Colombia es la casa del horror. En eso la han convertido en los últimos años los grupos paramilitares que fueron creados por una alianza siniestra de sectores políticos, narcotraficantes, militares, terratenientes, comerciantes y ganaderos con el objetivo de apropiarse del Estado, secuestrar la voluntad popular y demoler la democracia.
Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.
La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.
Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.
Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.
La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.
Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.
La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.
Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.
La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.
Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.
Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.
La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.
Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.
La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.
Los demócratas estamos celebrando los 18 años de la Constitución de 1991, que ha alcanzado su mayoría de edad. A pesar de las 28 enmiendas que se le han hecho y de los permanentes intentos por desmontarla y volver al viejo espíritu centralista de la Carta de 1886, la Constitución de la paz sigue vivita y coleando. Y esa es una buena noticia.
La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.
El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.
Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?
Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.
En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.
La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.
El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.
Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?
Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.
En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.
