Salvatore Mancuso quiere hablar. Ha mandado toda clase de mensajes. El último se lo dio a la senadora Piedad Córdoba y a Iván Cepeda, con quienes se entrevistó en una cárcel privada en Washington.
Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.
Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.
Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.
Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.
Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.
Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.
El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.
Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.
Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.
Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.
Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.
Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.
Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.
Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.
El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.
Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.
Watergate fue un chiste frente a lo que esta ocurriendo con el escándalo de las chuzadas del DAS. Colombia no deja de sorprenderse con cada revelación que se conoce de esta conspiración para perseguir a la Corte Suprema de Justicia, intimidar a la oposición, escuchar ilegalmente a los periodistas y tejer una patraña digna de una autocracia.
El DAS dejó de ser un instrumento de seguridad interna para convertirse en una amenaza a la democracia. En una vergüenza. Hoy no debe existir. Los paramilitares infiltraron esa institución y luego se la tomaron, con Jorge Noguera a la cabeza, denunciado por varios testigos como miembro activo de las AUC, quien le reportaba directamente a Jorge 40 y a otros jefes de esa organización terrorista.
También se sabe que allí se recolectaba información de inteligencia contra líderes sindicales, estudiantiles, políticos, que luego se le entregaban a los paramilitares para que los asesinaran. Como sucedió con el profesor Andreís, en Barranquilla.
Una aberración de tal naturaleza no se ha visto en ningún otro Estado. Algo peor que los falsos positivos, que mantienen alertado al mundo entero, en especial a la Corte Penal Internacional. Hace rato dije que lo que había pasado con la captura paramilitar del DAS es como si Al Qaeda se hubiera tomado la CIA. Solo que en Colombia no pasa nada porque el buen muchacho que era Noguera está bien apadrinado y hay quienes se atreven a defenderlo, sin pudor alguno, desde las páginas editoriales de El Tiempo.
La Fiscalía lo ha acusado de haber ordenado la muerte de cuatro personas, pero nadie tiene muchas esperanzas de que la ley lo castigue.
Pero la salida de Noguera del DAS no significó la depuración de esa entidad. Las mafias del paramilitarismo siguieron entronizadas allí como si nada. Comprando información, chuzando, intimidando. Ahora se sabe que las escuchas ilegales nunca han cesado y que posiblemente las órdenes de seguir a la Corte Suprema, surgieron en las oficinas de algunos asesores de la Casa de Nariño. Según se supo públicamente el Capitán Lagos, otrora Jefe de Contrainteligencia, así lo ha planteado ante la Fiscalía, que se apresta a incluirlo en el programa de protección de testigos.
En Perú las cosas terminaron mal para Fujimori cuando se supo que quien mandaba era Montesinos. En Colombia muchos queremos saber quién es el Montesinos criollo que esta detrás de esta estrategia macabra de terror desde una dependencia oficial.
Como si fuéramos enemigos, nuestras voces y nuestros pasos están siendo monitoreados clandestinamente. Me enteré por El Espectador que en el 2006 el DAS infiltró mi campaña presidencial. Nada raro que lo estén haciendo ahora que soy gobernador. Es claro que nadie estará seguro mientras el DAS exista.
Esa institución es un cadáver viviente. Un fantasma tenebroso. Sus recientes ex directivos deben ser juzgados, sancionados. Unos por incapaces, otros por traición a la patria. Por cómplices del paramilitarismo, por enemigos de la democracia. El DAS asusta. Hiede. Que lo sepulten.
Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.
Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.
En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.
El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.
Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.
Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.
En importantes declaraciones para El Nuevo Siglo, el exMinistro del Interior Humberto de La Calle Lombana dijo que “una nueva reelección genera unos desequilibrios importantes en el esquema constitucional del control de poderes”. Y agregó: “creo que lo que hay es que regresar a la no reelección o, incluso, al sistema de 1886 de la reelección alterna por una sola vez”.
El doctor De la Calle sabe muy bien lo que dice, como que fue pieza fundamental en la construcción de la Constitución Nacional en 1991. No lo manifiesta para hacer oposición al gobierno del Presidente Uribe, del que fue Ministro y Embajador, sino porque advierte que el llamado esquema de “pesos y contrapesos”, fundamental para que rija el sistema democrático, se concibió para períodos presidenciales de 4 años. Y cuando se hizo la reforma que permitió la reelección, no se modificaron los otros aspectos constitucionales que tienen que ver con el equilibrio de poderes.
Por eso piensa que debemos regresar a la no reelección, tema que se ha venido tratando más en los círculos académicos que en los espacios de la política.
Vale la pena reflexionar a fondo sobre el tema, e incluso llevarlo al Congreso de la República en un proyecto de Acto Legislativo que enriquecería el debate que se pretende dar a propósito del referendo reeleccionista. Sería provechoso para la democracia colombiana un análisis objetivo, desapasionado, tranquilo, que mas allá de la coyuntura electoral vislumbrara lo que la Nación requiere en esta materia.
Cualquier congresista puede presentar la propuesta, con infinidad de argumentos. Un liberal, respaldando la posición del Partido en la Constituyente, respetada por el Presidente de la época, doctor Cesar Gaviria Trujillo. O un Congresista del Polo Democrático. Incluso alguno de los importantes miembros de la coalición de gobierno que se están manifestando contra el referendo, pues de lo que se trata es de buscarle al país caminos apropiados de convivencia y democracia.
La propuesta podría incluir un aumento del período presidencial, por ejemplo a cinco años, sin reelección, claro, como algunos lo propusimos en la Constituyente. Sería para que la reforma operara hacia el futuro, a partir del nuevo Presidente electo en 2010, con lo que se daría respuesta a los que alegan que cuatro años son insuficientes para una gestión gubernamental seria y eficaz.
Los mismos cinco años se pueden aplicar a Gobernadores y Alcaldes, sin reelección, con los elegidos para comenzar a gobernar en 2012.
Con una reforma de esta naturaleza resultaría dable parafrasear la respuesta de don Miguel Antonio Caro, cuando le preguntaron por qué insistía en volver a los períodos presidenciales de cuatro años, después de que en la Constitución de 1886 los pusieron de seis años: Menos de cinco años es poco para cumplir una labor acertada; mas de cinco años, o el gobernante se cansa del pueblo, o el pueblo se cansa del gobernante.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
El doctor De la Calle sabe muy bien lo que dice, como que fue pieza fundamental en la construcción de la Constitución Nacional en 1991. No lo manifiesta para hacer oposición al gobierno del Presidente Uribe, del que fue Ministro y Embajador, sino porque advierte que el llamado esquema de “pesos y contrapesos”, fundamental para que rija el sistema democrático, se concibió para períodos presidenciales de 4 años. Y cuando se hizo la reforma que permitió la reelección, no se modificaron los otros aspectos constitucionales que tienen que ver con el equilibrio de poderes.
Por eso piensa que debemos regresar a la no reelección, tema que se ha venido tratando más en los círculos académicos que en los espacios de la política.
Vale la pena reflexionar a fondo sobre el tema, e incluso llevarlo al Congreso de la República en un proyecto de Acto Legislativo que enriquecería el debate que se pretende dar a propósito del referendo reeleccionista. Sería provechoso para la democracia colombiana un análisis objetivo, desapasionado, tranquilo, que mas allá de la coyuntura electoral vislumbrara lo que la Nación requiere en esta materia.
Cualquier congresista puede presentar la propuesta, con infinidad de argumentos. Un liberal, respaldando la posición del Partido en la Constituyente, respetada por el Presidente de la época, doctor Cesar Gaviria Trujillo. O un Congresista del Polo Democrático. Incluso alguno de los importantes miembros de la coalición de gobierno que se están manifestando contra el referendo, pues de lo que se trata es de buscarle al país caminos apropiados de convivencia y democracia.
La propuesta podría incluir un aumento del período presidencial, por ejemplo a cinco años, sin reelección, claro, como algunos lo propusimos en la Constituyente. Sería para que la reforma operara hacia el futuro, a partir del nuevo Presidente electo en 2010, con lo que se daría respuesta a los que alegan que cuatro años son insuficientes para una gestión gubernamental seria y eficaz.
Los mismos cinco años se pueden aplicar a Gobernadores y Alcaldes, sin reelección, con los elegidos para comenzar a gobernar en 2012.
Con una reforma de esta naturaleza resultaría dable parafrasear la respuesta de don Miguel Antonio Caro, cuando le preguntaron por qué insistía en volver a los períodos presidenciales de cuatro años, después de que en la Constitución de 1886 los pusieron de seis años: Menos de cinco años es poco para cumplir una labor acertada; mas de cinco años, o el gobernante se cansa del pueblo, o el pueblo se cansa del gobernante.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
