Al finalizar las guerras es un imperativo histórico y moral conocer la verdad de lo que aconteció. Saber quiénes propiciaron el horror de las masacres, los crímenes de lesa humanidad, el destierro, el desplazamiento forzado, los fusilamientos y las desapariciones. Saber quiénes dieron las órdenes a los sicarios y dictaron las sentencias de muerte contra personas y comunidades enteras.

En Colombia no ha terminado el conflicto armado interno, pero la verdad da destellos de luz en medio del horror que producen las declaraciones de quienes perpetraron crímenes atroces ordenados por personas cuyos nombres aún desconocemos.

Paramilitares confesos que declaran en los procesos de Justicia y Paz, han relatado a cuentagotas o en chorros de verdades, la capacidad de daño que exhibieron en Urabá, Córdoba, Sucre, Norte de Santander o los Montes de María, por citar algunos lugares en donde las motosierras destrozaron el sueño de la democracia e impusieron la tiranía del narcotráfico y la barbarie, a plena luz del día y ante los ojos de todos.

Verdad, justicia y reparación son los ejes de cualquier proceso de reconciliación. Alcanzar esos objetivos es un largo y difícil camino mientras no se silencien los fusiles y se llegue a un nuevo pacto social. Colombia está intentando alcanzar justicia y reparación, tras el proceso con las AUC.
Pero no llega la verdad. No solo porque muchos de los comandantes paramilitares fueron extraditados y cuando hablan desde las prisiones de Estados Unidos no les creen, sino también porque quienes hablan son amenazados y sentenciados a muerte por sus enemigos incrustados en los poderes mafiosos, para silenciarlos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los paramilitares han reconocido ser los autores de más de 25 mil muertes.

Por todo eso, tiene razón la Corte Suprema de Justicia cuando señala la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, que nos revele todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que no se quiere dejar salir a flote luego del proceso con los paras. Las víctimas tienen derecho a la verdad, por la que ruegan todos los días. Pero también los demócratas, que pedimos castigo ejemplar para quienes propiciaron la debacle.

Sobre todo después de escuchar a personajes como alias Caracortada, a quien le ordenaron arrasar poblaciones enteras y le pusieron una cuota diaria de 20 asesinatos en los Montes de María. Tarea que cumplió sagradamente durante casi cuatro años. Cuando fue capturado ya ese grupo había matado a cerca de ocho mil personas en la zona. ¡Qué horror! Con la ayuda de agentes del Estado, de autoridades locales, policiales y militares, políticos y gamonales.La iniciativa de la Corte Suprema ha recibido el apoyo de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es hora de que el Estado, la Iglesia, el conjunto de la sociedad civil y los medios, iniciemos el debate. Todos tenemos una cita con la verdad.

El paramilitarismo es la peor amenaza a nuestra democracia. A pesar del proceso de paz que adelantó el Gobierno Nacional con esas fuerzas vinculadas al narcotráfico, que permitió la desmovilización de más de 35 mil hombres y el reconocimiento de más de 25 mil crímenes, sus tentáculos siguen extendiéndose por todo el territorio, generando masacres, desplazamiento, incertidumbre.

No hay un solo día en que los medios, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las ONG de derechos humanos, los dirigentes de oposición, no denuncien un acto de barbarie cometido por los nuevos grupos paramilitares, integrados por hombres y mujeres que responden a la lógica del terror de la población, el dominio territorial, la apropiación de los recursos del Estado, la toma del poder político.

Para desgracia de Colombia, la larga noche del paramilitarismo no terminó con la paz que firmaron Jorge 40, Mancuso, don Berna y otros criminales. Ellos dejaron intactas sus estructuras y pareciera como si solo hubieran entregado los uniformes, las armas inservibles y a 35 mil hombres y mujeres reclutados a última hora para la foto. Pero la verdad de sus delitos de lesa humanidad ha sido soltada a cuentagotas. Y aún así causa horror y avergüenza a la nación y al mundo. Con el agravante de que no dicen toda la verdad, por una parte, y por otra practican el procedimiento de “meter a todo el mundo” para agravar la situación y de esa manera alcanzar una impunidad general.

Falta mucho por decir, falta mucho por aclarar. No estando todos los que son, ni siendo todos los que están, falta conocer los nombres de quienes los financiaron, apoyaron y fueron determinadores de miles de delitos atroces. Se conoce apenas la punta del iceberg de que lo que ha significado el poder devastador del paramilitarismo en Colombia, que ha permeado a toda la sociedad y no ha dejado ninguna capa social sin corromper. La impunidad amenaza con envolver esos delitos. La Corte Penal Internacional tiene una enorme tarea por realizar.

El paramilitarismo sigue vivo. Ese monstruo de cien cabezas no ha muerto. Pareciera como si no existiera chalán capaz de dominar tal potro salvaje. Los nuevos líderes de esas agrupaciones ilegales han continuado su guerra contra la democracia amparados en el terror, aferrados al narcotráfico. Están fuertes como hace siete años, ejecutando los mismos actos criminales. Expandiendo sus negocios, cuidando sus plantaciones, dominando la política. Robándonos el futuro.

En el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Guaviare, Meta, Bolívar, Nariño, el Magdalena Medio, el occidente de Caldas y el oriente de Risaralda, la OEA denuncia el rebrote paramilitar. En el Chocó y Norte de Santander se denuncian reclutamientos masivos.

La seguridad democrática sigue en deuda en este campo. Colombia es un enorme laboratorio de guerra en donde la paz no se asoma. El futuro es incierto y no se ve la luz al otro lado del túnel. Y el país sigue diciendo en las encuestas que somos felices.