Colombia vive uno de los procesos electorales más emocionantes de los últimos años. La decisión de la Corte Constitucional de impedir la segunda reelección presidencial abrió las compuertas a una campaña marcada por la masiva participación de los jóvenes y la clase media, quienes anhelan un nuevo rumbo para la nación.

Son muchos los retos que deberá enfrentar el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Uno es la necesidad de recomponer las relaciones internacionales con la región, hacer cierta la multilateralidad, la integración latinoamericana y la profesionalización de la Cancillería.

Luego de la muerte a Raúl Reyes, alrededor de Colombia se ha construido la percepción de que somos un problema regional. El principal reto es volver a generar confianza en el vecindario, y reactivar nuestros mercados y las agendas comunes. Se hace prioritario establecer una nueva agenda con Europa y Asia. Pero sobre todo con Estados Unidos.

El mandatario elegido tendrá que sintonizarse con Obama, sin renunciar a la integridad, la soberanía y nuestra libre autodeterminación. Atrás tiene que quedar el concepto de alineamiento carnal con la Casa Blanca. La era Bush es el pasado. Hay que entrar por la puerta grande a la era Obama.

Para ello es necesario superar otro de los grandes retos: la crisis humanitaria. Colombia no puede seguir siendo el campeón mundial en violación de derechos humanos. Sindicalistas, periodistas, líderes de oposición y dirigentes políticos asesinados; multiplicación de masacres, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes; casi cuatro millones de desplazados, miles de amenazados y exiliados. Las ONG estigmatizadas y perseguidas dan cuenta de un país cruzado por la guerra interna.

Negar el conflicto armado interno y seguir llamándolo de otra manera continuaría siendo inconveniente, al igual que llamar a los desplazados migrantes internos. Si Colombia no es capaz de llamar las cosas por su nombre y reconocerse como un país que necesita ayuda para ganar la paz, nunca saldremos del atolladero.

El otro reto es aceptar que existe un conflicto armado interno, que se debe superar logrando el imperio de la ley y el respeto a las instituciones, explorando al mismo tiempo el camino de la política, con ayuda internacional. Hay que acabar con el paramilitarismo y obligar a la guerrilla a negociar. Así como ampliar y hacer eficaz el proceso de Justicia y Paz y crear una Comisión de la Verdad.

Otros retos son la superación de la pobreza, garantizar el derecho a la salud, generar empleo, internacionalizar la economía, la reforma política, la reforma agraria, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, incluir la Policía en el ministerio del Interior y la creación de una nueva agencia de inteligencia.

Lo anterior no es desconocer méritos al Presidente Uribe. Los tiene, sin duda, y con justicia se le han venido reconociendo. Los errores y vacios son frecuentes en la difícil tarea de gobernar. Lo se en carne propia. Pero viene una nueva etapa y sería inapropiado no aprovecharla para corregir el rumbo.

No pasa un día sin que el país conozca nuevas revelaciones sobre la alianza siniestra que hicieron sectores corrompidos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares para asesinar a jóvenes de los sectores más empobrecidos de Colombia y presentarlos como guerrilleros o paramilitares caídos en combate.

Esos asesinatos extrajudiciales, que todos conocemos como falsos positivos, son una vergüenza nacional y un motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional, especialmente para las naciones en donde el respeto a los derechos humanos es el eje central de su sistema político y sus relaciones internacionales. Por ello, todo cuanto sucede con esa tragedia humanitaria es seguido por la Corte Penal Internacional, que está haciendo expedientes con los nombres de los oficiales, políticos y civiles que se vincularon a los carteles de asesinos conformados para depredar la vida de nuestros jóvenes. Para matar la democracia.

Más de dos mil de ellos fueron eliminados a sangre fría por quienes deberían protegerlos y garantizarles la vida. La mayoría hijos de familias sumidas en la pobreza, a quienes con falsas promesas se llevaron, a cambio de unas cuantas monedas, para ser ejecutados y cobrar recompensas, lograr ascensos y obtener permisos.

Los jefes paramilitares que están respondiendo por sus crímenes en tribunales de justicia y paz siguen revelando sus verdades. Y están confesando macabras alianzas con individuos de la Fuerza Pública para cometer crímenes de lesa humanidad. Tan solo esta semana, esos jefes aceptaron que en el Llano ejecutaron a más de 150 jóvenes que luego fueron presentados como triunfos de la lucha contra la delincuencia.

La Corte Penal está atenta para que la impunidad no gane esta batalla por la verdad. Tienen razón en su preocupación, dada la complejidad de este país, cruzado por un conflicto armado que parece interminable, en donde los jueces son asesinados por los sicarios. Y las bandas armadas no cesan en su empeño de apoderarse de la institucionalidad y arroparse con la impunidad.

Un país en donde el poder judicial ha sido amenazado por el DAS, es decir por el propio Estado, que ha seguido a los jueces, ha montado campañas de desprestigio en su contra y ha permitido que narcotraficantes se asocien con agentes oficiales para montar procesos contra las altas cortes. ¡Una afrenta a la democracia y a la ley!

La opinión pública reconoce el inmenso valor de los jueces. Y los apoya. Los rodea. Por eso, no se dejarán amedrentar por quienes los atacan, deslegitiman, desprestigian y amenazan para impedir que brille la justicia y paguen los actores e inspiradores de los falsos positivos.

Si en Colombia se castiga a los responsables de estos crímenes, no solo a los peones sino a los alfiles, y se llega hasta los niveles más altos de esas cadenas de mando que permitieron tales bochornosos hechos, podremos estar seguros de que la Corte Penal y la comunidad internacional estarán tranquilas. Y los familiares de las víctimas también.