Habló el ex presidente Samper, fuerte y claro. “A mi me gusta hacer la política con nombres y apellidos”, dijo. Lo hizo el domingo en El Tiempo, con Yamid Amad.

Al presidente Uribe le reconoció éxitos en seguridad, reservándole a la historia el deber de juzgarlo por los costos pagados “en materia de derechos humanos, desinstitucionalización de la justicia o aislamiento regional”. Le cobró su cercanía con los Republicanos: ”¡Que tal el apoyo solitario que dio Colombia a la invasión a Iraq!” Y le achacó el fortalecimiento de una línea política derechista con “empresarios, obispos retardatarios, terratenientes y hasta parapolíticos”.

Del ex presidente Gaviria dijo que debe cerrarse “el capítulo del gavirismo” para “mirar hacia el futuro”.

De Mokus manifestó que “su elección como Presidente hubiera sido como dar un salto mortal de triple vuelta, sin red, al vacio”.

Peor le fue al Vicepresidente Santos: “Antes era un loquito divertido, pero ahora, anda de loco furioso, con una actitud paranoica, que no le conocíamos”.

A propósito de la agenda internacional recordó que andamos mal con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, Bolivia, Argentina y Brazil, porque “esta ha sido una de las épocas más siniestras de las relaciones exteriores”. Agregando que le parece “irresponsable la actitud del gobierno de mantener hasta el 7 de Agosto un enfrentamiento con Venezuela que nos está costando sudor, sangre y lágrimas”.

Sobre Monseñor Rubiano no pudo ser más cáustico: “Le confieso que en estos años de reinado de Monseñor Rubiano, siempre pensé como católico que si ese era el pastor del rebaño, mejor me quedaba con el lobo”.

No se escapó Ingrid: “Su actitud fue una bofetada al pueblo colombiano, que le expresó durante 8 años su solidaridad y que se la renovó cuando salió y se fue a declarar en Francia que esa era su patria. Fue mezquina”.

El doctor Samper está en el centro del ring, dispuesto a fajarse con todos los pesos pesados. Extrañamente faltó una de sus acostumbradas “caricias” al ex presidente Pastrana. Toca estar pendientes de las respuestas, sin duda fuertes, picantes, de interés. Intenso será el debate, que ojalá se vuelva una contradicción política positiva para el País, ahora que estrenaremos Congreso y Gobierno.

A propósito del doctor Santos, conociéndose que han tenido agudas discrepancias, el ex presidente fue cauto y atento: “Comenzó con pié derecho: cada ministro le dice algo a su sector y algo al país. Uribe lo debería dejar comenzar tranquilamente su gobierno sin ponerle más palos en la rueda”.

Vendrán diversas opiniones sobre las polémicas declaraciones. Unos las aplaudirán elogiando al ex mandatario; saldrán de nuevo a la palestra los antisamperistas rabiosos que conocemos. Pero digan lo que digan, lo cierto es que Samper sigue siendo un político activo, inteligente como pocos, beligerante e ingenioso, y uno de los pocos que mencionan las cosas por su nombre y con apellidos. Lo que es un gran mérito en este país de hipocresías y eufemismos.

El actual Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Rubén Salazar, acaba de ser designado por el Papa Benedicto XVI nuevo Arzobispo de Bogotá. Pronto será Cardenal.

Tendrá que lidiar el problema mayúsculo que afronta la Iglesia Católica sobre las acusaciones de pederastia que se vienen haciendo contra sacerdotes en diferentes países. Comenzaron en Colombia, situación difícil agravada por el caso del cura asesino. La grandeza de la Iglesia y la importancia de sus prelados prevalecerán sobre estos lamentables episodios.

Monseñor Salazar es persona prudente, sabia y diligente, a más de moderno y progresista. En la entrevista que concedió el pasado domingo a El Tiempo reconoce que la Iglesia es una Institución “pesada para moverse” y señala que “tiene que cambiar en metodología, en acción pastoral para responder a los desafíos de una realidad cambiante”.

Monseñor Salazar habló claro y bueno. Sin eufemismos. Con precisión, para que se le escuche, entienda y atienda. Sabiendo que su labor pastoral no puede radicarse exclusivamente en lo espiritual, reclama por el bienestar de sus ovejas en la tierra y sin artificios se refiere a principales asuntos temporales, a los de la política, a los del diario vivir, a los que tiene que afrontar el ciudadano de a pié, que conoce como nadie.

Por eso dice que tanto Chávez como Correa deben venir a la posesión del Presidente Santos, pues las relaciones con esos países “son absolutamente indispensables” y reclama “una verdadera cercanía y diálogo con el resto de América Latina”. Y explica: “Creo que llegó la hora de incorporar al país de nuevo al continente”.

También expresó: “En Colombia hay mucho que cambiar en este campo del respeto a los derechos humanos, al sindicalismo, a la clase obrera. Se han hecho esfuerzos grandes, pero no bastan. Es que el respeto a los derechos humanos no es solo respetarle la vida a una persona. Es también el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a tantas cosas que hacen digna la vida”.

Monseñor reconoce éxitos al Presidente Uribe en el crecimiento macroeconómico del país. “Pero cuando uno baja hacia la gente común y silvestre, se encuentra con que el país no solamente no ha avanzado sino que retrocedió. Uno ve que hay hambre, que hay más pobres, mas desplazados, que la pobreza ha adquirido nuevas y grandes dimensiones, que hay una indigencia muy grande en el país, que hay una marginación muy fuerte”.

Sobre el enfrentamiento del Presidente Uribe y las Cortes, manifestó: “Esas son situaciones totalmente anormales y absurdas”. Y agregó: “son situaciones extremas que no debieron presentarse”.

“Al que le caiga el guante, que se lo plante”, parece decir Monseñor Salazar, confiando en el Presidente Santos que “tiene un sentido de mayor crecimiento económico pero con desarrollo social”.

Tendrá la Iglesia Católica buenos años de vida, superadas las dificultades, para bien de los colombianos, de la paz, de la equidad. Llegarán bajo el liderazgo de Monseñor Salazar. Así sea.

Colombia vive uno de los procesos electorales más emocionantes de los últimos años. La decisión de la Corte Constitucional de impedir la segunda reelección presidencial abrió las compuertas a una campaña marcada por la masiva participación de los jóvenes y la clase media, quienes anhelan un nuevo rumbo para la nación.

Son muchos los retos que deberá enfrentar el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Uno es la necesidad de recomponer las relaciones internacionales con la región, hacer cierta la multilateralidad, la integración latinoamericana y la profesionalización de la Cancillería.

Luego de la muerte a Raúl Reyes, alrededor de Colombia se ha construido la percepción de que somos un problema regional. El principal reto es volver a generar confianza en el vecindario, y reactivar nuestros mercados y las agendas comunes. Se hace prioritario establecer una nueva agenda con Europa y Asia. Pero sobre todo con Estados Unidos.

El mandatario elegido tendrá que sintonizarse con Obama, sin renunciar a la integridad, la soberanía y nuestra libre autodeterminación. Atrás tiene que quedar el concepto de alineamiento carnal con la Casa Blanca. La era Bush es el pasado. Hay que entrar por la puerta grande a la era Obama.

Para ello es necesario superar otro de los grandes retos: la crisis humanitaria. Colombia no puede seguir siendo el campeón mundial en violación de derechos humanos. Sindicalistas, periodistas, líderes de oposición y dirigentes políticos asesinados; multiplicación de masacres, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes; casi cuatro millones de desplazados, miles de amenazados y exiliados. Las ONG estigmatizadas y perseguidas dan cuenta de un país cruzado por la guerra interna.

Negar el conflicto armado interno y seguir llamándolo de otra manera continuaría siendo inconveniente, al igual que llamar a los desplazados migrantes internos. Si Colombia no es capaz de llamar las cosas por su nombre y reconocerse como un país que necesita ayuda para ganar la paz, nunca saldremos del atolladero.

El otro reto es aceptar que existe un conflicto armado interno, que se debe superar logrando el imperio de la ley y el respeto a las instituciones, explorando al mismo tiempo el camino de la política, con ayuda internacional. Hay que acabar con el paramilitarismo y obligar a la guerrilla a negociar. Así como ampliar y hacer eficaz el proceso de Justicia y Paz y crear una Comisión de la Verdad.

Otros retos son la superación de la pobreza, garantizar el derecho a la salud, generar empleo, internacionalizar la economía, la reforma política, la reforma agraria, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, incluir la Policía en el ministerio del Interior y la creación de una nueva agencia de inteligencia.

Lo anterior no es desconocer méritos al Presidente Uribe. Los tiene, sin duda, y con justicia se le han venido reconociendo. Los errores y vacios son frecuentes en la difícil tarea de gobernar. Lo se en carne propia. Pero viene una nueva etapa y sería inapropiado no aprovecharla para corregir el rumbo.

No pasa un día sin que el país conozca nuevas revelaciones sobre la alianza siniestra que hicieron sectores corrompidos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares para asesinar a jóvenes de los sectores más empobrecidos de Colombia y presentarlos como guerrilleros o paramilitares caídos en combate.

Esos asesinatos extrajudiciales, que todos conocemos como falsos positivos, son una vergüenza nacional y un motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional, especialmente para las naciones en donde el respeto a los derechos humanos es el eje central de su sistema político y sus relaciones internacionales. Por ello, todo cuanto sucede con esa tragedia humanitaria es seguido por la Corte Penal Internacional, que está haciendo expedientes con los nombres de los oficiales, políticos y civiles que se vincularon a los carteles de asesinos conformados para depredar la vida de nuestros jóvenes. Para matar la democracia.

Más de dos mil de ellos fueron eliminados a sangre fría por quienes deberían protegerlos y garantizarles la vida. La mayoría hijos de familias sumidas en la pobreza, a quienes con falsas promesas se llevaron, a cambio de unas cuantas monedas, para ser ejecutados y cobrar recompensas, lograr ascensos y obtener permisos.

Los jefes paramilitares que están respondiendo por sus crímenes en tribunales de justicia y paz siguen revelando sus verdades. Y están confesando macabras alianzas con individuos de la Fuerza Pública para cometer crímenes de lesa humanidad. Tan solo esta semana, esos jefes aceptaron que en el Llano ejecutaron a más de 150 jóvenes que luego fueron presentados como triunfos de la lucha contra la delincuencia.

La Corte Penal está atenta para que la impunidad no gane esta batalla por la verdad. Tienen razón en su preocupación, dada la complejidad de este país, cruzado por un conflicto armado que parece interminable, en donde los jueces son asesinados por los sicarios. Y las bandas armadas no cesan en su empeño de apoderarse de la institucionalidad y arroparse con la impunidad.

Un país en donde el poder judicial ha sido amenazado por el DAS, es decir por el propio Estado, que ha seguido a los jueces, ha montado campañas de desprestigio en su contra y ha permitido que narcotraficantes se asocien con agentes oficiales para montar procesos contra las altas cortes. ¡Una afrenta a la democracia y a la ley!

La opinión pública reconoce el inmenso valor de los jueces. Y los apoya. Los rodea. Por eso, no se dejarán amedrentar por quienes los atacan, deslegitiman, desprestigian y amenazan para impedir que brille la justicia y paguen los actores e inspiradores de los falsos positivos.

Si en Colombia se castiga a los responsables de estos crímenes, no solo a los peones sino a los alfiles, y se llega hasta los niveles más altos de esas cadenas de mando que permitieron tales bochornosos hechos, podremos estar seguros de que la Corte Penal y la comunidad internacional estarán tranquilas. Y los familiares de las víctimas también.

La naturaleza se ha ensañado con el país más pobre de América. Haití fue sacudida por un terremoto que dejo más de cien mil muertos, tres millones de damnificados, el país destruido y más empobrecido. Arruinado. Sin futuro. El país quedó en manos de la solidaridad internacional y de su propia capacidad de convocar ayuda y reinventarse en medio del desastre.

Haití es sinónimo de miseria. Es un pueblo afrocaribeño, francoparlante, históricamente ligado a las dictaduras, la expoliación de su riqueza, la pobreza, el vudú. La inviabilidad como Estado. Y sin embargo, es un país que convoca las miradas del mundo por su atrayente cultura y su historia de héroes en la época de la independencia: el segundo país en alcanzar la independencia, el primero en ser gobernado por ex esclavos.

Ese pequeño país es hoy el infierno. Las imágenes de su destrucción sacuden hasta al más indolente. Miles de cadáveres apilados unos sobre otros, tirados en la calle en descomposición, fosas comunes en donde han enterrado a miles de personas. Hordas de hombres armados que luchan por un pedazo de pan, un poco de agua, pero también por saquear lo poco de valor que haya quedado entre las ruinas, incluso una bolsa de patatas, café, azúcar. Algo que llevar a la boca.

El terremoto de Haití ha convocado la solidaridad internacional, pero el mundo sabe que esa nación necesita mucho más que ayuda de emergencia y socorristas. Haití necesita ser refundada. Aprovechar el desastre de la naturaleza como una oportunidad divina para reinventarse. Para comenzar de nuevo y emerger de entre las ruinas como una nación viable, democrática, soberana, que atraiga el turismo, la inversión extranjera, las agencias de cooperación.

El Presidente Obama, el primer mandatario afroamericano en la historia de Estados Unidos, ha expresado su compromiso con la reconstrucción de Haití. Ha enviado soldados, portaviones, para garantizar el restablecimiento del orden. Pero se necesita mucho más. Se requiere el liderazgo de Naciones Unidas, un Fondo para la reconstrucción, fortalecer la débil democracia, y miles de millones de dólares para sembrar futuro.

El dolor de los haitianos es la vergüenza de América. Del mundo. Pero ese dolor hay que convertirlo en voluntad política para transformar lo que la naturaleza ha enterrado. Un fondo mundial para la reconstrucción no se puede quedar en simples promesas. Hay que dejar el armamentismo y la carrera veloz por la conquista militar del planeta, para conquistar la solidaridad, la justicia social, la equidad, la democracia en Haití.

Haití merece otra oportunidad. Obama puede pasar a la historia como el líder al que le importó más la seguridad humana en su patio trasero, que ganar las guerras pérdidas de Irak y Afganistán, en donde Estados Unidos ha invertido tanto presupuesto que podría haber construido una nación de rascacielos y no un infierno en el desierto. Ahora pude inventarse una nación afroantillana, de esclavos de la pobreza que se redime después de la catástrofe.

Mañana será Navidad. Y el mundo entrará por unos días en una de las épocas más hermosas del año. En medio de tantas tormentas, de tanta injusticia social y tantos retos para la humanidad, como la guerra y el cambio climático, estar en familia, con los seres que amamos y nos aman, nos permite recargar las baterías y tener confianza en el futuro.

Navidad para mí es una de las fechas más hermosas, porque siempre he estado en familia, con mi madre y mis hermanos, con Rosita, nuestros hijos y nietos. Y disfruto mucho las tradiciones colombianas, en medio de mis recuerdos de infancia con mi padre, cantando y riéndonos en casa.

Sé que no todos los colombianos tendrán las mismas oportunidades de estar en casa con los suyos. Ni de compartir el calor de un abrazo o recibir un regalo. Pienso en el dolor de los soldados y policías secuestrados por las Farc, algunos desde hace 12 años, quienes han permanecido atados a los árboles, víctimas de toda clase de vejámenes contra su dignidad, impotentes ante la adversidad, sin que nadie pueda encontrar la llave que les devuelva la vida.

Me duele el sufrimiento de sus familiares y me atormenta que sigan siendo el símbolo de la tragedia colombiana. Cómo no indignarse por cada día que ellos continúan pudriéndose en vida. Navidad para ellos, y para sus esposas, hijos, padres y hermanos, seguirá siendo una tristeza infinita y una soledad sin nombre.

El mejor regalo que podríamos tener en este fin de año sería alcanzar su liberación inmediata. Pero ese milagro no ha sucedido porque ni los tres Reyes Magos han podido conmover el corazón de quienes tienen las llaves de las cadenas que los atan a esa ignominia. De los plagiarios, que los convirtieron en un botín de guerra y luego en su peor derrota política; pero también de quienes han impedido que el profesor Moncayo se abrace con su hijo, secuestrado hace 12 años.

La Navidad tampoco será alegre para la familia del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, plagiado por las Farc en su propia casa.

Cada año, los colombianos pedimos que suceda la liberación de todos los secuestrados. Este año se logró el regreso de algunos, gracias a la gestión de Piedad Córdoba y a la acción de las Fuerzas Militares. Pero no es suficiente. No habrá Navidad feliz hasta que en Colombia desaparezca el secuestro, ningún niño se muera de hambre, regresen a sus casas los cuatro millones de desplazados víctimas de la guerra, estemos reconciliados con los países vecinos, tengamos un horizonte de convivencia y nos reconozcamos como una nación tolerante y democrática.

A mis amigos en toda Colombia les deseo una feliz Navidad. Los invito a luchar con fe y esperanza por un nuevo país. Con Rosita, nuestros hijos y nietos encenderemos mañana una vela y rezaremos una oración para que pronto hallemos la paz que nos merecemos.

Al finalizar las guerras es un imperativo histórico y moral conocer la verdad de lo que aconteció. Saber quiénes propiciaron el horror de las masacres, los crímenes de lesa humanidad, el destierro, el desplazamiento forzado, los fusilamientos y las desapariciones. Saber quiénes dieron las órdenes a los sicarios y dictaron las sentencias de muerte contra personas y comunidades enteras.

En Colombia no ha terminado el conflicto armado interno, pero la verdad da destellos de luz en medio del horror que producen las declaraciones de quienes perpetraron crímenes atroces ordenados por personas cuyos nombres aún desconocemos.

Paramilitares confesos que declaran en los procesos de Justicia y Paz, han relatado a cuentagotas o en chorros de verdades, la capacidad de daño que exhibieron en Urabá, Córdoba, Sucre, Norte de Santander o los Montes de María, por citar algunos lugares en donde las motosierras destrozaron el sueño de la democracia e impusieron la tiranía del narcotráfico y la barbarie, a plena luz del día y ante los ojos de todos.

Verdad, justicia y reparación son los ejes de cualquier proceso de reconciliación. Alcanzar esos objetivos es un largo y difícil camino mientras no se silencien los fusiles y se llegue a un nuevo pacto social. Colombia está intentando alcanzar justicia y reparación, tras el proceso con las AUC.
Pero no llega la verdad. No solo porque muchos de los comandantes paramilitares fueron extraditados y cuando hablan desde las prisiones de Estados Unidos no les creen, sino también porque quienes hablan son amenazados y sentenciados a muerte por sus enemigos incrustados en los poderes mafiosos, para silenciarlos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los paramilitares han reconocido ser los autores de más de 25 mil muertes.

Por todo eso, tiene razón la Corte Suprema de Justicia cuando señala la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, que nos revele todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que no se quiere dejar salir a flote luego del proceso con los paras. Las víctimas tienen derecho a la verdad, por la que ruegan todos los días. Pero también los demócratas, que pedimos castigo ejemplar para quienes propiciaron la debacle.

Sobre todo después de escuchar a personajes como alias Caracortada, a quien le ordenaron arrasar poblaciones enteras y le pusieron una cuota diaria de 20 asesinatos en los Montes de María. Tarea que cumplió sagradamente durante casi cuatro años. Cuando fue capturado ya ese grupo había matado a cerca de ocho mil personas en la zona. ¡Qué horror! Con la ayuda de agentes del Estado, de autoridades locales, policiales y militares, políticos y gamonales.La iniciativa de la Corte Suprema ha recibido el apoyo de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es hora de que el Estado, la Iglesia, el conjunto de la sociedad civil y los medios, iniciemos el debate. Todos tenemos una cita con la verdad.

El paramilitarismo es la peor amenaza a nuestra democracia. A pesar del proceso de paz que adelantó el Gobierno Nacional con esas fuerzas vinculadas al narcotráfico, que permitió la desmovilización de más de 35 mil hombres y el reconocimiento de más de 25 mil crímenes, sus tentáculos siguen extendiéndose por todo el territorio, generando masacres, desplazamiento, incertidumbre.

No hay un solo día en que los medios, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las ONG de derechos humanos, los dirigentes de oposición, no denuncien un acto de barbarie cometido por los nuevos grupos paramilitares, integrados por hombres y mujeres que responden a la lógica del terror de la población, el dominio territorial, la apropiación de los recursos del Estado, la toma del poder político.

Para desgracia de Colombia, la larga noche del paramilitarismo no terminó con la paz que firmaron Jorge 40, Mancuso, don Berna y otros criminales. Ellos dejaron intactas sus estructuras y pareciera como si solo hubieran entregado los uniformes, las armas inservibles y a 35 mil hombres y mujeres reclutados a última hora para la foto. Pero la verdad de sus delitos de lesa humanidad ha sido soltada a cuentagotas. Y aún así causa horror y avergüenza a la nación y al mundo. Con el agravante de que no dicen toda la verdad, por una parte, y por otra practican el procedimiento de “meter a todo el mundo” para agravar la situación y de esa manera alcanzar una impunidad general.

Falta mucho por decir, falta mucho por aclarar. No estando todos los que son, ni siendo todos los que están, falta conocer los nombres de quienes los financiaron, apoyaron y fueron determinadores de miles de delitos atroces. Se conoce apenas la punta del iceberg de que lo que ha significado el poder devastador del paramilitarismo en Colombia, que ha permeado a toda la sociedad y no ha dejado ninguna capa social sin corromper. La impunidad amenaza con envolver esos delitos. La Corte Penal Internacional tiene una enorme tarea por realizar.

El paramilitarismo sigue vivo. Ese monstruo de cien cabezas no ha muerto. Pareciera como si no existiera chalán capaz de dominar tal potro salvaje. Los nuevos líderes de esas agrupaciones ilegales han continuado su guerra contra la democracia amparados en el terror, aferrados al narcotráfico. Están fuertes como hace siete años, ejecutando los mismos actos criminales. Expandiendo sus negocios, cuidando sus plantaciones, dominando la política. Robándonos el futuro.

En el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Guaviare, Meta, Bolívar, Nariño, el Magdalena Medio, el occidente de Caldas y el oriente de Risaralda, la OEA denuncia el rebrote paramilitar. En el Chocó y Norte de Santander se denuncian reclutamientos masivos.

La seguridad democrática sigue en deuda en este campo. Colombia es un enorme laboratorio de guerra en donde la paz no se asoma. El futuro es incierto y no se ve la luz al otro lado del túnel. Y el país sigue diciendo en las encuestas que somos felices.

Los mercaderes de armas están de fiesta. El mundo se ha convertido en un inmenso supermercado de compra y venta de todo tipo de instrumentos de muerte. América Latina no es la excepción. Lo paradójico es que son los países pobres los que están sacando de la crisis económica a las potencias, al destinar sus menguados presupuestos a la compra de aparatos de destrucción que tal vez nunca se usen, pero que en los juegos de la piromanía regional constituyen enorme peligro.

Llegó la hora de la diplomacia. De congelar las chequeras, conectar el cerebro y escuchar las voces de quienes desde todos los lugares del continente clamamos por una América en paz.
Los medios de comunicación publican todos los días las nuevas compras del vecindario. Una larga lista de artefactos que van desde submarinos nucleares, misiles tierra aire y corbetas, hasta fusiles, radares y bases militares. Una oleada de compras y situaciones que generan cambios dramáticos en la geopolítica regional y encienden las alarmas.

Rusia, Francia, Israel, Estados Unidos, China. Todos en jolgorio con los ímpetus militaristas que se pasean por el continente. En aras de la disuasión, se está creando enorme confusión. El nuevo orden internacional que se está generando, tras el fin de la era neoconservadora de Bush, es cada día más caótico. Hemos pasado de la guerra contra el terrorismo, al terrorismo mediático de la guerra, que ya no es fría, sino que se vuelve caliente en las naciones con narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, pobres, lunáticos y sátrapas.

Un terrorismo que acaba con la confianza entre los pueblos, cierra los espacios a la diplomacia, legitima el uso de la fuerza e hipoteca el futuro de los pueblos. Los condena al miedo y la pobreza.
Lo que sucede en América Latina debe preocuparnos. Se acabó la tranquilidad. Los pueblos obligados por la historia a la unidad parecen condenados a la disolución. A la alineación con fuerzas que pregonan la ley del más fuerte. No hay razón para quedarnos quietos. Para no actuar. Lo que sucede más allá de nuestros límites debe ser tema central de la agenda pública.
Hay que detener el armamentismo en la región y levantar de una vez por todas las banderas de la reconciliación. Hay que superar el estado de desconfianza que siembran en el corazón de las naciones quienes necesitan países divididos, envilecidos por el odio y la desconfianza.

Expreso mi llamado a la diplomacia. Al diálogo. A que Colombia se siente en una mesa con Venezuela y Ecuador para superar los impases que han permitido que los mercaderes de la muerte se deshagan de sus saldos. Necesitamos desterrar del continente la palabra guerra. Los demócratas exigimos que se respete el mandato natural de la integración.

Es insólito que cuando todos creíamos que con Obama había llegado el tiempo de la paz, solo se hable de rearme y guerras inminentes. Absurdo. Parafraseando la conocida sentencia, toca decirles a los líderes del continente: es la paz, estúpidos.

Demacrados, acabados, tristes. Desconsolados. Desesperanzados. Con el corazón en jaque y sin un espacio para soñar. Así se vieron las nuevas imágenes de los miembros de la Fuerza Pública en poder de las FARC, algunos desde hace 12 años. ¡Vergüenza para un Estado que se precia de seguro y democrático!

Colombia no puede seguir mirando hacia otro lado, como si el drama de los miembros del Ejército y la Policía en manos de la guerrilla no fuera un tema trascendental, que debería mover la solidaridad nacional e internacional y la decisión política del Gobierno para permitir su regreso.

Las declaraciones del General Luis Mendieta, lo dicen todo: “sigo sobreviviendo”. Un acto de heroísmo en medio de tanto desprecio por la vida y la dignidad. Pero también un mensaje a una nación engolosinada con los resultados de la Operación Jaque, que permitió el rescate de Ingrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y un grupo de uniformados.

Pero quienes siguen en la selva, pudriéndose en vida, con el alma rota y la dignidad pisoteada, cayeron en el olvido. A casi nadie le importa su suerte. Mientras tanto los secuestrados se hacen más viejos, más vulnerables, más perdidos en sus frustraciones. Y no somos capaces de romper las cadenas y devolverlos a la vida.

Hace bien Piedad Córdoba en mantener en alto, con tesón, la bandera de la liberación de esos compatriotas. A pesar de los desplantes, las malintencionadas críticas, las maniqueas caricaturas de su lucha por la paz, las acusaciones de guerrillera, es de las pocas personas que con valentía mantiene viva la consigna de la libertad de los plagiados.

Las nueve pruebas de supervivencia que ha logrado tienen que conmover al país y al mundo. Pero sobre todo a quienes tienen las llaves para su liberación. Ni la Iglesia, ni los países amigos, ni el Sagrado Corazón de Jesús, parecen poder revocar la orden de dejarlos podrir en la selva hasta que las FARC los liberen sin ninguna contraprestación, los rescaten a sangre y fuego o se mueran en el camino.

Lo que ha sucedido con esos compatriotas debe dolernos. Hemos sido incapaces de defender la honra, la vida y la libertad de quienes se jugaron todo por la democracia. Y con razón hoy se sienten abandonados a su suerte y traicionados por el Estado. Tiene razón el sargento Arbey Delgado en su reclamo al Gobierno Nacional. “¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos seres humanos? ¿Acaso somos animales?”.

Por desgracia, no hallará pronta respuesta. Porque mientras se crea en el rescate militar, será casi imposible el intercambio humanitario. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Porque este país esta embobados con la agenda del referendo, de espaldas a los grandes problemas con el vecindario y mirándose el ombligo como si este fuera el paraíso. Mientras en la selva los plagiados padecen el infierno. Regresarlos, liberarlos, devolverlos a sus familias, es una cuestión de solidaridad y dignidad nacional. ¿Es muy difícil entenderlo?

El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que permitirá el uso de siete bases militares al ejército más poderoso del mundo en la nación más estratégica del Continente, tiene con los pelos de punta a los líderes regionales y han convertido la próxima cumbre de Unasur en centro de la atención continental.

El acuerdo militar ha sido tema de debate global, no solo por tratarse de un instrumento en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino por sus implicaciones geoestratégicas y políticas, en un continente en donde Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sienten amenazada su seguridad.

La voz de los líderes regionales se ha hecho sentir para exigir claridad y transparencia sobre el tema, pero sobre todo garantías de que se respetarán sus fronteras y el acuerdo nunca se convertirá en un instrumento de expansión imperialista, ni en punta de lanza de futuros ataques contra las revoluciones socialistas y los movimientos políticos de izquierda de la región.

El acuerdo, según se ha conocido, se negoció en secreto por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Así que no se trata de un asunto de última hora, sino de algo que se encontró en el camino el Presidente Obama y ahora defiende con ahínco la secretaria Clinton. Pero que preocupa al presidente Lula, el líder pausado y sereno de Brasil y timonel de Unasur.

Brasil ha dicho que el acuerdo amenaza su seguridad nacional. Igual creen Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y son muchas las reservas de Argentina, Chile y México. Estamos asistiendo a un nuevo nivel de la cooperación colombo-americana y a una escalada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en tiempos en los que Obama ha dicho que habrá un nuevo concepto sobre el tema.

La cumbre de Unasur es el escenario ideal para esclarecer todas las dudas. Lula ha invitado a Obama a darle la cara a los latinoamericanos y ofrecer las explicaciones que hasta ahora se han negado, con el argumento de que es un asunto bilateral entre Bogotá y Washington. Unasur, con tan solo un año de creada, afronta su verdadera prueba de fuego. El presidente Uribe, poco dado a sentarse con sus similares a rendir cuentas, seguramente tendrá que poner el pecho.

En los actuales momentos la diplomacia colombiana necesita reestructurarse y mostrarse como una política autónoma y real. Porque hasta ahora parece un apéndice de los intereses del Departamento de Estado. No podemos dejar que prospere el criterio de que Colombia vive de espaldas a América Latina y de rodillas a los Estados Unidos.

Ir a Unasur a dar explicaciones y dar la cara será la mejor forma de demostrar que el acuerdo no es la apuesta máxima por la solución militar del conflicto armado interno, y un nó rotundo a la paz, la integración y la cooperación regional. Unasur es una oportunidad para retomar el camino de la diplomacia.

Estoy incondicionalmente con Colombia. Soy solidario con el Presidente Uribe en su defensa de los intereses nacionales y respeto su fuero en el manejo de la política internacional. Pero me resulta obligante hacer las siguientes reflexiones.

Nunca se había notado tanto la falta de una política exterior colombiana como ahora, cuando nuestros vecinos nos tiran la puerta en la cara y de poco sirven las giras del Presidente Uribe para explicar las razones que lo llevaron a permitir el uso de siete bases militares por parte de Estados Unidos.

Hoy parece realidad lo que de tiempo atrás se presagiaba: Colombia se convirtió en un vecino problemático, que amenaza la integración latinoamericana y la paz regional; un país que exporta sus problemas domésticos y convierte a sus principales aliados en enconados enemigos.

Durante años se promovió la integración latinoamericana, la apertura a nuevas naciones e incluso presidimos la organización de Países No Alienados. Pero en los últimos años, la única política exterior es la alianza total con Estados Unidos. Primero con Bush, en su cruzada antiterrorista, que convirtió a nuestro país en su socio predilecto, para el que siempre estaban las puertas abiertas y listo el tapete rojo. Y ahora con Obama, un Presidente que genera confianza e inquietudes.

Las cosas han cambiado. Si antes solo se trataba de unos contratistas que actuaban en algunas de nuestras bases, ahora un tratado permitirá que miles actúen en las tres cordilleras y los dos océanos. La paradoja es que con Obama es entrega total y un mensaje de provocación desde un país que tiene en el preámbulo de su Constitución la integración latinoamericana.

¿Por qué ese tratado no se negoció de cara al país, y no se ha presentado a consideración del Congreso de la República? ¿Por qué el Presidente no lo explicó con anticipación a sus colegas? ¿Por qué la Cancillería no dio la cara?

El vecindario está alarmado. Desde Caracas hasta la Patagonia se escuchan los reclamos. Y de urgencia se están convocando cumbres para sentar a Colombia, pedirle explicaciones y hacerle observaciones. Obama ha tratado de apagar el incendio. Pero es evidente que todo cuanto sucede corresponde a la improvisación de una Cancillería que no cita a la Comisión de Relaciones Exteriores, desconoce el Congreso y no sabe para dónde va.

Hace rato que los problemas domésticos de Colombia se convirtieron en asuntos globales. La guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común, el desplazamiento forzado, son temas que afectan al mundo. Y desde afuera se preguntan qué hacer para contener y protegerse de esos fenómenos. Colombia debería replantearse seriamente el papel que quiere jugar en el ajedrez internacional y pensar en las consecuencias de despreciar a sus vecinos.

Ecuador y Venezuela nos han cerrado sus mercados. Lo que significará más pobreza. ¿Podemos darnos esos lujos en medio de semejante crisis económica mundial? No es válido seguir cogiendo a patadas la lonchera. Lo sensato es rescatar la política y poner a actuar la diplomacia.

Comenzó una interesante polémica sobre el “Estado de Opinión”, planteamiento del Presidente Uribe para señalar que el querer del pueblo determina el compromiso del gobernante y la acción de las autoridades.

Se estima que es un ejemplar reconocimiento democrático al pueblo en el marco de la denominada “soberanía popular”, planteado por un gobernante que goza de amplios márgenes de confianza ciudadana. Pero han surgido las especulaciones y en estos momentos de tanta incertidumbre política y electoral es saludable que se aclaren las cosas para evitar más desajustes.

Amigos del gobierno aseguran que el Estado de Opinión es la sublimación de la democracia participativa, el cual permite gobernar por encima de la ley atendiendo solo los deseos de la ciudadanía, a la que se le debe tomar el pulso en encuestas y sondeos, en cartas y documentos con muchas firmas, en manifestaciones públicas, y en otras maneras que identifiquen una opinión colectiva.

Uno podría entender que son argumentos para discutir. ¿Se trata de volver a la época del ágora? ¿Para qué el Congreso? ¿Para qué las leyes, si se puede dirigir el país a golpes de opinión? ¿En qué queda la tesis según la cual una democracia exige para su funcionamiento reglas del juego claras, permanentes, estables, previamente establecidas, de general aceptación?

El asunto merece reflexión y amplias discusiones, lo que haría de este ejercicio una oportunidad para aclarar dudas, cubrir vacíos, hacer nuevas interpretaciones y fortalecer el sistema político. Lo pernicioso de las especulaciones que menciono tiene que ver con que se habla de aplicar ya, “aquí y ahora”, estos “novedosos” criterios, antes de que los colombianos nos vayamos por el despeñadero de la Constitución y el Estado de Derecho. ¡Que tal!

En ese sentido, hay que hacer encuestas y atender sus resultados como máxima orientación popular a los gobernantes. Para eso son las preguntas sobre favorabilidad e intención de voto, dicen. Y plantean que si aún se tienen arcaicos escrúpulos legalistas, para preguntar sobre la reelección no se requiere el referendo, hoy en estado de coma, sino acudir directamente al “constituyente primario” por medio de una Consulta, según el Art. 104 de la Constitución.
La norma dice: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.

Es el famoso Plan B, todo un “zelayaso” al mejor estilo constitucional.

A esta hora ya deben estar plenamente definidas las reglas para las elecciones del año entrante y no es procedente que tan mañosamente se pretenda lesionar el sistema electoral. No es posible que frente al fracaso del referendo se acuda a una norma creada para fines más altruistas. No es procedente, no es ético ni democrático, consultar un beneficio particular a favor del consultante. No fue esa la Constitución que se expidió en 1.991.

Muchos confiamos en que el Presidente Uribe no se dejará meter en semejante atropello.

Colombia es la casa del horror. En eso la han convertido en los últimos años los grupos paramilitares que fueron creados por una alianza siniestra de sectores políticos, narcotraficantes, militares, terratenientes, comerciantes y ganaderos con el objetivo de apropiarse del Estado, secuestrar la voluntad popular y demoler la democracia.

Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.

La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.

Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.

Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.

La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.

Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.

La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.

Los demócratas estamos celebrando los 18 años de la Constitución de 1991, que ha alcanzado su mayoría de edad. A pesar de las 28 enmiendas que se le han hecho y de los permanentes intentos por desmontarla y volver al viejo espíritu centralista de la Carta de 1886, la Constitución de la paz sigue vivita y coleando. Y esa es una buena noticia.

La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.

El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.

Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?

Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.

En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.