Comenzó una interesante polémica sobre el “Estado de Opinión”, planteamiento del Presidente Uribe para señalar que el querer del pueblo determina el compromiso del gobernante y la acción de las autoridades.

Se estima que es un ejemplar reconocimiento democrático al pueblo en el marco de la denominada “soberanía popular”, planteado por un gobernante que goza de amplios márgenes de confianza ciudadana. Pero han surgido las especulaciones y en estos momentos de tanta incertidumbre política y electoral es saludable que se aclaren las cosas para evitar más desajustes.

Amigos del gobierno aseguran que el Estado de Opinión es la sublimación de la democracia participativa, el cual permite gobernar por encima de la ley atendiendo solo los deseos de la ciudadanía, a la que se le debe tomar el pulso en encuestas y sondeos, en cartas y documentos con muchas firmas, en manifestaciones públicas, y en otras maneras que identifiquen una opinión colectiva.

Uno podría entender que son argumentos para discutir. ¿Se trata de volver a la época del ágora? ¿Para qué el Congreso? ¿Para qué las leyes, si se puede dirigir el país a golpes de opinión? ¿En qué queda la tesis según la cual una democracia exige para su funcionamiento reglas del juego claras, permanentes, estables, previamente establecidas, de general aceptación?

El asunto merece reflexión y amplias discusiones, lo que haría de este ejercicio una oportunidad para aclarar dudas, cubrir vacíos, hacer nuevas interpretaciones y fortalecer el sistema político. Lo pernicioso de las especulaciones que menciono tiene que ver con que se habla de aplicar ya, “aquí y ahora”, estos “novedosos” criterios, antes de que los colombianos nos vayamos por el despeñadero de la Constitución y el Estado de Derecho. ¡Que tal!

En ese sentido, hay que hacer encuestas y atender sus resultados como máxima orientación popular a los gobernantes. Para eso son las preguntas sobre favorabilidad e intención de voto, dicen. Y plantean que si aún se tienen arcaicos escrúpulos legalistas, para preguntar sobre la reelección no se requiere el referendo, hoy en estado de coma, sino acudir directamente al “constituyente primario” por medio de una Consulta, según el Art. 104 de la Constitución.
La norma dice: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.

Es el famoso Plan B, todo un “zelayaso” al mejor estilo constitucional.

A esta hora ya deben estar plenamente definidas las reglas para las elecciones del año entrante y no es procedente que tan mañosamente se pretenda lesionar el sistema electoral. No es posible que frente al fracaso del referendo se acuda a una norma creada para fines más altruistas. No es procedente, no es ético ni democrático, consultar un beneficio particular a favor del consultante. No fue esa la Constitución que se expidió en 1.991.

Muchos confiamos en que el Presidente Uribe no se dejará meter en semejante atropello.

Colombia es la casa del horror. En eso la han convertido en los últimos años los grupos paramilitares que fueron creados por una alianza siniestra de sectores políticos, narcotraficantes, militares, terratenientes, comerciantes y ganaderos con el objetivo de apropiarse del Estado, secuestrar la voluntad popular y demoler la democracia.

Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.

La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.

Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.

Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.

La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.

Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.

La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.

Los demócratas estamos celebrando los 18 años de la Constitución de 1991, que ha alcanzado su mayoría de edad. A pesar de las 28 enmiendas que se le han hecho y de los permanentes intentos por desmontarla y volver al viejo espíritu centralista de la Carta de 1886, la Constitución de la paz sigue vivita y coleando. Y esa es una buena noticia.

La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.

El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.

Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?

Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.

En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anda en campaña para revivir la inmunidad parlamentaria, una figura que la Constituyente de 1991 revocó para garantizar que en ningún caso los delitos cometidos por los congresistas gozaran de impunidad.

El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, llegó a la Cámara de Representantes, como una manera de blindarse de los muchos delitos que había cometido. Ya en el Congreso, con inmunidad, ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Como Representante a la Cámara, fui ponente del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar, cuya captura fue ordenada por un juez. Mientras se surtía el trámite de esa iniciativa tuvo el tiempo suficiente para burlar la acción de las autoridades, entrar a la clandestinidad e iniciar la peor campaña de terror contra Colombia, las instituciones y el conjunto de la nación.

Revivir la inmunidad parlamentaria es una provocación y una afrenta a las víctimas de la acción de los paramilitares, quienes hicieron causa común con algunos políticos, se tomaron el poder local y regional a sangre y fuego e impusieron un régimen de terror que les permitió quedarse con el 40 por ciento del Congreso, si no más.

Hoy muchos congresistas están siendo investigados por el escándalo de la parapolítica. Mancuso, Jorge 40, H.H, el Alemán, Don Berna, casi todos los jefes paramilitares extraditados han revelado esa alianza siniestra, que le costó la vida a miles de personas y permitió el ascenso de esa expresión criminal de extrema derecha y la consolidación de un Estado mafioso, que está siendo desmontado gracias a las valientes denuncias de Petro y la acción decidida de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué habría pasado en Colombia si existiera la inmunidad parlamentaria? Que quizá estaríamos convertidos en un verdadero estado paramilitar, una auténtica república bananera, gobernada por castas armadas, mafiosas y corrompidas, con derecho a disponer de la vida, honra y bienes de los más débiles, sin que nadie pudiera castigarlas. Un Estado, con cuatro millones de desplazados, dicen de nuestra tragedia.

Por eso, hablar de la inmunidad parlamentaria es una afrenta a quienes reclamamos justicia. A quienes creemos en la democracia y luchamos todos los días para mejorarla. A quienes creemos en el Estado de derecho y valoramos los logros de la Constitución de 1991.

Desmontar esa norma y volver a los viejos tiempos de Pablo Escobar, es darles a los delincuentes una razón más para sicariar a Colombia, para corromper aún más el Congreso y legitimar su desprecio por la ley y la vida. Para descomponer aún más la clase política.

Pero sobre todo, es un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en guardiana de la Constitución y la democracia. ¡ No a la impunidad parlamentaria !

Plantear una nueva Constituyente cada vez que a alguien o a algún grupo se le ocurre que el Congreso no puede aprobarles las leyes que necesitan se ha vuelto una costumbre. Pero la verdad es que todo, menos una Constituyente, es lo que necesitamos hoy en Colombia, especialmente, si se trata de buscar un artículo que permita la reelección indefinida.

La idea surgió en los últimos días a raíz de las dificultades que han tenido los amigos del referendo para que se permita un tercer mandato presidencial consecutivo. La iniciativa no cayó bien en muchos sectores, especialmente en los versados en constitucionalismo, que entienden que se trata de un proceso largo y dispendioso que necesita mayor tiempo, múltiples consensos y un andamiaje financiero y político mayúsculo. Cosas que no se ven en el horizonte.

La Constituyente es un acuerdo social que permite construir nuevas reglas de juego democrático. No se convoca para favorecer a una sola persona o un sector político, económico, étnico, militar o irregular. Se trata de que todos los ciudadanos se sientan a gusto con las nuevas reglas, precisamente porque han estado presentes en cada uno de los pasos que han permitido ese escenario.

La Constituyente no es, ni puede ser, una imposición casuística, ni de los sectores más influyentes y poderosos, que buscan saltar los caminos normales para tramitar sus demandas específicas y sectoriales.

Cuando en Colombia se convocó la Constituyente de 1991, se vivía un fervor renovador de las costumbres políticas y un amplio sector de jóvenes universitarios quería participar y dejar huella. La Constitución de 1886 resultaba caduca. Pero sobre todo, el país se hallaba transitando el camino de la paz y la reconciliación, y participar en la Constituyente era una condición insalvable para firmar los acuerdos de paz y la desmovilización. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se acogieron a la institucionalidad gracias a ese acuerdo político. La Constituyente fue el camino de la paz.

Ese proceso fue histórico precisamente porque significó un amplio consenso nacional, en el que todos los sectores se vieron representados. Indígenas, negros, ex guerrilleros, estudiantes, sindicalistas, maestros, partidos políticos. Allí trabajamos cinco meses diseñando un nuevo país, con reglas de juego que permitieran soñar con la reconciliación, la equidad, la solidaridad, la participación ciudadana, la integración latinoamericana.

Si bien la Constitución de 1991 ha sido desmontada gradualmente, y sus enemigos han logrado avances, su espíritu sobrevive y sus guardianes no se rinden ante el poder intimidatorio de las encuestas, especialmente los miembros de las Altas Cortes, que han logrado mantener el Estado de derecho y sostener el andamiaje constitucional.

No creo oportuno pensar hoy en una nueva Constituyente. Resulta un exabrupto. Sobre todo si no hay en el horizonte un proceso de paz, ni un deseo popular de reformar las instituciones políticas o las relaciones de poder en el seno de nuestra sociedad. Es un mero embeleco en el que nuestra democracia no puede caer.

La Organización de Estados Americanos, OEA, tomó una determinación histórica al derogar la resolución emitida el 31 de enero de 1962, mediante la cual se expulsó a Cuba del Sistema Interamericano. Se necesitaron 47 años y un cambio esencial en el clima político mundial para tomar una decisión de esa magnitud que abre nuevas esperanzas de integración Americana.

La expulsión de Cuba de la OEA se dio en el marco de la guerra fría, cuando Estados Unidos impulsó ese mecanismo para aislar a los regímenes Marxistas. Colombia fue promotor de esa medida, que acabada la guerra fría y registrado el fin del Comunismo parece una estatua a la intolerancia y una bofetada a la inteligencia.

La nueva decisión interpreta las actuales realidades globales y, sobre todo, los profundos cambios que ha vivido el continente, gracias a los mandatos de izquierda democrática de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Krischner en Argentina, Mauricio Funes en El Salvador y Fernando Lugo en Paraguay.

También, a la presencia de Barack Obama, quien cambió los paradigmas y está imponiendo una agenda de entendimiento y diálogo entre los pueblos. Con Bush en la presidencia era impensable una medida de ese tipo, principalmente por el influyente lobby que ejerce la extrema derecha cubano americana, que con sus Senadores y Representantes alzaba la voz en Washington y Miami cada vez que se insinuaba un cambio de política hacia la isla.

Con Obama y Hillary Clinton la política internacional de Estados Unidos ha dado un giro radical, que va más allá de la guerra en Irak o Afganistán, y tiene como norte recuperar el respeto y la dignidad del pueblo norteamericano, desprestigiado por los anteriores gobernantes, quienes violaron las normas del derecho internacional, trapearon con Naciones Unidas y manosearon a la OEA hasta el cansancio.

Volver a mirar hacia América Latina pasa por el meridiano de reivindicar a Cuba en la OEA. Así lo ha entendido Obama. Y lo hace, además, por razones estrictamente pragmáticas: entre más aliados tenga Estados Unidos, mejor. Y, de paso, le quita el sabor amargo a las demandas recurrentes de los países amigos de Cuba para alcanzar ese reintegro.

Cosa que, por lo demás, no sucederá. Fidel y el gobierno de la Isla han sido claros en que no volverán a la OEA, sino que Cuba espera el fin de ese sistema y la construcción de otro escenario.
Pasará algún tiempo antes de que se construya un nuevo espacio de integración regional que incluya a Cuba y a Estados Unidos en el mismo tinglado. Será cuestión de tiempo y de muchas negociaciones.

Lo que debería seguir, y ese debe ser el próximo paso de esta estrategia de integración de Cuba, es el levantamiento del embargo económico, decretado unilateralmente por Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas. Esa medida ha sido un estruendoso fracaso y una afrenta para los latinoamericanos.

Salvatore Mancuso quiere hablar. Ha mandado toda clase de mensajes. El último se lo dio a la senadora Piedad Córdoba y a Iván Cepeda, con quienes se entrevistó en una cárcel privada en Washington.

Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.

Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.

Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.

Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.

Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.

Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.

El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.

Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.

Watergate fue un chiste frente a lo que esta ocurriendo con el escándalo de las chuzadas del DAS. Colombia no deja de sorprenderse con cada revelación que se conoce de esta conspiración para perseguir a la Corte Suprema de Justicia, intimidar a la oposición, escuchar ilegalmente a los periodistas y tejer una patraña digna de una autocracia.

El DAS dejó de ser un instrumento de seguridad interna para convertirse en una amenaza a la democracia. En una vergüenza. Hoy no debe existir. Los paramilitares infiltraron esa institución y luego se la tomaron, con Jorge Noguera a la cabeza, denunciado por varios testigos como miembro activo de las AUC, quien le reportaba directamente a Jorge 40 y a otros jefes de esa organización terrorista.

También se sabe que allí se recolectaba información de inteligencia contra líderes sindicales, estudiantiles, políticos, que luego se le entregaban a los paramilitares para que los asesinaran. Como sucedió con el profesor Andreís, en Barranquilla.

Una aberración de tal naturaleza no se ha visto en ningún otro Estado. Algo peor que los falsos positivos, que mantienen alertado al mundo entero, en especial a la Corte Penal Internacional. Hace rato dije que lo que había pasado con la captura paramilitar del DAS es como si Al Qaeda se hubiera tomado la CIA. Solo que en Colombia no pasa nada porque el buen muchacho que era Noguera está bien apadrinado y hay quienes se atreven a defenderlo, sin pudor alguno, desde las páginas editoriales de El Tiempo.

La Fiscalía lo ha acusado de haber ordenado la muerte de cuatro personas, pero nadie tiene muchas esperanzas de que la ley lo castigue.

Pero la salida de Noguera del DAS no significó la depuración de esa entidad. Las mafias del paramilitarismo siguieron entronizadas allí como si nada. Comprando información, chuzando, intimidando. Ahora se sabe que las escuchas ilegales nunca han cesado y que posiblemente las órdenes de seguir a la Corte Suprema, surgieron en las oficinas de algunos asesores de la Casa de Nariño. Según se supo públicamente el Capitán Lagos, otrora Jefe de Contrainteligencia, así lo ha planteado ante la Fiscalía, que se apresta a incluirlo en el programa de protección de testigos.

En Perú las cosas terminaron mal para Fujimori cuando se supo que quien mandaba era Montesinos. En Colombia muchos queremos saber quién es el Montesinos criollo que esta detrás de esta estrategia macabra de terror desde una dependencia oficial.

Como si fuéramos enemigos, nuestras voces y nuestros pasos están siendo monitoreados clandestinamente. Me enteré por El Espectador que en el 2006 el DAS infiltró mi campaña presidencial. Nada raro que lo estén haciendo ahora que soy gobernador. Es claro que nadie estará seguro mientras el DAS exista.

Esa institución es un cadáver viviente. Un fantasma tenebroso. Sus recientes ex directivos deben ser juzgados, sancionados. Unos por incapaces, otros por traición a la patria. Por cómplices del paramilitarismo, por enemigos de la democracia. El DAS asusta. Hiede. Que lo sepulten.

Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.

Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.

En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.

El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.

Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.

Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.

En importantes declaraciones para El Nuevo Siglo, el exMinistro del Interior Humberto de La Calle Lombana dijo que “una nueva reelección genera unos desequilibrios importantes en el esquema constitucional del control de poderes”. Y agregó: “creo que lo que hay es que regresar a la no reelección o, incluso, al sistema de 1886 de la reelección alterna por una sola vez”.

El doctor De la Calle sabe muy bien lo que dice, como que fue pieza fundamental en la construcción de la Constitución Nacional en 1991. No lo manifiesta para hacer oposición al gobierno del Presidente Uribe, del que fue Ministro y Embajador, sino porque advierte que el llamado esquema de “pesos y contrapesos”, fundamental para que rija el sistema democrático, se concibió para períodos presidenciales de 4 años. Y cuando se hizo la reforma que permitió la reelección, no se modificaron los otros aspectos constitucionales que tienen que ver con el equilibrio de poderes.

Por eso piensa que debemos regresar a la no reelección, tema que se ha venido tratando más en los círculos académicos que en los espacios de la política.

Vale la pena reflexionar a fondo sobre el tema, e incluso llevarlo al Congreso de la República en un proyecto de Acto Legislativo que enriquecería el debate que se pretende dar a propósito del referendo reeleccionista. Sería provechoso para la democracia colombiana un análisis objetivo, desapasionado, tranquilo, que mas allá de la coyuntura electoral vislumbrara lo que la Nación requiere en esta materia.

Cualquier congresista puede presentar la propuesta, con infinidad de argumentos. Un liberal, respaldando la posición del Partido en la Constituyente, respetada por el Presidente de la época, doctor Cesar Gaviria Trujillo. O un Congresista del Polo Democrático. Incluso alguno de los importantes miembros de la coalición de gobierno que se están manifestando contra el referendo, pues de lo que se trata es de buscarle al país caminos apropiados de convivencia y democracia.

La propuesta podría incluir un aumento del período presidencial, por ejemplo a cinco años, sin reelección, claro, como algunos lo propusimos en la Constituyente. Sería para que la reforma operara hacia el futuro, a partir del nuevo Presidente electo en 2010, con lo que se daría respuesta a los que alegan que cuatro años son insuficientes para una gestión gubernamental seria y eficaz.

Los mismos cinco años se pueden aplicar a Gobernadores y Alcaldes, sin reelección, con los elegidos para comenzar a gobernar en 2012.

Con una reforma de esta naturaleza resultaría dable parafrasear la respuesta de don Miguel Antonio Caro, cuando le preguntaron por qué insistía en volver a los períodos presidenciales de cuatro años, después de que en la Constitución de 1886 los pusieron de seis años: Menos de cinco años es poco para cumplir una labor acertada; mas de cinco años, o el gobernante se cansa del pueblo, o el pueblo se cansa del gobernante.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

He dicho muchas veces que la política es impredecible. Estando ocupado en las tareas propias de la Gobernación de Santander, ni se me había ocurrido la posibilidad de aspirar nuevamente a la Presidencia de la República.

Pero sí lo han comenzado a pensar otras personas, con generosidad y confianza que abruman. En las últimas semanas he recibido visitas, llamadas telefónicas y mensajes electrónicos de amigos que me invitan a examinar esa posibilidad. Argumentos no han faltado para tratar de convencerme. Y me los han presentado con insistencia y convencimiento, hasta el punto de hacerme sonrojar por la exagerada amabilidad con la que se refieren a condiciones, calidades y ventajas de las que no soy consciente.

He entendido estas gratas expresiones como muestras de amistad, que agradezco. No puedo ser tan mentiroso como para decir que me han disgustado. A cualquiera le halaga que otras personas lo elogien y le pidan que asuma una actitud de representación política y ciudadana, sobre todo si es alguien dedicado de cuerpo y alma al servicio público. Soy un político y lo digo con alma y cerebro perfectamente sincronizados. No un político profesional, sino un profesional de la política, como en su momento lo dijera Jorge Eliecer Gaitán.

En su mayoría mis interlocutores al respecto son dirigentes o militantes de mi Partido, que he conocido a lo largo de una lucha de cuarenta años, durante los cuales he tenido victorias y derrotas, satisfacciones y amarguras, absolutamente siempre en las filas del Liberalismo. Gente buena, querida, combatiente, veteranos muchos, pero también jóvenes que me conocieron en la contienda electoral, en la academia, o en el ejercicio gubernamental.

Lo curioso del caso es que no han sido solo liberales. También conservadores, gente de la izquierda democrática, maestros, empresarios, luchadores sociales, sindicalistas, estudiantes. No han sido miles, pero da gusto saber que después de tantos desgastes, de tantas veces perseguir infructuosamente lo que en mi caso ha sido una quimera, haya tantos que aún me tienen cariño, confianza, solidaridad. ¡Qué emoción!

En circunstancias diferentes a las que tengo, seguramente lo hubiera pensado. Humanos somos, diría alguien, sujetos a tentaciones y ambiciones, tan explicables en el campo de la política. Pero en esta oportunidad no es posible, porque debo cumplir con responsabilidad el encargo que me confiaron mis paisanos.

Adquirí con Santander y los santandereanos un compromiso inclaudicable. Debo gobernar hasta el final del período y ejecutar plenamente el programa que ofrecí durante la campaña electoral, plasmado en un Plan de Desarrollo que fue escogido como el mejor de Colombia. Voy bien, pero tendré que ser cada día mejor, más eficaz, eficiente, útil, realizador. Y demostrar que los políticos somos serios, responsables, ejecutivos, honrados.

Mil gracias. La política es dura, difícil, a veces ingrata. Pero tiene satisfacciones. Seguiré en la política, claro, pero ahora tengo definida una responsabilidad en Santander. Y debo cumplirla. Además, sé que hay quienes pueden representar mis ideas, y triunfar, creyendo en la paz y ampliando la democracia.

Empezó en serio la campaña política. El año entrante tendremos elección de Congresistas y Presidente de la República. O Presidenta, pues varias mujeres han manifestado su intención de postularse, lo cual es una edificante manifestación de pluralismo. Con esta notable noticia, la consulta liberal, los planteamientos del Polo, la discusión interna en el Partido Conservador sobre si van o no con candidato propio, la incertidumbre sobre lo que hará Cambio Radical, la reciente postulación del Partido de la U y el referendo reeleccionista, comenzó el proceso electoral, que promete ser interesante.

Lo será en la medida en que se aprovechen las elecciones para debatir amplia y públicamente los temas que inciden en la vida de los colombianos: el acuerdo humanitario y la paz, la democracia, la crisis económica mundial, la economía, la recesión, el desempleo, la desigualdad y la pobreza, las relaciones internacionales, la justicia, la parapolítica, el TLC, la educación, en fin, los aspectos prioritarios de la múltiple agenda nacional.

Un proceso eleccionario es la gran oportunidad que tiene toda sociedad democrática para examinar de fondo en qué está, para donde va, cuáles son sus problemas agobiantes, cuales las soluciones, que perspectivas tiene en el futuro, cuales son los mejores caminos para crecer, progresar y lograr bienestar. Y quien o quienes, en la Presidencia y en el Congreso, representan posibilidades válidas de mejoramiento. Es la ocasión más apropiada para que los Partidos se consoliden y logren credibilidad, y sus líderes impacten a la comunidad con análisis y propuestas.

Un tema infaltable en la discusión debe ser el de la descentralización. En la Constituyente se debatió ampliamente al respecto. Conclusión general fue la de fortalecer lo local, dar solidez institucional a los departamentos, crear la posibilidad de tener regiones y provincias y brindarle al país un nuevo ordenamiento territorial. Se aprobó la elección de Gobernadores, se entregaron competencias y, entre varias importantes decisiones, se dispuso que las Entidades Territoriales tuvieran participación en los ingresos corrientes de la nación. Había buen ánimo y compromiso. Y Colombia alcanzó a ser señalado como un Estado descentralizado, ejemplo en América Latina.

Pero se perdieron el entusiasmo y el compromiso. Vivimos un proceso de recentralización, nada conveniente. Se recortaron las llamadas transferencias y cada día que pasa son menores las atribuciones de los gobiernos locales y seccionales, mayores los trámites ante el poder central, y el ámbito de las definiciones sobre aspectos muchos que debían asumirse en los territorios han vuelto a corresponder a la órbita de lo nacional.

Es hora de un debate a fondo sobre la descentralización. Ningún momento más apropiado que el de la política y las elecciones. Muchos creemos que es necesario corregir el rumbo en esta materia, partiendo de un examen sobre la forma como se han aplicado los mandatos constitucionales y estableciendo las conveniencias del momento. El mundo avanza hacía las autonomías y el federalismo. No vaya a ser que en este aspecto también nademos contra la corriente.

La elección de Alberto Fujimori como Presidente del Perú fue un verdadero palo. Ni siquiera su contrincante y virtual ganador, el famoso Vargas Llosa, había considerado esa posibilidad. Cuando días antes de la fecha electoral Fujimori comenzó a figurar en las encuestas con una importante intención de voto, el escritor ni se había percatado de su existencia.

De ahí en adelante todo fue color de rosas para el nuevo Mandatario. El pueblo lo rodeó con alegría y su lucha contra la guerrilla y el terrorismo fue acogida fervorosamente. Sendero Luminoso empezó a apagarse y sus máximos cabecillas fueron abatidos o encarcelados, entre ellos el denominado “Presidente Gonzalo”. Para lograr la pacificación apoyó sin vacilaciones las llamadas “rondas campesinas”, una especie de paramilitares que hacían “limpieza social” y apoyaban al gobierno con alborozo.

Fujimori rompió con el tradicionalismo político y abrió posibilidades a nuevas expresiones partidistas. Eliminó al Congreso de la República para instalar en las curules legislativas a sus seguidores y se enfrentó resueltamente a la Corte Suprema de Justicia, hasta que logró sustituirla. Con avasalladores procedimientos pudo ubicar en las responsabilidades más importantes del sector público a sus incondicionales. Su poder se hizo inmenso y nadie le ganaba en las encuestas de opinión.

Como su popularidad crecía cada día, hizo lo necesario para que se reformara la Constitución Nacional y poder aspirar a la reelección presidencial. Lo logró y el pueblo lo apoyó resueltamente, hasta el punto de ganar en primera vuelta. Reelegido, encontró la manera de interpretar a su favor una norma constitucional, para buscar por tercera vez la Presidencia. A pesar de que se dio en el país una gran discusión sobre la legalidad y la conveniencia de esta nueva aspiración, el pueblo lo eligió nuevamente. Todo indicaba que se perpetuaría en el poder.

Pero vino la destorcida. Se conocieron muchas equivocaciones en el mando, los errores gubernamentales fueron creciendo, se supo de arbitrariedades y de abusos, se descararon muchos de sus funcionarios corruptos, las quejas sobre violaciones a los derechos humanos trascendieron las fronteras peruanas, los opositores fueron perseguidos y gravadas sus conversaciones telefónicas y se descubrieron las perversidades de Montesinos, su fiel servidor en el servicio secreto, una especie de DAS de los peruanos.

Como el que la hace, la paga, Fujimori terminó escapándose de su País y renunciando a la Presidencia.

Hoy, el héroe de ayer está preso y acaba de ser condenado a 25 años de cárcel, convicto de abusos y de atropellos, de complicidades en asesinatos, de indeseables comportamientos. De santo en el cielo, pasó a ser villano en el infierno.

El poder público exige ponderación y respeto al ordenamiento jurídico. En una democracia “el fin no justifica los medios”. La denominada “razón de Estado” no tiene cabida en un Estado de Derecho. Y es cierto que “el poder absoluto, corrompe absolutamente”. Fujimori en la cárcel, reo de violaciones y de abusos, es motivo de tranquilidad para las democracias latinoamericanas.

El Presidente Uribe le propuso a las Farc iniciar en Semana Santa una tregua por cuatro meses, que permita el inicio de un nuevo proceso de paz. La noticia ha generado toda clase de reacciones, dado que el Gobierno ha preferido en los últimos seis años la mano dura de la seguridad democrática y no el corazón grande de la negociación. Lo dos mandatos del Presidente Uribe han sido una larga apuesta por la derrota militar y política de las Farc. La verdad es que se han logrado buenos resultados.

Nada se ha dejado al azar. El Gobierno ha sido reiterativo en su estrategia de guerra total contra las Farc. No en vano fue el principal aliado de George W. Bush en la cruzada mundial contra el terrorismo y su postura es vista por algunos estrategas militares como el paradigma de lo que se debe hacer con un país en épocas de guerra. Colombia y no Irak es el modelo a seguir que recomiendan los expertos en Afganistán.

La reciente propuesta del Presidente Uribe tiene que entenderse en el contexto de un nuevo escenario internacional marcado por el fin del discurso de lucha contra el terrorismo en los Estados Unidos, y una estrategia interna de acercamiento a las nuevas realidades políticas y paradigmas sociales. Si desde la Casa de Nariño se habla de paz es quizá porque se ha entendido que llegó el momento de cambiar de carril y hacer un giro hacia el centro.

Dados los antecedentes es bueno contextualizar el momento que vive Colombia, marcada por la crisis económica, la incertidumbre política, la zozobra ante el crecimiento de la inseguridad y el auge del narcotráfico. La paz siempre surge como una esperanza, un anhelo colectivo. Para el Ejecutivo hoy es más rentable, políticamente, hablar de tregua y diálogo que de guerra total, enemigos internos y terroristas. A muchos colombianos nos parece correcto el objetivo de la paz. La Iglesia Católica marcha en ese sentido.

Las Farc han sido refractarias a los llamados del Presidente Uribe. Los golpes militares del gobierno, sin embargo, duelen en la moral de las tropas revolucionarias, que soportan el embate oficial. Los jefes insurgentes no están dispuestos a negociar con Uribe sin haber alcanzado primero el Acuerdo Humanitario, que es un tema de honor del Secretariado General, mucho más después de la Operación Jaque.

Las Farc han optado por el diálogo epistolar con Colombianos por la Paz. Para ellas el modelo del Alto Comisionado para la Paz está agotado. Por eso han recrudecido sus operativos militares. No es derrotados como esperan llegar a una mesa de negociaciones.

Dada la magnitud del conflicto y sus altos costos para el país, bien harían las Farc en cogerle la caña al Presidente Uribe. Decretar una tregua unilateral, que debería dar paso a una agenda de cambios profundos en la manera como se entiende el conflicto armado. Necesitamos una tregua santa para salir de este víacrucis.

Oficialmente la guerra contra el terrorismo se volvió un término obsoleto en el lenguaje de Washington. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, acaba de hacer el anuncio oficial a diez mil pies de altura, mientras se desplazaba a La Haya.

Semejante noticia tiene enormes repercusiones internacionales y su coletazo se sentirá en Colombia, en donde la guerra contra el terrorismo ha marcado la agenda interna y externa durante los últimos años. No en vano, la seguridad democrática ha esculpido la política electoral y validado el cambio de uno que otro articulito de la Constitución.

Era hora de que el Presidente Obama diera ese enorme paso, previsible desde su triunfo en las urnas. Con la excusa de la guerra contra el terrorismo y de la mano de Bush, el mundo entró en la peor etapa de retroceso de las libertades democráticas. Los derechos individuales fueron reprimidos y un Estado, paranoico y retardatario se apoderó del destino de los ciudadanos.

Los atentados del 11 de septiembre sirvieron para derrumbar las Torres Gemelas en Nueva York, ante los ojos de los televidentes, pero también, para derribar cualquier dique que impedía que se entronizara una sociedad policiva que convertiría a todo ser humano en sospechoso.

El lenguaje de la guerra contra el terrorismo anuló las posibilidades del disenso. Y de la oposición. O se estaba con el Presidente y el Estado o se era amigo de los terroristas. No había espacio para controvertir, ni para pensar. Solo para obedecer. Cualquier persona que se atreviera a dudar de la validez de la guerra contra el terrorismo era un terrorista. Intelectuales, periodistas, sindicalistas, líderes de las minorías, políticos de izquierda, todos quedaron reducidos. Cada palabra podría ser empleada como cabeza de proceso criminal o de traición a la patria.

Gracias a Obama el mundo ha dado un radical giro. Pero las huellas de esa guerra contra el terrorismo, que llevaron a Bush a invadir con mentiras a Irak y a entronizar el poder de las grandes corporaciones, sigue produciendo asco. Y vergüenza a quienes sostuvieron ese régimen de mentiras y traición a la democracia, a la Constitución y al pueblo.

En Colombia se sentirá ese drástico y esperado cambio en la agenda mundial. Sus efectos hacen predecir menos dinero para el Plan Colombia. Y más recursos para luchar contra el hambre y el atraso. No hablar más de la guerra contra el terrorismo dará paso a una agenda más abierta a la integración, los consensos, el diálogo y la cooperación, con un sistema de Naciones Unidas revalidado y respetado.

Obama está pintando un nuevo mundo. Sus socios en nuestro continente son otros. La Casa Blanca es visitada hoy por quienes antes los halcones de Washington consideraban perfectos idiotas latinoamericanos. Y los aliados de antes esperan una tarjeta de invitación para recibir el nuevo manual del pacifismo y la solidaridad. Así es la real polítik.