El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que permitirá el uso de siete bases militares al ejército más poderoso del mundo en la nación más estratégica del Continente, tiene con los pelos de punta a los líderes regionales y han convertido la próxima cumbre de Unasur en centro de la atención continental.

El acuerdo militar ha sido tema de debate global, no solo por tratarse de un instrumento en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino por sus implicaciones geoestratégicas y políticas, en un continente en donde Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sienten amenazada su seguridad.

La voz de los líderes regionales se ha hecho sentir para exigir claridad y transparencia sobre el tema, pero sobre todo garantías de que se respetarán sus fronteras y el acuerdo nunca se convertirá en un instrumento de expansión imperialista, ni en punta de lanza de futuros ataques contra las revoluciones socialistas y los movimientos políticos de izquierda de la región.

El acuerdo, según se ha conocido, se negoció en secreto por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Así que no se trata de un asunto de última hora, sino de algo que se encontró en el camino el Presidente Obama y ahora defiende con ahínco la secretaria Clinton. Pero que preocupa al presidente Lula, el líder pausado y sereno de Brasil y timonel de Unasur.

Brasil ha dicho que el acuerdo amenaza su seguridad nacional. Igual creen Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y son muchas las reservas de Argentina, Chile y México. Estamos asistiendo a un nuevo nivel de la cooperación colombo-americana y a una escalada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en tiempos en los que Obama ha dicho que habrá un nuevo concepto sobre el tema.

La cumbre de Unasur es el escenario ideal para esclarecer todas las dudas. Lula ha invitado a Obama a darle la cara a los latinoamericanos y ofrecer las explicaciones que hasta ahora se han negado, con el argumento de que es un asunto bilateral entre Bogotá y Washington. Unasur, con tan solo un año de creada, afronta su verdadera prueba de fuego. El presidente Uribe, poco dado a sentarse con sus similares a rendir cuentas, seguramente tendrá que poner el pecho.

En los actuales momentos la diplomacia colombiana necesita reestructurarse y mostrarse como una política autónoma y real. Porque hasta ahora parece un apéndice de los intereses del Departamento de Estado. No podemos dejar que prospere el criterio de que Colombia vive de espaldas a América Latina y de rodillas a los Estados Unidos.

Ir a Unasur a dar explicaciones y dar la cara será la mejor forma de demostrar que el acuerdo no es la apuesta máxima por la solución militar del conflicto armado interno, y un nó rotundo a la paz, la integración y la cooperación regional. Unasur es una oportunidad para retomar el camino de la diplomacia.

Estoy incondicionalmente con Colombia. Soy solidario con el Presidente Uribe en su defensa de los intereses nacionales y respeto su fuero en el manejo de la política internacional. Pero me resulta obligante hacer las siguientes reflexiones.

Nunca se había notado tanto la falta de una política exterior colombiana como ahora, cuando nuestros vecinos nos tiran la puerta en la cara y de poco sirven las giras del Presidente Uribe para explicar las razones que lo llevaron a permitir el uso de siete bases militares por parte de Estados Unidos.

Hoy parece realidad lo que de tiempo atrás se presagiaba: Colombia se convirtió en un vecino problemático, que amenaza la integración latinoamericana y la paz regional; un país que exporta sus problemas domésticos y convierte a sus principales aliados en enconados enemigos.

Durante años se promovió la integración latinoamericana, la apertura a nuevas naciones e incluso presidimos la organización de Países No Alienados. Pero en los últimos años, la única política exterior es la alianza total con Estados Unidos. Primero con Bush, en su cruzada antiterrorista, que convirtió a nuestro país en su socio predilecto, para el que siempre estaban las puertas abiertas y listo el tapete rojo. Y ahora con Obama, un Presidente que genera confianza e inquietudes.

Las cosas han cambiado. Si antes solo se trataba de unos contratistas que actuaban en algunas de nuestras bases, ahora un tratado permitirá que miles actúen en las tres cordilleras y los dos océanos. La paradoja es que con Obama es entrega total y un mensaje de provocación desde un país que tiene en el preámbulo de su Constitución la integración latinoamericana.

¿Por qué ese tratado no se negoció de cara al país, y no se ha presentado a consideración del Congreso de la República? ¿Por qué el Presidente no lo explicó con anticipación a sus colegas? ¿Por qué la Cancillería no dio la cara?

El vecindario está alarmado. Desde Caracas hasta la Patagonia se escuchan los reclamos. Y de urgencia se están convocando cumbres para sentar a Colombia, pedirle explicaciones y hacerle observaciones. Obama ha tratado de apagar el incendio. Pero es evidente que todo cuanto sucede corresponde a la improvisación de una Cancillería que no cita a la Comisión de Relaciones Exteriores, desconoce el Congreso y no sabe para dónde va.

Hace rato que los problemas domésticos de Colombia se convirtieron en asuntos globales. La guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común, el desplazamiento forzado, son temas que afectan al mundo. Y desde afuera se preguntan qué hacer para contener y protegerse de esos fenómenos. Colombia debería replantearse seriamente el papel que quiere jugar en el ajedrez internacional y pensar en las consecuencias de despreciar a sus vecinos.

Ecuador y Venezuela nos han cerrado sus mercados. Lo que significará más pobreza. ¿Podemos darnos esos lujos en medio de semejante crisis económica mundial? No es válido seguir cogiendo a patadas la lonchera. Lo sensato es rescatar la política y poner a actuar la diplomacia.

Comenzó una interesante polémica sobre el “Estado de Opinión”, planteamiento del Presidente Uribe para señalar que el querer del pueblo determina el compromiso del gobernante y la acción de las autoridades.

Se estima que es un ejemplar reconocimiento democrático al pueblo en el marco de la denominada “soberanía popular”, planteado por un gobernante que goza de amplios márgenes de confianza ciudadana. Pero han surgido las especulaciones y en estos momentos de tanta incertidumbre política y electoral es saludable que se aclaren las cosas para evitar más desajustes.

Amigos del gobierno aseguran que el Estado de Opinión es la sublimación de la democracia participativa, el cual permite gobernar por encima de la ley atendiendo solo los deseos de la ciudadanía, a la que se le debe tomar el pulso en encuestas y sondeos, en cartas y documentos con muchas firmas, en manifestaciones públicas, y en otras maneras que identifiquen una opinión colectiva.

Uno podría entender que son argumentos para discutir. ¿Se trata de volver a la época del ágora? ¿Para qué el Congreso? ¿Para qué las leyes, si se puede dirigir el país a golpes de opinión? ¿En qué queda la tesis según la cual una democracia exige para su funcionamiento reglas del juego claras, permanentes, estables, previamente establecidas, de general aceptación?

El asunto merece reflexión y amplias discusiones, lo que haría de este ejercicio una oportunidad para aclarar dudas, cubrir vacíos, hacer nuevas interpretaciones y fortalecer el sistema político. Lo pernicioso de las especulaciones que menciono tiene que ver con que se habla de aplicar ya, “aquí y ahora”, estos “novedosos” criterios, antes de que los colombianos nos vayamos por el despeñadero de la Constitución y el Estado de Derecho. ¡Que tal!

En ese sentido, hay que hacer encuestas y atender sus resultados como máxima orientación popular a los gobernantes. Para eso son las preguntas sobre favorabilidad e intención de voto, dicen. Y plantean que si aún se tienen arcaicos escrúpulos legalistas, para preguntar sobre la reelección no se requiere el referendo, hoy en estado de coma, sino acudir directamente al “constituyente primario” por medio de una Consulta, según el Art. 104 de la Constitución.
La norma dice: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.

Es el famoso Plan B, todo un “zelayaso” al mejor estilo constitucional.

A esta hora ya deben estar plenamente definidas las reglas para las elecciones del año entrante y no es procedente que tan mañosamente se pretenda lesionar el sistema electoral. No es posible que frente al fracaso del referendo se acuda a una norma creada para fines más altruistas. No es procedente, no es ético ni democrático, consultar un beneficio particular a favor del consultante. No fue esa la Constitución que se expidió en 1.991.

Muchos confiamos en que el Presidente Uribe no se dejará meter en semejante atropello.