunas de nuestras bases, ahora un tratado permitirá que miles actúen en las tres cordilleras y los dos océanos. La paradoja es que con Obama es entrega total y un mensaje de provocación desde un país que tiene en el preámbulo de su Constitución la integración latinoamericana.
¿Por qué ese tratado no se negoció de cara al país, y no se ha presentado a consideración del Congreso de la República? ¿Por qué el Presidente no lo explicó con anticipación a sus colegas? ¿Por qué la Cancillería no dio la cara?
El vecindario está alarmado. Desde Caracas hasta la Patagonia se escuchan los reclamos. Y de urgencia se están convocando cumbres para sentar a Colombia, pedirle explicaciones y hacerle observaciones. Obama ha tratado de apagar el incendio. Pero es evidente que todo cuanto sucede corresponde a la improvisación de una Cancillería que no cita a la Comisión de Relaciones Exteriores, desconoce el Congreso y no sabe para dónde va.
Hace rato que los problemas domésticos de Colombia se convirtieron en asuntos globales. La guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común, el desplazamiento forzado, son temas que afectan al mundo. Y desde afuera se preguntan qué hacer para contener y protegerse de esos fenómenos. Colombia debería replantearse seriamente el papel que quiere jugar en el ajedrez internacional y pensar en las consecuencias de despreciar a sus vecinos.
Ecuador y Venezuela nos han cerrado sus mercados. Lo que significará más pobreza. ¿Podemos darnos esos lujos en medio de semejante crisis económica mundial? No es válido seguir cogiendo a patadas la lonchera. Lo sensato es rescatar la política y poner a actuar la diplomacia.
Comenzó una interesante polémica sobre el “Estado de Opinión”, planteamiento del Presidente Uribe para señalar que el querer del pueblo determina el compromiso del gobernante y la acción de las autoridades.
Se estima que es un ejemplar reconocimiento democrático al pueblo en el marco de la denominada “soberanía popular”, planteado por un gobernante que goza de amplios márgenes de confianza ciudadana. Pero han surgido las especulaciones y en estos momentos de tanta incertidumbre política y electoral es saludable que se aclaren las cosas para evitar más desajustes.
Amigos del gobierno aseguran que el Estado de Opinión es la sublimación de la democracia participativa, el cual permite gobernar por encima de la ley atendiendo solo los deseos de la ciudadanía, a la que se le debe tomar el pulso en encuestas y sondeos, en cartas y documentos con muchas firmas, en manifestaciones públicas, y en otras maneras que identifiquen una opinión colectiva.
Uno podría entender que son argumentos para discutir. ¿Se trata de volver a la época del ágora? ¿Para qué el Congreso? ¿Para qué las leyes, si se puede dirigir el país a golpes de opinión? ¿En qué queda la tesis según la cual una democracia exige para su funcionamiento reglas del juego claras, permanentes, estables, previamente establecidas, de general aceptación?
El asunto merece reflexión y amplias discusiones, lo que haría de este ejercicio una oportunidad para aclarar dudas, cubrir vacíos, hacer nuevas interpretaciones y fortalecer el sistema político. Lo pernicioso de las especulaciones que menciono tiene que ver con que se habla de aplicar ya, “aquí y ahora”, estos “novedosos” criterios, antes de que los colombianos nos vayamos por el despeñadero de la Constitución y el Estado de Derecho. ¡Que tal!
En ese sentido, hay que hacer encuestas y atender sus resultados como máxima orientación popular a los gobernantes. Para eso son las preguntas sobre favorabilidad e intención de voto, dicen. Y plantean que si aún se tienen arcaicos escrúpulos legalistas, para preguntar sobre la reelección no se requiere el referendo, hoy en estado de coma, sino acudir directamente al “constituyente primario” por medio de una Consulta, según el Art. 104 de la Constitución.
La norma dice: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.
Es el famoso Plan B, todo un “zelayaso” al mejor estilo constitucional.
A esta hora ya deben estar plenamente definidas las reglas para las elecciones del año entrante y no es procedente que tan mañosamente se pretenda lesionar el sistema electoral. No es posible que frente al fracaso del referendo se acuda a una norma creada para fines más altruistas. No es procedente, no es ético ni democrático, consultar un beneficio particular a favor del consultante. No fue esa la Constitución que se expidió en 1.991.
Muchos confiamos en que el Presidente Uribe no se dejará meter en semejante atropello.
Colombia es la casa del horror. En eso la han convertido en los últimos años los grupos paramilitares que fueron creados por una alianza siniestra de sectores políticos, narcotraficantes, militares, terratenientes, comerciantes y ganaderos con el objetivo de apropiarse del Estado, secuestrar la voluntad popular y demoler la democracia.
Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.
La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.
Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.
Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.
La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.
Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.
La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.
Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.
La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.
Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.
Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.
La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.
Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.
La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.
Los demócratas estamos celebrando los 18 años de la Constitución de 1991, que ha alcanzado su mayoría de edad. A pesar de las 28 enmiendas que se le han hecho y de los permanentes intentos por desmontarla y volver al viejo espíritu centralista de la Carta de 1886, la Constitución de la paz sigue vivita y coleando. Y esa es una buena noticia.
La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.
El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.
Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?
Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.
En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.
La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.
El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.
Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?
Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.
En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anda en campaña para revivir la inmunidad parlamentaria, una figura que la Constituyente de 1991 revocó para garantizar que en ningún caso los delitos cometidos por los congresistas gozaran de impunidad.
El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, llegó a la Cámara de Representantes, como una manera de blindarse de los muchos delitos que había cometido. Ya en el Congreso, con inmunidad, ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Como Representante a la Cámara, fui ponente del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar, cuya captura fue ordenada por un juez. Mientras se surtía el trámite de esa iniciativa tuvo el tiempo suficiente para burlar la acción de las autoridades, entrar a la clandestinidad e iniciar la peor campaña de terror contra Colombia, las instituciones y el conjunto de la nación.
Revivir la inmunidad parlamentaria es una provocación y una afrenta a las víctimas de la acción de los paramilitares, quienes hicieron causa común con algunos políticos, se tomaron el poder local y regional a sangre y fuego e impusieron un régimen de terror que les permitió quedarse con el 40 por ciento del Congreso, si no más.
Hoy muchos congresistas están siendo investigados por el escándalo de la parapolítica. Mancuso, Jorge 40, H.H, el Alemán, Don Berna, casi todos los jefes paramilitares extraditados han revelado esa alianza siniestra, que le costó la vida a miles de personas y permitió el ascenso de esa expresión criminal de extrema derecha y la consolidación de un Estado mafioso, que está siendo desmontado gracias a las valientes denuncias de Petro y la acción decidida de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué habría pasado en Colombia si existiera la inmunidad parlamentaria? Que quizá estaríamos convertidos en un verdadero estado paramilitar, una auténtica república bananera, gobernada por castas armadas, mafiosas y corrompidas, con derecho a disponer de la vida, honra y bienes de los más débiles, sin que nadie pudiera castigarlas. Un Estado, con cuatro millones de desplazados, dicen de nuestra tragedia.
Por eso, hablar de la inmunidad parlamentaria es una afrenta a quienes reclamamos justicia. A quienes creemos en la democracia y luchamos todos los días para mejorarla. A quienes creemos en el Estado de derecho y valoramos los logros de la Constitución de 1991.
Desmontar esa norma y volver a los viejos tiempos de Pablo Escobar, es darles a los delincuentes una razón más para sicariar a Colombia, para corromper aún más el Congreso y legitimar su desprecio por la ley y la vida. Para descomponer aún más la clase política.
Pero sobre todo, es un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en guardiana de la Constitución y la democracia. ¡ No a la impunidad parlamentaria !
El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, llegó a la Cámara de Representantes, como una manera de blindarse de los muchos delitos que había cometido. Ya en el Congreso, con inmunidad, ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Como Representante a la Cámara, fui ponente del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar, cuya captura fue ordenada por un juez. Mientras se surtía el trámite de esa iniciativa tuvo el tiempo suficiente para burlar la acción de las autoridades, entrar a la clandestinidad e iniciar la peor campaña de terror contra Colombia, las instituciones y el conjunto de la nación.
Revivir la inmunidad parlamentaria es una provocación y una afrenta a las víctimas de la acción de los paramilitares, quienes hicieron causa común con algunos políticos, se tomaron el poder local y regional a sangre y fuego e impusieron un régimen de terror que les permitió quedarse con el 40 por ciento del Congreso, si no más.
Hoy muchos congresistas están siendo investigados por el escándalo de la parapolítica. Mancuso, Jorge 40, H.H, el Alemán, Don Berna, casi todos los jefes paramilitares extraditados han revelado esa alianza siniestra, que le costó la vida a miles de personas y permitió el ascenso de esa expresión criminal de extrema derecha y la consolidación de un Estado mafioso, que está siendo desmontado gracias a las valientes denuncias de Petro y la acción decidida de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué habría pasado en Colombia si existiera la inmunidad parlamentaria? Que quizá estaríamos convertidos en un verdadero estado paramilitar, una auténtica república bananera, gobernada por castas armadas, mafiosas y corrompidas, con derecho a disponer de la vida, honra y bienes de los más débiles, sin que nadie pudiera castigarlas. Un Estado, con cuatro millones de desplazados, dicen de nuestra tragedia.
Por eso, hablar de la inmunidad parlamentaria es una afrenta a quienes reclamamos justicia. A quienes creemos en la democracia y luchamos todos los días para mejorarla. A quienes creemos en el Estado de derecho y valoramos los logros de la Constitución de 1991.
Desmontar esa norma y volver a los viejos tiempos de Pablo Escobar, es darles a los delincuentes una razón más para sicariar a Colombia, para corromper aún más el Congreso y legitimar su desprecio por la ley y la vida. Para descomponer aún más la clase política.
Pero sobre todo, es un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en guardiana de la Constitución y la democracia. ¡ No a la impunidad parlamentaria !
Plantear una nueva Constituyente cada vez que a alguien o a algún grupo se le ocurre que el Congreso no puede aprobarles las leyes que necesitan se ha vuelto una costumbre. Pero la verdad es que todo, menos una Constituyente, es lo que necesitamos hoy en Colombia, especialmente, si se trata de buscar un artículo que permita la reelección indefinida.
La idea surgió en los últimos días a raíz de las dificultades que han tenido los amigos del referendo para que se permita un tercer mandato presidencial consecutivo. La iniciativa no cayó bien en muchos sectores, especialmente en los versados en constitucionalismo, que entienden que se trata de un proceso largo y dispendioso que necesita mayor tiempo, múltiples consensos y un andamiaje financiero y político mayúsculo. Cosas que no se ven en el horizonte.
La Constituyente es un acuerdo social que permite construir nuevas reglas de juego democrático. No se convoca para favorecer a una sola persona o un sector político, económico, étnico, militar o irregular. Se trata de que todos los ciudadanos se sientan a gusto con las nuevas reglas, precisamente porque han estado presentes en cada uno de los pasos que han permitido ese escenario.
La Constituyente no es, ni puede ser, una imposición casuística, ni de los sectores más influyentes y poderosos, que buscan saltar los caminos normales para tramitar sus demandas específicas y sectoriales.
Cuando en Colombia se convocó la Constituyente de 1991, se vivía un fervor renovador de las costumbres políticas y un amplio sector de jóvenes universitarios quería participar y dejar huella. La Constitución de 1886 resultaba caduca. Pero sobre todo, el país se hallaba transitando el camino de la paz y la reconciliación, y participar en la Constituyente era una condición insalvable para firmar los acuerdos de paz y la desmovilización. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se acogieron a la institucionalidad gracias a ese acuerdo político. La Constituyente fue el camino de la paz.
Ese proceso fue histórico precisamente porque significó un amplio consenso nacional, en el que todos los sectores se vieron representados. Indígenas, negros, ex guerrilleros, estudiantes, sindicalistas, maestros, partidos políticos. Allí trabajamos cinco meses diseñando un nuevo país, con reglas de juego que permitieran soñar con la reconciliación, la equidad, la solidaridad, la participación ciudadana, la integración latinoamericana.
Si bien la Constitución de 1991 ha sido desmontada gradualmente, y sus enemigos han logrado avances, su espíritu sobrevive y sus guardianes no se rinden ante el poder intimidatorio de las encuestas, especialmente los miembros de las Altas Cortes, que han logrado mantener el Estado de derecho y sostener el andamiaje constitucional.
No creo oportuno pensar hoy en una nueva Constituyente. Resulta un exabrupto. Sobre todo si no hay en el horizonte un proceso de paz, ni un deseo popular de reformar las instituciones políticas o las relaciones de poder en el seno de nuestra sociedad. Es un mero embeleco en el que nuestra democracia no puede caer.
La idea surgió en los últimos días a raíz de las dificultades que han tenido los amigos del referendo para que se permita un tercer mandato presidencial consecutivo. La iniciativa no cayó bien en muchos sectores, especialmente en los versados en constitucionalismo, que entienden que se trata de un proceso largo y dispendioso que necesita mayor tiempo, múltiples consensos y un andamiaje financiero y político mayúsculo. Cosas que no se ven en el horizonte.
La Constituyente es un acuerdo social que permite construir nuevas reglas de juego democrático. No se convoca para favorecer a una sola persona o un sector político, económico, étnico, militar o irregular. Se trata de que todos los ciudadanos se sientan a gusto con las nuevas reglas, precisamente porque han estado presentes en cada uno de los pasos que han permitido ese escenario.
La Constituyente no es, ni puede ser, una imposición casuística, ni de los sectores más influyentes y poderosos, que buscan saltar los caminos normales para tramitar sus demandas específicas y sectoriales.
Cuando en Colombia se convocó la Constituyente de 1991, se vivía un fervor renovador de las costumbres políticas y un amplio sector de jóvenes universitarios quería participar y dejar huella. La Constitución de 1886 resultaba caduca. Pero sobre todo, el país se hallaba transitando el camino de la paz y la reconciliación, y participar en la Constituyente era una condición insalvable para firmar los acuerdos de paz y la desmovilización. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se acogieron a la institucionalidad gracias a ese acuerdo político. La Constituyente fue el camino de la paz.
Ese proceso fue histórico precisamente porque significó un amplio consenso nacional, en el que todos los sectores se vieron representados. Indígenas, negros, ex guerrilleros, estudiantes, sindicalistas, maestros, partidos políticos. Allí trabajamos cinco meses diseñando un nuevo país, con reglas de juego que permitieran soñar con la reconciliación, la equidad, la solidaridad, la participación ciudadana, la integración latinoamericana.
Si bien la Constitución de 1991 ha sido desmontada gradualmente, y sus enemigos han logrado avances, su espíritu sobrevive y sus guardianes no se rinden ante el poder intimidatorio de las encuestas, especialmente los miembros de las Altas Cortes, que han logrado mantener el Estado de derecho y sostener el andamiaje constitucional.
No creo oportuno pensar hoy en una nueva Constituyente. Resulta un exabrupto. Sobre todo si no hay en el horizonte un proceso de paz, ni un deseo popular de reformar las instituciones políticas o las relaciones de poder en el seno de nuestra sociedad. Es un mero embeleco en el que nuestra democracia no puede caer.
La Organización de Estados Americanos, OEA, tomó una determinación histórica al derogar la resolución emitida el 31 de enero de 1962, mediante la cual se expulsó a Cuba del Sistema Interamericano. Se necesitaron 47 años y un cambio esencial en el clima político mundial para tomar una decisión de esa magnitud que abre nuevas esperanzas de integración Americana.
La expulsión de Cuba de la OEA se dio en el marco de la guerra fría, cuando Estados Unidos impulsó ese mecanismo para aislar a los regímenes Marxistas. Colombia fue promotor de esa medida, que acabada la guerra fría y registrado el fin del Comunismo parece una estatua a la intolerancia y una bofetada a la inteligencia.
La nueva decisión interpreta las actuales realidades globales y, sobre todo, los profundos cambios que ha vivido el continente, gracias a los mandatos de izquierda democrática de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Krischner en Argentina, Mauricio Funes en El Salvador y Fernando Lugo en Paraguay.
También, a la presencia de Barack Obama, quien cambió los paradigmas y está imponiendo una agenda de entendimiento y diálogo entre los pueblos. Con Bush en la presidencia era impensable una medida de ese tipo, principalmente por el influyente lobby que ejerce la extrema derecha cubano americana, que con sus Senadores y Representantes alzaba la voz en Washington y Miami cada vez que se insinuaba un cambio de política hacia la isla.
Con Obama y Hillary Clinton la política internacional de Estados Unidos ha dado un giro radical, que va más allá de la guerra en Irak o Afganistán, y tiene como norte recuperar el respeto y la dignidad del pueblo norteamericano, desprestigiado por los anteriores gobernantes, quienes violaron las normas del derecho internacional, trapearon con Naciones Unidas y manosearon a la OEA hasta el cansancio.
Volver a mirar hacia América Latina pasa por el meridiano de reivindicar a Cuba en la OEA. Así lo ha entendido Obama. Y lo hace, además, por razones estrictamente pragmáticas: entre más aliados tenga Estados Unidos, mejor. Y, de paso, le quita el sabor amargo a las demandas recurrentes de los países amigos de Cuba para alcanzar ese reintegro.
Cosa que, por lo demás, no sucederá. Fidel y el gobierno de la Isla han sido claros en que no volverán a la OEA, sino que Cuba espera el fin de ese sistema y la construcción de otro escenario.
Pasará algún tiempo antes de que se construya un nuevo espacio de integración regional que incluya a Cuba y a Estados Unidos en el mismo tinglado. Será cuestión de tiempo y de muchas negociaciones.
Lo que debería seguir, y ese debe ser el próximo paso de esta estrategia de integración de Cuba, es el levantamiento del embargo económico, decretado unilateralmente por Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas. Esa medida ha sido un estruendoso fracaso y una afrenta para los latinoamericanos.
Salvatore Mancuso quiere hablar. Ha mandado toda clase de mensajes. El último se lo dio a la senadora Piedad Córdoba y a Iván Cepeda, con quienes se entrevistó en una cárcel privada en Washington.
Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.
Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.
Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.
Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.
Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.
Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.
El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.
Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.
Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.
Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.
Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.
Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.
Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.
Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.
El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.
Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.
Watergate fue un chiste frente a lo que esta ocurriendo con el escándalo de las chuzadas del DAS. Colombia no deja de sorprenderse con cada revelación que se conoce de esta conspiración para perseguir a la Corte Suprema de Justicia, intimidar a la oposición, escuchar ilegalmente a los periodistas y tejer una patraña digna de una autocracia.
El DAS dejó de ser un instrumento de seguridad interna para convertirse en una amenaza a la democracia. En una vergüenza. Hoy no debe existir. Los paramilitares infiltraron esa institución y luego se la tomaron, con Jorge Noguera a la cabeza, denunciado por varios testigos como miembro activo de las AUC, quien le reportaba directamente a Jorge 40 y a otros jefes de esa organización terrorista.
También se sabe que allí se recolectaba información de inteligencia contra líderes sindicales, estudiantiles, políticos, que luego se le entregaban a los paramilitares para que los asesinaran. Como sucedió con el profesor Andreís, en Barranquilla.
Una aberración de tal naturaleza no se ha visto en ningún otro Estado. Algo peor que los falsos positivos, que mantienen alertado al mundo entero, en especial a la Corte Penal Internacional. Hace rato dije que lo que había pasado con la captura paramilitar del DAS es como si Al Qaeda se hubiera tomado la CIA. Solo que en Colombia no pasa nada porque el buen muchacho que era Noguera está bien apadrinado y hay quienes se atreven a defenderlo, sin pudor alguno, desde las páginas editoriales de El Tiempo.
La Fiscalía lo ha acusado de haber ordenado la muerte de cuatro personas, pero nadie tiene muchas esperanzas de que la ley lo castigue.
Pero la salida de Noguera del DAS no significó la depuración de esa entidad. Las mafias del paramilitarismo siguieron entronizadas allí como si nada. Comprando información, chuzando, intimidando. Ahora se sabe que las escuchas ilegales nunca han cesado y que posiblemente las órdenes de seguir a la Corte Suprema, surgieron en las oficinas de algunos asesores de la Casa de Nariño. Según se supo públicamente el Capitán Lagos, otrora Jefe de Contrainteligencia, así lo ha planteado ante la Fiscalía, que se apresta a incluirlo en el programa de protección de testigos.
En Perú las cosas terminaron mal para Fujimori cuando se supo que quien mandaba era Montesinos. En Colombia muchos queremos saber quién es el Montesinos criollo que esta detrás de esta estrategia macabra de terror desde una dependencia oficial.
Como si fuéramos enemigos, nuestras voces y nuestros pasos están siendo monitoreados clandestinamente. Me enteré por El Espectador que en el 2006 el DAS infiltró mi campaña presidencial. Nada raro que lo estén haciendo ahora que soy gobernador. Es claro que nadie estará seguro mientras el DAS exista.
Esa institución es un cadáver viviente. Un fantasma tenebroso. Sus recientes ex directivos deben ser juzgados, sancionados. Unos por incapaces, otros por traición a la patria. Por cómplices del paramilitarismo, por enemigos de la democracia. El DAS asusta. Hiede. Que lo sepulten.
Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.
Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.
En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.
El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.
Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.
Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.
